Costa Rica, desde los albores de su vida independiente, apostó por la educación. Las primeras Cartas Políticas dejaron establecida una preocupación primordial por educar a este pueblo y los gobernantes costarricenses de todos los tiempos han priorizado este objetivo nacional. En mayor o menor grado, los presupuestos asignados a la Educación han superado con creces, todos los demás rubros que nuestro Estado ha venido atendiendo con el pasar de los años. Muy recientemente se nos ha informado públicamente que Costa Rica presenta un gasto-inversión en educación de los más altos del mundo, en proporción a su población y a su desarrollo. Lo anterior no nos sorprende, pues con solo acudir a la Constitución Política en su Título VII “La Educación y Cultura” a partir del artículo 78, nos refiere el que el país asigna a este rubro no menos del 8% anual del producto interno bruto de acuerdo con la ley.
El impulso a la educación ha sido una apuesta acertada que ha permitido diferenciar positivamente el desarrollo nacional dentro de una visión democrática de su sistema político y en consonancia con un desarrollo social, económico, cultural y ambiental, orientado a resaltar valores y comportamientos, sustentados en los esfuerzos que la educación hace desde las primeras etapas del crecimiento. Ha sido a través de un proceso integral de educación de la población nacional, desde la etapa preescolar hasta la universitaria, que se ha logrado obtener y desarrollar, las herramientas para el desarrollo de la persona y la sociedad en todos los ámbitos.
El Programa Estado de la Nación, desde hace varios años nos viene advirtiendo del verdadero estado de la educación en el país. Recientemente se presentó el último informe al respecto.
Desde las más altas autoridades del Gobierno, del Ministerio del ramo, de las universidades públicas y privadas, pasando por la cooperación internacional existente y arribando a los educadores y educandos, todos hemos de hacer un alto en el camino y revisar lo que estamos haciendo en esta materia. Me parece de extrema urgencia realizar un amplio examen sobre los recursos humanos empleados en la educación, su calidad humana y profesional, su formación y experiencia, para asignarle tan relevante misión. Del mismo modo, urge determinar el uso de los recursos económicos y materiales en la educación en general, así como la utilización de las herramientas tecnológicas que nos ofrece la ciencia desde hace años.
Es alarmante que el Estado de la Nación, de manera clara, advierta de un incremento constante en la cantidad de profesionales en la educación que nutren el mercado, frente a una calidad en los mismos que no es congruente con las exigencias del momento. Es decir, no es satisfactoria la calidad de la educación ni de los profesionales respectivos. Por eso se destaca que la mejora de la calidad profesional docente debe ser una prioridad de la política educativa.
De dicho informe, entre muchas observaciones puntuales que sustenta, destaco de mi interés lo siguiente:
“El sistema ha operado “de arriba hacia abajo”, con una jerarquía que aprueba y gestiona políticas nacionales sin saber lo que ocurre en las aulas, ni medir el impacto de sus lineamientos sobre las prácticas docentes. Entre las autoridades técnicas y políticas, por un lado, y la realidad de los salones de clase, por otro, se ha erigido un “muro de separación” que impide enlazar de manera efectiva los objetivos de la política educativa con los procesos de aprendizaje.”
Con relación a la calidad de los profesionales que atienden la educación de niños y jóvenes, el Informe indica:
“Hoy el problema principal es que, en la práctica, esa formación no es sinónimo de calidad profesional. Es preciso lograr mejoras rápidas en este ámbito. Desde esta perspectiva, la situación imperante preocupa. Más del 50% de los docentes en servicio se graduó en universidades privadas, en carreras no acreditadas y de calidad desconocida. Por su parte, el MEP no cuenta con mecanismos que le permitan seleccionar y contratar a los mejores profesionales, ni saber si los educadores ya contratados tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para aplicar con éxito los programas de estudios”.
La riqueza del informe nos obliga a señalar algunos otros de sus señalamientos, como lo es trasladar hacia una gestión por resultados, centrada en el aprendizaje de los estudiantes, así como volcar la atención también en la evaluación de calidad y transparencia de la educación superior, que es de donde salen quienes atienden a la educación de los costarricenses.
Este importante asunto, vital para el desarrollo nacional, exige de las autoridades competentes las programaciones y acciones correspondientes.
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