Lo que ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre de 2025 en la Asamblea Legislativa no fue un trámite más ni una simple audiencia institucional, fue la escena más nítida de un sistema que perdió la pudicia y decidió exhibir su verdadero rostro. A un presidente sentado ahí en calidad de invitado se le impuso, en la propia puerta del salón, un formato distinto al aplicado en procesos similares anteriores. Se recortó el tiempo y el rol de su defensa técnica, se le negó a su abogado intervenir con amplitud y se pretendió, con gesto solemne, que aceptara el espectáculo como si se tratara de un acto de alta República. Cuando el oficialismo reclamó el cambio de reglas y el propio Presidente advirtió que se afectaba el derecho de defensa, la respuesta fue la típica de la burocracia atrincherada, esa misma que invoca el Reglamento como si fuera dogma revelado, se presentó un derecho como simple “cortesía” y se esperó que todo el país confundiera legalismo con justicia. Frente a ese montaje, el presidente hizo lo único coherente, no se quedó a legitimar el circo bufo y abandonó un salón que había dejado de ser foro democrático para convertirse en tribunal político medieval, mientras los diputados seguían leyéndole preguntas a una silla vacía con gesto grave, sin darse cuenta de que el ridículo ya no era del ausente, sino de quienes habían montado tal la escena.
Charles de Montesquieu advertía que la libertad política solo existe cuando el poder detiene al poder. Lo que estamos viendo en Costa Rica es exactamente lo contrario, donde poderes alineados, actúan en pinza contra quien no controlan. El Tribunal Supremo de Elecciones, que debería ser árbitro, ha terminado siendo percibido por amplios sectores como un actor alineado, usando la figura de la beligerancia política con un rigor especialmente severo cuando se trata del presidente, mientras otros hacen campaña camuflada bajo protestas “cívicas” sin recibir el mismo celo sancionatorio. La Asamblea Legislativa, que desde hace años aparece en las encuestas como una de las instituciones peor evaluadas del país, se presenta ahora como tribunal moral cuando el país sabe que ha perdido la autoridad ética para levantar el dedo acusador. Y la Sala Constitucional, que juró custodiar la Carta Magna, ha escogido actuar con una selectividad que, en los momentos más críticos, equivale a un silencio cómplice frente a anomalías procedimentales que lesionan el debido proceso y vacían de contenido la separación de poderes.
Este no es un conflicto menor entre un presidente de carácter fuerte y unas instituciones supuestamente delicadas que “no toleran el estilo”. Es una confrontación abierta entre una voluntad de cambio respaldada por la mayoría ciudadana y una casta que se atrincheró durante décadas en los resortes claves del Estado. Hace tiempo que las encuestas académicas y de opinión muestran que el presidente mantiene apoyos muy por encima de lo que conocimos en los últimos gobiernos, con un respaldo que oscila entre el 52% y el 63% en las mediciones del CIEP-UCR y que alcanza el 71% en la más reciente encuesta de CID Gallup, cifras que lo colocan entre los mandatarios mejor valorados de la región. En paralelo, estudios del propio CIEP y de la Universidad de Costa Rica revelan que alrededor del 75% de la población no se identifica con ningún partido político. Es decir, el país respalda a la figura presidencial, pero repudia a los partidos que hoy controlan la Asamblea; los que sobreviven más por inercia y por sus redes internas que por verdadera adhesión ciudadana.
La fotografía es contundente. Por un lado, un presidente con apoyo ciudadano robusto; por el otro, una Asamblea en manos de partidos que la ciudadanía hace tiempo abandonó, un TSE que juega a la neutralidad de palabra mientras interviene de hecho como actor político, y una Sala Constitucional que parece más preocupada por no incomodar a las viejas cofradías que por hacer respetar el corazón de la Constitución. Hannah Arendt advertía que el verdadero peligro comienza cuando la legalidad se divorcia de la legitimidad. Eso es exactamente lo que vivimos cuando se invocan artículos, reglamentos y procedimientos para justificar, con tono de sermón sacrosanto, lo que en el fondo es una emboscada política cuidadosamente preparada. Se usa la forma para traicionar el espíritu. Se maquilla de formalidad lo que, en realidad, es un acto vil de hostilidad premeditada.
No ignoro que existen investigaciones en curso, informes internacionales que expresan preocupación por la libertad de prensa, ni advertencias sobre la escalada de confrontación institucional. Sería intelectualmente deshonesto fingir que esos reportes no existen. Pero el “timing político” de las acusaciones, la selectividad con que se activan ciertos controles y la coincidencia de todos los poderes tradicionales atacando en bloque al Ejecutivo revelan que no estamos ante controles sanos y equilibrados, sino ante una operación de LAWFARE institucional. No se trata de corregir abusos, sino de neutralizar al único poder del Estado que hoy responde más a la calle que a los “señores feudales” de siempre.
