Es difícil encontrar una institución pública que haya sido tan sistemáticamente degradada, tan profundamente despojada de dignidad y tan reiteradamente ridiculizada como la Asamblea Legislativa de Costa Rica. El periodo 2022-2026 ha resultado ser el clímax de un proceso de deterioro institucional que, aunque venía gestándose desde los años noventa, ha encontrado en esta legislatura su expresión más grotesca y descarnada. Y no lo decimos solo los analistas: lo dice el pueblo, que ha castigado a este órgano con una de las peores evaluaciones ciudadanas en la historia reciente.
Una encuesta de la Universidad de Costa Rica reveló que apenas un 4,5% de la población valora positivamente el desempeño de la Asamblea. El resto, simplemente, ha dejado de esperar algo útil de esa cueva de egos, gritos, escándalos y sesiones que se parecen más a un “vacilón institucional” que a un órgano deliberativo de altura. Es un espectáculo donde se reparten insultos con la misma soltura que se reparten tiempos de palabra. Un lugar donde lo ridículo le ganó a lo legislativo.
Los medios han documentado con precisión y hasta la saciedad los episodios de gritería, los insultos públicos, los intentos de censura entre colegas, las teorías conspirativas, las supuestas denuncias de corrupción y hasta los berrinches por perder el control de una comisión. Lo que una vez fue la sede del debate político ahora parece una mala obra de teatro con funciones diarias. La ciudadanía observa atónita, frustrada… y cada vez más alejada.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Parte del problema radica en el sistema electoral que rige la elección de diputados. Las listas cerradas y bloqueadas de los partidos políticos funcionan como una incubadora de mediocridad: se elige al que obedece, no al que representa. Se premia la lealtad partidaria por encima de la competencia técnica o la conexión con el electorado. Así, la Asamblea se ha ido llenando de personajes sin trayectoria, sin formación, sin liderazgo, y en algunos casos, sin vergüenza, actitud y condición que algunos la tienen inherente a su ser.
Tampoco ayuda la distribución desigual de escaños, que subrepresenta a regiones enteras del país. Ni la falta de incentivos reales para el estudio legislativo. Ni la existencia de un reglamento parlamentario que más bien alienta la inoperancia.
Pero no todo debe quedar en la crítica. Costa Rica tiene el derecho —y la obligación histórica— de plantearse una reforma constitucional profunda del sistema político. Y la Asamblea, como institución, necesita una cirugía mayor.
Entre las propuestas urgentes, está la implementación de un sistema electoral mixto, que combine distritos uninominales con representación proporcional. Esto acercaría al diputado con su electorado y reduciría la dependencia de las listas cerradas. También urge una redistribución de circunscripciones acorde a criterios demográficos y no políticos, y considerar incluso el aumento del número de legisladores si eso garantiza mayor diversidad y representatividad.
No menos importante es profesionalizar la función legislativa. Un diputado no debería llegar al Congreso a aprender lo básico de derecho público, economía o ética parlamentaria. El país necesita representantes preparados, no improvisadores de escándalo. Se requiere establecer requisitos mínimos más exigentes para el acceso al cargo, además de mecanismos de rendición de cuentas más claros.
Costa Rica no puede seguir soportando legislaturas que insultan la inteligencia colectiva. La Asamblea Legislativa debe dejar de ser el chiste nacional, el meme del día, la burla constante. Y para eso, no basta con indignarse: hay que actuar, proponer, y reformar.
Porque una democracia no se destruye de golpe. Se descompone poco a poco, desde adentro. Y si no lo entendemos ahora, quizás cuando despertemos ya no haya nada digno que salvar.
