Nuestro país se ha constituido en una nación floreciente sobre la base de un pacto social de equidad y de cada vez mayor respeto a los derechos humanos, con aprecio a las instituciones democráticas, a las garantías sociales y ambientales. Por ello, somos reconocidos internacionalmente.
El resultado de este acuerdo social ha sido un crecimiento económico robusto por más de 60 años, acompañado de una importante inversión pública y de una extraordinaria red de servicios públicos, los cuales han permitido la movilidad social ascendente. Todo ello gracias a un sistema democrático sólido, profundamente enraizado en la ciudadanía.
Sin embargo, ese contrato muestra fisuras importantes. Hemos caído en un círculo vicioso de insuficiencia de recursos, de deterioro en la infraestructura y de los servicios públicos. Todo agravado por la dificultad para llegar a acuerdos concretos para dar respuesta a los desafíos políticos, económicos y sociales, incluyendo la imposibilidad de salvaguardar las finanzas del Estado.
Para preservar este pacto social es necesario defender la sostenibilidad de las finanzas públicas, y con ello garantizar la inversión en educación, salud e infraestructura pública. Sanar las finanzas no es un fin en sí mismo, es un medio para los objetivos de desarrollo, equidad y solidaridad que deseamos los costarricenses.
¿Cómo lograrlo?
Cualquier propuesta que se termine acordando como país, debe ser inclusiva, equitativa y progresiva; comprensiva; gradual; y suficiente.
Inclusiva, equitativa y progresiva, en la que cada uno realice el aporte respectivo para fortalecer nuestro pacto social, de acuerdo con sus posibilidades.
Comprensiva, porque debe contemplar medidas para contener y hacer más eficiente el gasto, mejorar los ingresos tributarios, fortalecer los mecanismos de financiamiento y consolidar la gobernabilidad de todo el sistema fiscal para darle sostenibilidad a las medidas que tomemos como nación.
Gradual, porque no se puede pretender resolver un tema tan amplio y complejo como la sostenibilidad fiscal en pocos meses, cuando es producto de problemas y decisiones acumulados por varias décadas.
Suficiente, porque debe permitir estabilizar la deuda pública para salvaguardar la sostenibilidad de las políticas públicas.
Recordemos que este año, el déficit fiscal se proyecta superior al 6% del PIB, por lo que es clave reanudar la búsqueda de la consolidación fiscal. Esto implica una indispensable reducción de al menos un 3% del PIB en el balance fiscal, para así estabilizar la deuda del Gobierno Central y reducir la presión adicional sobre el vegetativo gasto público.
Para ello, la estrategia debe ser integral, incluyendo el tipo de medidas que señalé anteriormente. Ejemplo de esto sería mejorar la calidad del gasto público, reasignándolo y haciéndolo más eficiente, para poder acomodar cosas que no estamos haciendo y deberíamos hacer (infraestructura, por ejemplo).
Además, respetando siempre los derechos adquiridos por los trabajadores, deberán controlarse los disparadores automáticos del gasto público, en particular el gasto en pensiones, transferencias corrientes y salarios; incluyendo especialmente la racionalización de los beneficios adicionales al salario, también denominados “pluses”.
Otro elemento es construir un sistema tributario más equitativo y eficiente por medio de las siguientes acciones: reorganizando la estructura impositiva y haciendo más eficiente y eficaz la recaudación, mediante el control estricto de la evasión y la elusión fiscal; reorganizando el proceso de gestión de las exoneraciones y la revisión de las mismas; la transformación del impuesto de ventas en un moderno impuesto sobre el valor agregado, que cubra toda la base con las excepciones que corresponda, y que tase con una tarifa suficiente para garantizar un nivel de recaudación adecuado. Finalmente la simplificación del impuesto sobre la renta, para darle más progresividad y efectividad. Todo el sistema debe procurar balancear las cargas sobre los factores de la producción, fortaleciendo la recaudación, como mecanismo para incentivar el empleo y la formalización de la economía.
Por último, es necesario fortalecer la gobernabilidad fiscal, especialmente en lo que se refiere a darle mayor transparencia a la forma en que opera el Estado, digitalizando sus procedimientos, incluyendo las compras públicas. De igual forma se debe dar la adopción de reglas fiscales pertinentes y necesarias, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y que las decisiones tomadas se conviertan en verdaderos catalizadores del desarrollo y el progreso nacional en el mediano y largo plazo.
Consolidar las finanzas públicas debe permitirnos combatir de forma más eficiente y efectiva la desigualdad, la pobreza y la discriminación, se trata de abrir oportunidades para todos y generar las condiciones que permitan mejorar la productividad y la competitividad, para lograr un crecimiento económico que beneficie al mayor número de habitantes.
Debemos darle al país una condición fiscal sana, que permita avanzar de manera sostenida y sostenible hacia una sociedad más próspera, equitativa y solidaria. ¡El momento es ahora!
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