En los días recientes, producto de la crisis global generada por el virus COVID-19, sectores políticos de la sociedad han planteado la necesidad de defender y fortalecer el Estado Social de Derecho; haciendo referencia al conjunto de instituciones que ajustaron su quehacer diario a atender las necesidades y directrices del Ministerio de Salud. En especial, llama la atención cómo no se diferencian los términos de fortaleza estatal y tamaño estatal, cayendo entonces en una falacia de equivalencia al equiparar conceptos con implicaciones distintas.
La semántica en el juego político posee una gran importancia. Es por medio de los significados que los actores políticos emiten una carga valorativa a un objeto. En este caso, al equiparar conceptos como tamaño y fortaleza, se definen una serie de prácticas implícitas para la adquisición de un fin. Se genera entonces una equiparación por medio de una supuesta relación causal entre el tamaño y la fuerza del Estado; a mayor cantidad de instituciones, a mayor alcance, a mayor regulación, a mayor injerencia, etc; habrá una mayor fortaleza institucional.
En este sentido, desde una perspectiva keynesiana totalmente desfasada, se pretende mantener una estructura burocrática independientemente de las capacidades financieras del Estado. Actualmente hay 330 instituciones públicas, muchas que ejercen duplicidad de funciones, lo cual inflan el nivel de gasto que genera el Estado. Aunado a esto, poseemos una serie de monopolios que han pasado factura a la productividad del país encareciendo productos y servicios. En particular, llama la atención de FANAL, institución que ostenta el monopolio en la producción de alcohol y guaro en el país.
La Fábrica Nacional de Licores se funda en 1850 y se le asigna el monopolio en la fabricación de alcohol etílico y bebidas destiladas con el fin de proteger a la población de las impurezas de bebidas de baja calidad que ponían en riesgo la salud de los consumidores. Hoy, este monopolio no sólo resulta anacrónico e innecesario, sino que perjudica la oferta en el mercado de productos como alcohol antiséptico en momentos donde más se requiere dadas las medidas de prevención de contagio contra el coronavirus. Recientemente se dio a saber por medios de comunicación que Laica posee cerca de 6 millones de litros de alcohol en espera, pero que por la ineficiencia institucional de FANAL, estos no pueden ser procesados como desinfectantes y demás productos antisépticos. Como si fuera poco, FANAL maneja deudas cercanas a los 17 mil millones de colones, que sumados los intereses proyectados aumenta considerablemente a 63.000 millones de colones. No es de sorprender si se considera que el 40% de sus ingresos son destinados al pago a otras entidades públicas.
Dada la gravedad de la crisis económica se avecina, considerada por el FMI como potencialmente peor a la crisis del 2008, se requieren de acciones estatales apegadas a su realidad financiera. Resulta imperativo generar una reforma estructural del Estado que reduzca su exceso de peso burocrático y potencie aquellas instituciones esenciales en reactivar la economía del país. Se deben abrir los monopolios que ostenta el Estado para dinamizar la economía con mayor participación privada. En particular se trata de una serie de esfuerzos articulados que permitan derribar mitos fundacionales del Estado empresario en un momento donde lo que se requiere es eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Hace 13 años nos decían que abrir el mercado de los seguros y las telecomunicaciones pondría en riesgo al ICE y al INS. Hoy ofrecen servicios bajo una perspectiva de empresa privada, capaz de competir con empresas extranjeras y generando una mayor oferta para que sea el consumidor quien decida cuáles productos se ajustan más a sus necesidades.
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