A las diez con cincuenta y siete del viernes 1 de mayo de 2026, en la primera sesión plenaria del nuevo Congreso, el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez Bogantes, pidió un receso de treinta minutos. Bastaron para anunciar, en conferencia conjunta con José María Villalta (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Abril Gordienko (Unidad Social Cristiana), una agenda común firmada por veintiséis diputaciones. El intento de arrebatar el Directorio Legislativo al oficialismo fracasó (Pueblo Soberano lo retuvo treinta y uno a veintiséis), pero el ensayo quedó inscrito y deja pacto durmiente para los próximos cuatro años.
Conviene una observación que la prensa pasó por alto. Veintiséis diputaciones se atrincheraron en bloque el día uno. No al cabo de un mes de gobierno, no después del primer veto, no tras el primer escándalo, no tras conocer el plan económico ni el de seguridad ni el de obra pública del nuevo gobierno. El día uno. Antes de escuchar al oficialismo, antes de leer una sola iniciativa del Ejecutivo entrante, antes de sentarse en una sola comisión. Eso no es oposición vigilante. Es prejuicio institucionalizado, obstrucción preventiva con membrete republicano y abdicación del objetivo país por la mera comodidad de la trinchera.
En democracia, el elector no deposita en la urna un papel sin alma. Vota por un partido porque cree que representa ciertos valores, una orientación doctrinaria y una agenda programática. Por eso los partidos no son taxis electorales (la metáfora es de Constantino Urcuyo y describe con precisión clínica una patología nacional). La Constitución (artículo 98) los reconoce como instrumentos fundamentales de la formación de la voluntad popular, con programa, estatutos y carta ideológica registrados ante el TSE como condición misma de su personería jurídica. Y por esa identidad registrada el Estado les entrega contribución económica conforme al artículo 96 constitucional.
El pacto del 1 de mayo articula a cuatro tradiciones cuyos manuales rara vez se sientan en la misma mesa. Liberación se presenta como socialdemócrata, heredero de la Segunda República. La Unidad Social Cristiana se identifica con el humanismo socialcristiano. El Frente Amplio se ubica en la izquierda socialista y progresista. La Coalición Agenda Ciudadana se orienta al centroizquierda con énfasis ambiental. Son visiones antagónicas sobre el Estado, la economía, la libertad, la propiedad y el papel del poder público. ¿Votó el liberacionista común para que su partido quedara articulado en agenda permanente con el Frente Amplio? ¿Votó el socialcristiano conservador para integrarse en alianza con fuerzas opuestas a su tradición? Edmund Burke, en su Discurso a los electores de Bristol (1774), fundó el mandato representativo y sostuvo que el diputado debe ofrecer su juicio independiente. La Constitución costarricense (artículo 106) y la jurisprudencia del TSE (resoluciones 1847-E-2003 y 2682-E-2007) lo reiteran. Pero Burke jamás afirmó que la libertad del representante autorice la opacidad institucional del partido ni la sustitución silenciosa del programa registrado. Una cosa es la libertad burkeana de conciencia. Otra distinta es la alquimia parlamentaria que convierte el voto programático en moneda de transacción cupular.
Conviene además sacudirle el polvo a un concepto que la jerga política costarricense acuñó en 1985. Mayo Negro. Así llamamos a las ocasiones en que el oficialismo es despojado del Directorio Legislativo por una alianza opositora ideológicamente variopinta. Hubo Mayo Negro en 1985, en 2011 contra Laura Chinchilla y en 2017 contra Luis Guillermo Solís. En 2026 hubo intento, derrotado por estrecho margen. Pero el ensayo se firmó. Y conviene recordar que treinta y un años atrás, en abril de 1995, Liberación y Unidad firmaron el Pacto Figueres-Calderón con la misma retórica de responsabilidad nacional. La ciudadanía lo bautizó pronto como el Pacto de la Vergüenza. La memoria parlamentaria es corta. La del electorado, no tanto. La historia se repite (primero como tragedia, luego como farsa, decía Marx). En Costa Rica, ya como rutina.
Giovanni Sartori advirtió, en Partidos y sistemas de partidos, que los pactos contranatura erosionan la legibilidad del sistema y favorecen al outsider que los etiqueta como pacto del establishment. La paradoja costarricense es notable. Aquí no son los extremos los que se articulan. Son los antiguos polos del bipartidismo (Liberación y Unidad) sumándose al Frente Amplio para enfrentar a una mayoría oficialista populista. Bernard Manin llamó a esta fase democracia de audiencia, en la que los lazos partido-elector se debilitan y los pactos cupulares se multiplican. Aquí lo estamos viendo en vivo y en directo.
Otras democracias entendieron hace tiempo que la opacidad de estos pactos erosiona la representación. España suscribió en 1998 su Pacto Antitransfuguismo, cuya III Adenda (11 de noviembre de 2020) introdujo una nueva categoría de deslealtad democrática que conviene leer despacio. La usurpación de identidad de coaliciones y agrupaciones electorales. Colombia organizó el régimen de bancadas mediante la Ley 974 de 2005. Alemania exige que los pactos de coalición se publiquen íntegramente, palabra por palabra. Costa Rica, en cambio, ofrece a sus electores un anuncio de prensa y siete ejes parafraseados.
Cuando una fracción compromete al partido en agenda común con fuerzas incompatibles, cabe preguntar quién autorizó el acuerdo, dónde consta el acta, si se respetaron los estatutos, si se publicó el documento íntegro. No son caprichos. Son exigencias coherentes con el artículo 53 del Código Electoral, que reconoce a los afiliados el derecho a conocer todo acuerdo que comprometa al partido o a sus órganos. Hay además una dimensión que rara vez se discute. El financiamiento estatal se entrega a cada partido en función de su programa registrado. Si la fracción actúa cuatro años en bloque con partidos cuya carta ideológica contradice la propia, la contribución habría sido recibida por una oferta política que el partido renuncia a defender. La cuestión deja de ser solamente parlamentaria. Toca el bolsillo del contribuyente.
Lo más grave es el mensaje de fondo. Al elector se le dice una cosa en campaña y otra después. Se le pide votar por una identidad y esa identidad se diluye en una mesa de negociación parlamentaria. Se le ofrece doctrina y se le entrega táctica. A eso se le puede llamar habilidad política. También prestidigitación parlamentaria. En términos éticos tiene otro nombre. Deslealtad democrática. Y le sirve gratuitamente al populismo la coartada para etiquetar a toda la oposición como un saco único de comunistas, progres y añejos. Una oposición que diluye sus partidos en bloque indistinguible no detiene al outsider. Le entrega la narrativa en bandeja.
Si esa alianza es tan noble, que publiquen el acuerdo completo. Si es tan legítima, que muestren las actas. Si respeta las doctrinas partidarias, que expliquen cómo. Si es coherente con la carta ideológica registrada ante el TSE, que indiquen artículo y cláusula. Mientras nada de eso ocurra, los costarricenses tenemos derecho a llamar a las cosas por su nombre. No estamos ante simple pluralismo legislativo. Estamos ante una oposición que renunció al objetivo país antes de comenzar a gobernarlo. Estamos ante la coalición que nadie votó.