En las últimas semanas hemos visto una mayor cantidad de reportes noticiosos sobre los bloqueos que un grupo de diputados ha impuesto al proyecto de Ley, que pretende establecer un régimen sancionatorio en su contra, en caso de que cometan faltas éticas.
Se trata de la iniciativa que se tramita bajo el expediente legislativo número 19.117 y que pretende agregar un párrafo final al artículo 112 de la Constitución Política de Costa Rica, con el fin de incluir en las causales de la pérdida de la credencial de diputado las faltas al deber de probidad.
El proyecto tiene menos de una página de extensión. Es una reforma simple que pretende subsanar un vacío que ha existido desde la promulgación de nuestra Carta Magna y además, cumplir con una orden de la Sala Constitucional dada a los diputados desde el año 2010. Se trata pues, no solo de un deber ético y moral, sino también legal.
El proyecto de Ley lo presentaron los diputados del Partido Acción Ciudadana el 1 de mayo del 2014, es decir, durante su primer día de congresistas en el periodo constitucional 2014-2018. Desde entonces, el proyecto ha tenido un trámite lento, empeorado ya de por sí por lo engorroso que es el tramitar una reforma constitucional en la Asamblea Legislativa y por la propia dinámica parlamentaria. Repasemos:
Cada reforma constitucional que se presenta al Congreso debe ser leída y discutida en tres ocasiones distintas antes de poder enviarse a una Comisión Especial, que se conformará con el único propósito de volver a estudiar la proposición y emitir un criterio, favorable o negativo, al Plenario.
Una vez ese criterio llegue a la Cámara de Diputados allí debe ser discutido y votado en dos ocasiones distintas, sin embargo, a diferencia de un proyecto de Ley la iniciativa no puede someterse a la segunda votación días o semanas después.
Primeramente debe enviarse a la Sala Constitucional, donde allí los Magistrados tiene 30 días para pronunciarse y luego, el Presidente de la República debe mencionar la iniciativa en su discurso del Estado Político de la Nación, el 2 de mayo, con el fin de que sea conocido para votarse en segundo debate.
A estas “alturas del partido” el que esta reforma constitucional se apruebe antes de que los actuales diputados abandonen sus cargos ya está descartada. Para ello, tendrían que darle la tercera lectura y admisión y votarlo en primer debate este mismo mes, ya que su año legislativo culmina el 30 de abril, para dar pie a la cuarta y última legislatura el 1 de mayo de este año.
Una vez superada la consulta a la Sala Constitucional, y si el Presidente de la República mencionó la reforma en su discurso del 2 de mayo, el proyecto deberá pasar a la siguiente etapa: votarse y discutirse otras tres veces en el Plenario. Si todas las votaciones son afirmativas, se aplicará la reforma.
¿Puede usted contar las veces en que un diputado ha salido en la prensa amenazando a algún jerarca con interponerle una demanda por supuestas faltas a sus responsabilidades? Seguramente no, pero la cantidad por si misma es innumerable.
Recientemente hemos visto manifestaciones descaradas de algunos diputados donde sin ningún estupor toman acciones para evitar el avance de esta reforma los días miércoles, único día habilitado para conocer reformas constitucionales pero que además, solamente sesionan en el Plenario dos horas, de las cuales una hora y treinta minutos se destinan a discusiones muchas veces estériles.
Ese saboteo reiterado viene después de que La Nación expusiera públicamente las contradicciones y el doble discurso que varias bancadas tienen con el proyecto, ya que lo apoyan ante la prensa y la opinión pública pero, en sus discusiones internas, lo torpedean de dudas.
La última joya emanada desde un parlamentario sobre este proyecto fueron las declaraciones que dio Abelino Esquivel el miércoles. “La ciudadanía de Costa Rica se comporta como la mujer agredida que el hombre viene le da y le da y entonces se cansa de golpearla, le aburre y la desecha, a los días cuando ella se recupera, está bonita, el hombre vuelve otra vez y la vuelve a engañar, ella le dice que sí y la vuelve a golpear otra vez”, dijo el diputado, mientras el resto de sus compañeros diputados guardaba silencio o simplemente ignoraba sus declaraciones.
Esquivel agregó: “Hay gente más preocupada por estos temas que por los temas que hace falta resolver en el país (…) ¿qué le vamos a resolver al país con esto? no sé”.
Pues bien, don Abelino. Precisamente un tema que hace falta resolver en Costa Rica es el poder sancionar a diputados que falten a su deber de probidad. Es un tema por resolver porque la deuda está desde 1949, se les advirtió en el año 2010 y aún así, siguen incumpliendo un mandato de la Sala Constitucional.
Ya sabemos que a varios de los diputados del actual periodo le importan un bledo los pronunciamientos de la Sala. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones: cuando aprueban presupuestos que financian gastos corrientes con deuda, cuando recortan el presupuesto de instituciones o programas sociales pese a que estos están sustentadas en algún tipo de mandato legal, cuando no destinan el 8% del PIB a la educación pública o cuando insisten en impulsar proyectos de Ley que pretenden dar concesiones en la Zona Marítimo Terrestre o la Milla Fronteriza, pese a que son propiedad del Estado y el entregarlos tiene potenciales riesgos.
¿Por qué a los diputados les importa tan poco lo que diga la Sala o que lo que aprueben riña con alguna norma? Fácil. Los diputados no son castigados si incumplen un fallo de la Sala Constitucional, aunque a un ciudadano común y corriente se le podría castigar con cárcel de tres meses a dos años.
Entonces ¿con qué autoridad moral puede un congresista levantarse, tomar el micrófono y pedir la renuncia de algún jerarca por una falta al deber de probidad, si carecen de un régimen sancionatorio que pueda hacer lo mismo en sus casos?
Sabemos que la clase política costarricense se ha caracterizado, desde siempre, por su falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, sin embargo esta reforma es absolutamente necesaria, especialmente cuando Costa Rica es firmante de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada en noviembre de 2006.
Aquellos diputados que se apeguen a la legalidad y cumplan fielmente con sus obligaciones, tal y como juran hacerlo cuando llegan a Cuesta de Moras, no deben tener ningún miedo de que esta reforma sea aprobada. Por el contrario, quienes saben que algunas de sus actuaciones podrían ser castigadas, han de temer.
La ciudadanía debe prestar atención al nombre de los diputados que siguen bloqueando esta reforma. Es hora de exigir a los congresistas coherencia y cumplimiento de sus obligaciones, pues el ejemplo que dan no es para nada bueno.
(*) El autor es periodista del El Mundo CR y encargado de la cobertura política en la Asamblea Legislativa.
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