Ciertamente es una responsabilidad ejercer el derecho al voto en cualquier país del mundo, pero lo es aún más en el nuestro. ¿Sabrán tantas personas en Costa Rica la importancia actual e histórica que eso tiene? Efectivamente, el ejercicio del poder político debe estar orientado por la voluntad soberana del pueblo y las necesidades y demandas que existan en el presente. Ahora bien, el Estado costarricense ha trazado un modelo jurídico de Estado Social, Democrático y de Derecho y las garantías constitucionales y legales alcanzadas a través de luchas políticas, civiles, sociales y ambientales merecen ser no solo respetadas sino además ampliadas.
En ese sentido, tenemos una mayor responsabilidad política pues el ejercicio del voto debe ser más y mejor pensado. Así las cosas, debemos cuestionar con detalle el quehacer político y las propuestas partidarias que se presentan de cara a la campaña electoral y más allá de únicamente ejercer el sufragio involucrarnos en los espacios de participación política y ciudadana a través de los Concejos de Distrito, las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS), entre otros.
Dicho esto, mencionaré los que considero son los errores más graves de los principales partidos políticos candidatos a la presidencia de Costa Rica 2022-2026. El Partido Liberación Nacional (PLN) plantea propuestas asistencialistas (bono verde comunal, créditos), represivas (“mano dura”) e ilusorias (la propuesta de $1000 millones para Vivienda no concuerda con los presupuestos ordinarios establecidos en los Planes Anuales Operativos de FODESAF ($310 millones eliminando los rubros destinados a instituciones con montos o porcentajes a instituciones o porcentajes fijos o mínimos definidos en la legislación vigente) y del FONAVI ($15 millones) y que rondan en conjunto los $325 millones; por otro lado, el análisis programático del Programa Estado de la Nación determina que el plan de gobierno del PLN contiene un 24% de texto sin propuestas y del total de sus propuestas 844 son apenas propuestas generales y no específicas o concretas (Gómez Campos, 2021). Se ha cuestionado al partido por recibir visitas sospechosas en los despachos legislativos (igual que a diputaciones de la Unidad y Nueva República).
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tiene como pasado, una actuación incongruente con sus principios y compromisos en el ámbito legislativo y en el ejecutivo. En la Asamblea Legislativa sus diputaciones se han caracterizado por: aliarse con el Partido Nueva República y diputaciones independientes para frenar el proyecto de ley contra la usura, votar a favor de la pesca de arrastre, votar en contra de la ley de empleo público, votar en contra de una moción para conocer la ley que prohíbe la explotación petrolera, firmar una moción para posponer el matrimonio igualitario a 18 meses después de la pandemia, etc. ¿No que son muy socialcristianos? Asimismo, en el gobierno de don Abel Pacheco (2002-2006) se alcanzó un superávit fiscal de $64 millones para el primer semestre de 2007 aunque en palabras del entonces ministro de hacienda Guillermo Zúñiga implicó “una reforma tributaria sin éxito” y con un impacto social (deterioro de la infraestructura vial y transporte, vivienda, energía y telecomunicaciones, salud; con notas institucionales de 6.4, 6.7, 7.6 y 8.1); además se caracterizó por una mayor intervención estatal vía aprobación de 773 Decretos Ejecutivos (Gallardo, PEN, 2006), así como la integración de una comisión de tres ministros para que se investigara si el Ministro de Justicia había “sido desleal” con el Gobierno por cuestionar la legalidad de la concesión a manos privadas de la construcción y operación de una cárcel en la zona atlántica del país.
El Partido Liberal Progresista (PLP) propone eliminar el 10% de tributos que le generan más costo a la administración tributaria, pero conservar el 90% restantes (¿está hablando de eliminar los tributos que recaen sobre sectores con mayor riqueza? mientras concentra en Hacienda el cobro de los impuestos que generan el 90% de los recursos fiscales, como el IVA o renta), así como promesas a medias tras indicar que “valorarán una reducción en la tasa impositiva del IVA”, también busca “eliminar todas las distorsiones (diferentes escalas de un mismo impuesto) y discriminaciones (exenciones)” esto significa eliminar el escalonamiento de tributos como el impuesto sobre la renta y de este modo, los quintiles que generan más renta terminarían pagando igual impuesto de renta que los quintiles que obtienen menos ingresos, lo cual aumentaría el coeficiente de Gini y la desigualdad socioeconómica del país (que ya es alta según la OCDE). El partido pretende que el MEP otorgue avales o vouchers para subsidiar la educación privada a estudiantes que lo deseen, esto implicaría un mayor gasto público y el desfalco del ministerio. No debemos obviar su paso por la Dirección General de Aviación Civil y la sanción grave por inhabilitación para el ejercicio en cargos públicos debido a una mala función tras la aprobación de tarifas en perjuicio del Estado respecto a la concesión de Alterra en 2002 y 2003.
El Partido Nueva República (PNR) mantiene propuestas complejas en términos jurídicos y con repercusiones económicas y sociales, tales como: reducir el IVA al 9%, desarrollar un canal verde interoceánico, o bien promesas que ya están en marcha como la licitación de redes telefónicas 5G que se realizarán en 2022 y 2023 según el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022 a 2027. El partido ha interpuesto mociones al impuesto sobre casas de lujo, también al proyecto de ley que prohíbe la explotación de gas y petróleo en Costa Rica, una moción para declarar el 30 de mayo de 2021 día de oración por la salud del país (en detrimento de votar la ley para frenar aumento a los salarios de diputados-as). Se ha cuestionado al partido por recibir cuantiosas donaciones en campaña electoral y por recibir visitas sospechosas en los despachos de la Asamblea Legislativa (junto con diputaciones del PLN y del PUSC). Asimismo, según el análisis programático del Programa Estado de la Nación, el plan de gobierno del PNR contiene un 51% de texto sin propuestas y cuenta apenas con 23 propuestas con metas específicas (Gómez Campos, 2021).
El Partido Progreso Social Democrático (PSD) ha sido cuestionado por recibir financiamiento en campaña electoral de dudosa procedencia y particularmente por no querer referirse al tema de manera clara y transparente, así como por la minimización sobre la sanción impuesta al candidato presidencial en el Banco Mundial por “conductas sexuales inapropiadas”. En noviembre pasado, el partido perdió 70 miembros que acusaron al candidato presidencial de vulnerar los principios e ideales de la democracia. Por otro lado, según el análisis programático del Programa Estado de la Nación, el plan de gobierno del PSD contiene un 22% de texto sin propuestas y cuenta apenas con 7 propuestas con metas y 20 propuestas concretas (Gómez Campos, 2021).
El Partido Unión Liberal (PUL) tiene como consigna “hacer de Costa Rica un país de primer mundo”, a pesar de que en palabras de algunos de sus candidatos “pretenden ser un muro de contención para el avance del progresismo” y ser oposición a la protección de los derechos de las mujeres y las luchas sociales feministas, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, así como la tutela de los derechos de las poblaciones indígenas. Asimismo, basta con buscar en perfiles de Facebook -a quienes han sido acusados en los últimos gobiernos por delitos asociados a la corrupción: JCB y CG- y sus adhesiones políticas para percibir cuáles intereses empresariales continúan persiguiendo.
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