El Estado Costarricense desde la fundación de la segunda República, ha sido siempre promotor y garante de la educación, como instrumento facilitador de la generación de riqueza y la movilidad social. Tan es así que: algunos de los más preclaros pensadores y reformistas del último siglo consagraron en la Carta Magna la inversión digna del 8% del Producto Interno Bruto en educación. Llevamos nuestro ejército a las aulas. Cada año el estado facilita la educación primaria y secundaria gratuita, y obligatoria por mandato constitucional para los costarricenses. Y también dedica casi el 1,5% de esta porción del PIB a la educación superior universitaria. Producto de este esfuerzo el 98% de nuestra población sabe leer y escribir. La inmensa mayoría de ciudadanos costarricenses tiene un nivel de alfabetización muy superior a la media latinoamericana y contamos con una mano de obra altamente calificada. Costa Rica es el único país de la región que tiene un satélite orbitando el planeta con fines de investigación, y además somos referentes en el mundo en materia de educativa.
Gracias a esta visión tan acertada, de invertir importante cantidad de recursos en: cultura, educación y capacitación de la fuerza laboral, los últimos años la economía ha migrado del modelo agroexportador hacia la venta de servicios, propiciando la indexación del país al sector externo, los mercados internacionales y las transnacionales. Este conjunto de factores favorece la demanda de profesionales altamente calificados que, pese a todo el esfuerzo e inversión, la Educación Superior Pública es incapaz de satisfacer por sí sola. Debido a ello el modelo académico de Educación Superior Privada acompaña los esfuerzos estatales en la profesionalización de la fuerza laboral nacional. De otra manera, la carencia de formación académica se hubiese tornado en un lastre para nosotros, quienes requerimos contribuir con sustento de nuestros hogares y que además tenemos el deseo de educarnos. Esta oportunidad nos permite satisfacer las necesidades básicas, poder contribuir con la economía y más importante aún, mejorar nuestro Índice de Desarrollo Humano a través de la educación.
Dada esta referencia estos planteamientos, el impuesto a la educación no sólo es contrario al mandato constitucional y la tradición costarricense de favorecer la educación por encima de todo, sino que genera como todos los tributos un desincentivo a las clases sociales con menor capacidad adquisitiva. Gravar la Educación Superior Privada en lugar de declararla de interés Nacional, convierte el Estado y los legisladores en detractores de la educación nacional.
No se trata de las universidades privadas, se trata que hoy la oferta pública de educación, no responde a la realidad económica de la mayoría de los usuarios del servicio educativo y la demanda del mercado laboral, en las dimensiones y en los plazos que este requiere. Antes de gravar la educación privada hablemos en cifras, y siempre en materia de educación el 70% de los docentes provienen de universidades privadas. La educación superior privada duplica en cantidad de títulos (28.000) a las universidades estatales (14.000) y ende el número de estudiantes atendidos.
Como persona joven, con deseos de superación y altas aspiraciones profesionales, como alguien que tiene la convicción de convertirse en una persona culta y educada pero que además tiene el honor de contribuir con los gastos de mi familia, me es imposible acceder a la educación superior mediante la oferta pública ya que ésta es menos amigable en horario y jornadas que la oferta privada.
Datos del Consejo Nacional de Rectores revelan que las universidades públicas contribuyen al Mercado Laboral con al menos 11 mil profesionales por año, de los cuales el 58% se dedicaron únicamente a estudiar para obtener su título, porque se encuentran en los estratos de mayor ingreso familiar de la sociedad costarricense. Mientras que el 42% restante, menos privilegiado; también tuvo que contribuir con los gastos de sus hogares y estudiar a la vez. Entonces poner impuestos sobre la educación privada va en detrimento de la clase trabajadora, quienes frente a la incapacidad del aparato público de cobijar dentro de sus pasillos toda la demanda educativa, recurre a la oferta privada para satisfacer su demanda de formación y conocimiento. Misma que de no tener alternativas educativas podría caer en la informalidad laboral o realizando actividades ilícitas para ganarse el sustento, condenadas vivir al borde de la miseria o bajo la línea de pobreza.
En lugar de poner un impuesto a la educación y desfavorecer a una enorme población joven y trabajadora, que invierte gran cantidad de sus ingresos en mejorar su perfil profesional; invitamos a las autoridades a intervenir esfuerzos y legislar en función de la autonomía del CONESUP, para mejorar la eficiencia y la competitividad de la oferta privada y que ésta no se vea restringida por la incapacidad de la administración en la fiscalización de los entes privados. Exhortamos al gobierno a mejorar los mecanismos de recaudación a disminuir gasto público y hacer más eficiente el uso de los recursos antes de grabar uno de los más preciados pilares de la movilidad social, la Educación Superior Universitaria privada.
En lugar de gravar la educación, que es un instrumento clave para la movilidad social y pilar fundamental del desarrollo humano. En aras de mejorar la calidad de vida, propiciar la mejor y más eficiente distribución de los recursos, exhortamos a los señores diputados a convertir parte del FEES o los recursos no ejecutados por parte de CONAPE, en bonos de educación canjeables por los estudiantes, quienes de acuerdo con sus necesidades e intereses, puedan matricular en la universidad que a su gusto contribuya mejor en su formación académica. Para que de esta manera los estudiantes seamos capaces de elegir donde cursar nuestros estudios superiores.
Gravar con el impuesto al valor agregado a la educación superior sólo viene a minar el camino de quienes buscamos crecer profesionalmente, desincentiva el estudio a la principal veta de estudiantes universitarios como lo revela el Estado de la Educación en Costa Rica, por si fuera poco, resta capacidad adquisitiva a las clases con menores ingresos y que acuden a la educación privada como la respuesta a su necesidad de educación. El IVA se constituye en un deterioro del bienestar de los costarricenses que hoy estudian en universidades privadas, implica también una limitante para la competitividad del país y restringe el crecimiento económico del mismo, distorsiona el precio y lesiona el derecho fundamental a la educación, consagrado en nuestra Constitución Política.
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