Fernando Castillo, presidente de la Sala Cuarta sobre el proyecto 20580 y su resolución explica que ellos: ven primero admisibilidad, luego ven el fondo.
La postura del tema se discute y luego se vota. Habla de consensos en la discusión de la consulta de los diputados.
Para la Sala, dice Castillo de acuerdo al magistrado Rueda, nunca debió consultarse la afectación al Poder Judicial porque ellos pueden fijar su política salarial, realizar su evaluación y garantizado el 6% del presupuesto nacional.
Sobre otros temas el magistrado Castillo se refiere a armonía entre principios constitucionales en el Estado Social de Derecho; habla del equilibrio financiero del ESTADO entre gastos e ingresos como elemento central para no generar déficit fiscal. La SALA acepta la imposición de ese principio como prioridad sobre la prestación de los servicios sociales del Estado.
Castillo no conoció las consultas de los 28 diputados en algunos puntos sobre la constitucionalidad del proyecto por ser una afirmación de los diputados de que no es inconstitucional el proyecto. Sobre los vicios de procedimientos la Sala lo rechaza por decir que hubo firmas repetidas de los diputados. O sea, si había vicios, pero lo omitieron.
Admite Castillo se puede presentar una acción de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano contra el proyecto; si cumple con los requisitos. Ahí ya deja fuera casi al 90% de la población ya que no es cualquier persona que puede presentar dicho recurso.
El otro punto que es evidente, según mi criterio, es de que vale presentar un recurso ante un grupo de magistrados que fallan un proyecto de ley desde una perspectiva económica más que legal.
En pocas palabras lo que estoy diciendo es que los magistrados están para emitir los que serían criterios legales ya que su fuerte es el DERECHO. Por el contrario, uno podría esperar de un experto en Ciencias Económicas los criterios que emitieron estos señores de la Sala Cuarta con el argumento único de mantener el equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado.
Es decir, los magistrados de la Sala Cuarta al unísono se han convertido en asesores económicos de Carlos Alvarado en Casa Presidencial y de Carolina Hidalgo como la presidente PAC en la Asamblea Legislativa.
Esto yendo más profundo implica que la línea entre la división de poderes que existía en la democracia moderna ha desaparecido para el siglo XXI.
Las reglas actuales del juego es que los empresarios mandan al presidente de la República; este a su vez pone una persona servil de su partido al frente de la Asamblea Legislativa y de esta forma se garantiza controlar al Parlamento. A su vez su peón servil en el Parlamento se encarga de nombrar los magistrados en las plazas del Poder Judicial que le garantice realizar sus movidas estratégicas.
Es así como magistrados recién nombrados y a la carrera se pliegan a la decisión que ocupa el presidente de la República y los diputados. Así es también como podría suceder que algunos Fiscales Generales pierdan expedientes; escondan o desaparezcan pruebas; impidan o retrasen investigaciones claves y así reina la impunidad en el país.
Esto no es nada nuevo. Al día de hoy Oscar Arias fue presidente de la República dos veces porque hubo magistrados de la Sala Cuarta que dijeron que la Constitución Política se aplica diferente para usted y yo a este señor.
Es esa misma Sala Cuarta la que dijo que el TLC no tenía nada de inconstitucionalidad y se podía aplicar para mejora el país.
Y es de ese Poder Judicial de donde salen fiscales como Celso Gamboa y Jorge Chavarría que no hace falta recordar su carta de presentación.
Sobra hablar de una ministra de Hacienda que se niega a dar el nombre de los grandes evasores; de un ministro de Educación que amenaza y es incapaz de dirigir al MEP y no hay nada que decir del señor Carlos Alvarado quien con un apoyo popular de un 4% le vale un carajo la opinión del pueblo y fue de frente a golpear a los gremios y las familias más pobres del país.
Por su parte Rodolfo Piza sale hoy en medios, como el más cínico mentiroso, hablando del Gobierno de unidad nacional, transparente, abierto al diálogo, que escucha y pide apoyo a los gremios en unidad nacional. Peor farsa no puede haber y lo peor repite que somos saboteadores y casi terroristas.
Así en un país donde parece en pocas horas todo se va al carajo y donde el pueblo mañana va a lamentar la inacción de hoy uno sigue esperando ese milagro social del pueblo oponiéndose al Gobierno y de una Costa Rica diferente donde el Gobierno no sea el enemigo del pueblo.
Ya esto dejo de ser aquello de que el rico pague como rico para convertirse en la corrupción e impunidad e irresponsabilidad política para abrir las puertas de este país al negocio público de lo que sea.
Todo está en venta acá, empezando por las conciencias, todo lo demás es más fácil de comprar.
Al fin ya dirá el tiempo quién miente más si la intuición del pueblo o el político que se vende al capital.
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