El pasado 8 de agosto en un fallo histórico y necesario, la Sala Constitucional decidió que el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que prohíbe el matrimonio igualitario, es inconstitucional “por violación al derecho constitucional y convencional a la igualdad”.
Para cumplir con esta disposición los magistrados dieron al Congreso un plazo de 18 meses, en los que deberían -si no fueran en su gran mayoría conservadores- adecuar las leyes complementarias para que el acceso a esta figura jurídica por parte de parejas del mismo sexo no tenga inconvenientes. Esto no va a suceder, pero, aun así, vencido el tiempo, el 26 de mayo de 2020 se podrán casar.
Cabe recordar un fragmento del voto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz:
“Debe romperse el círculo vicioso de discriminación y exclusión cultural y jurídica que se ha impuesto a los homosexuales y lesbianas, no se le ha dado pleno reconocimiento a su dignidad y su condición de personas, ha imperado la indiferencia, la exclusión, el prejuicio, la inhumanidad, provocando una inaceptable marginación jurídica y política”.
Pero ¿significa este voto mayoritario necesariamente que terminará la discriminación hacia la comunidad LGBTI en el país?
Ubiquémonos. Costa Rica es increíblemente un Estado confesional, el único que queda en pie en Occidente. Es un país, además, latinoamericano, que pudiera ser sinónimo de conservador. El continente está impregnado aún de sociedades machistas, heteronormativas y hostiles con esta población. Persisten crímenes de odio, sobre todo hacia la comunidad de mujeres trans, que apenas tiene una esperanza de vida de 35 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los ticos rechazan el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Una encuesta de inicios de año del CIEP- UCR registró que un 33% estaba a favor de la resolución de la Corte IDH relacionada a esta temática, mientras que un 67% estaba en contra.
Ejemplo de lo anterior es que, durante la campaña electoral, de febrero a marzo, el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) registró 32 casos de violencia por orientación sexual, lo cual enciende las alarmas y desmitifica la tolerancia del tico.
Es falso que se debe esperar a que las sociedades ‘estén preparadas’ para otorgar derechos a la comunidad LGBTI, porque son eso: derechos, sobre los cuales no debe decidir una mayoría.
También es falso que con la decisión de la Sala desaparezca todo vestigio de discriminación. No, la discriminación desaparecerá después de años de una política pública efectiva que eduque a las personas desde sus primeros años de vida, que cuente la historia de los años 70 y 80, que enseñe que el acceso a derechos por parte de gays, lesbianas, trans, no le resta a nadie, sino que dignifica a una sociedad y la pone a la altura de los nuevos tiempos.
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