Mientras esta casta se aferra a sus trincheras institucionales, el país real sigue moviéndose. Los datos no pintan un paraíso, pero sí muestran que, en plena tormenta global y con una oposición hostil, la gestión ha producido resultados concretos. Según el INEC, en la Encuesta Nacional de Hogares 2025 el porcentaje de hogares en pobreza se redujo al 15,2% y la pobreza extrema bajó al 3,8%, luego de haber estado en 18,0% y 4,8% en 2024. Es decir, hay menos familias por debajo de la línea de subsistencia que el año anterior. La inversión extranjera directa alcanzó en 2024 una cifra histórica superior a los 4.321 millones de dólares, con un aumento cercano al 14% interanual, lo que confirma que, más allá de la gritería interna, afuera se percibe estabilidad y confianza. Son indicadores que nadie serio puede ignorar y que evidencian una paradoja incómoda para el bloque opositor: mientras las instituciones que lo hostigan son las más desprestigiadas, la economía crece, la pobreza retrocede y la inversión llega.
Algunos medios de comunicación, lejos de informar con equilibrio y objetividad, se han convertido malintencionadamente en caja de resonancia de esta ofensiva. Repiten libretos, construyen narrativas de criminalización simbólica del Presidente y de sus cercanos, editorializan disfrazando opinión de información y reciclan la misma fórmula gastada de siempre, que consiste en meter miedo, desgastar, saturar de escándalo y presentar cualquier reacción del Ejecutivo como prueba de “autoritarismo”. El problema para ellos es que la ciudadanía ya no es la misma de hace veinte o treinta años. El país observa y compara. Ve a un Presidente enfrentado a los privilegios de siempre y ve a los mismos de siempre usando la Constitución como lanza arrojadiza contra quien se atrevió a señalar la podredumbre que ellos mismos sembraron en el Estado.
El viernes 14 de noviembre, al limitar el rol de la defensa del Presidente con fundamento en una interpretación reglamentaria controvertida e inconsistente con precedentes recientes, la Asamblea Legislativa dejó claro que no buscaba verdad, sino escarmiento. El TSE, al empujar procedimientos de beligerancia política que muchos perciben más como cálculo electoral que como defensa equilibrada de la neutralidad, compromete una autoridad que tardó décadas en construir. La Sala Constitucional, al no ejercer con firmeza su papel de freno frente a esta escalada de anomalías, renuncia en la práctica a la toga de guardiana de la República y se contenta con ser observadora pasiva de una ofensiva que desfigura el espíritu de la Constitución. En lugar de tres poderes del Estado que se controlan mutuamente, tenemos un ariete institucional que opera de forma coordinada contra el Ejecutivo, aplaudida por grupos de interés que añoran los tiempos en que se repartían el país sin resistencia y a espaldas del pueblo.
Nicolás Maquiavelo escribió que los pueblos aguantan mucho hasta que dejan de aguantar. Ese es el punto al que nos están empujando quienes hoy se aferran a sus privilegios. No porque el pueblo vaya a renunciar a la democracia, sino precisamente porque está dispuesto a defenderla de quienes la usan como máscara para sostener sus intereses. La democracia no es la liturgia vacía de una comisión que cambia reglas para acomodar un linchamiento. Democracia es que el soberano, el ciudadano común, el de a pie, pueda identificar quién está defendiendo su interés y quién está protegiendo un sistema que lo excluyó durante décadas. La casta corrupta ya mostró sus cartas, usó la Asamblea como circo, al TSE como ariete “técnico” y a la Sala Constitucional como escudo pasivo. Lo que no calculó es que cada una de estas maniobras termina confirmando ante la ciudadanía que el problema de fondo no es el Presidente, sino el régimen inmoral de privilegios que se resiste a morir.
Costa Rica no necesita destruir sus instituciones, necesita desalojar de ellas a quienes las capturaron. A la Asamblea hay que devolverle dignidad con diputados que sepan mínimo algo de derecho, que entiendan bien la Constitución y que no conviertan las comisiones en tribunales inquisitoriales al servicio de su odio político. Al TSE hay que devolverle la altura de árbitro, no la pequeñez de actor alineado. A la Sala Constitucional hay que recordarle, con firmeza jurídica y política, que la omisión frente a la injusticia también es una forma de falta gravísima. El pueblo costarricense tendrá en poco tiempo la oportunidad de pronunciarse en las urnas. Allí se verá si quiere seguir sometido a una casta repulsiva que rompió el pacto constitucional mientras recitaba la palabra “democracia”, o si decide cerrarles el telón a estos actores cansados y abrir una nueva etapa donde las instituciones vuelvan a servir al país, y no al pequeño círculo que las secuestró.
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El autor es politólogo, académico universitario y ex Director a.i. del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.