La Constitución de Costa Rica nos dio dirección como nación, estableció derechos fundamentales y, quizás lo más importante, abolió el ejército, marcando un camino hacia la paz y el desarrollo; es el documento más significativo de nuestra historia. Sin embargo, vivimos en un contexto en el que lamentablemente sus limitaciones son cada vez más evidentes. Según un informe del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), el 65% de los costarricenses considera que el sistema político actual necesita reformas profundas. La Constitución necesita ser actualizada para enfrentar los retos actuales, la tecnología y permitir mayor gobernabilidad.
Un texto que fue creado en 1949, antes de la revolución tecnológica, no está diseñado para resolver temas modernos como la protección de datos, medidas de protección ante una crisis fiscal o mecanismos para la constante evaluación de la eficiencia del Estado. Costa Rica enfrenta problemas que nuestra Constitución no está diseñada para resolver. Por ejemplo, el país experimenta un déficit fiscal que ronda el 5% del PIB según cifras del Banco Central de Costa Rica. Sin un marco constitucional que limite claramente el gasto público, estas situaciones continúan comprometiendo el desarrollo económico sostenible.
Reformar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente puede parecer una idea peligrosa para algunas personas, y entiendo sus preocupaciones: abrir la Constitución permitiría cambios que pueden resultar contraproducentes. Pero, honestamente, creo que el verdadero peligro es quedarnos inmóviles. Se han intentado hacer ajustes parciales, pequeños cambios sin tocar los cimientos, pero eso es como modernizar un carro de los años 50 sin reemplazar su motor: tarde o temprano, el sistema colapsará.
Una Asamblea Constituyente nos permitiría no solo actualizar, sino rediseñar el Estado para hacerlo más eficiente y funcional. Podríamos incluir límites claros al gasto público para evitar déficits crónicos, que en 2023 representaron más de ₡2,3 billones en intereses sobre la deuda pública. También podríamos garantizar derechos modernos como la protección de datos personales, algo esencial en una era en la que el 73% de la población utiliza Internet, según el INEC. Además, sería clave la creación de un ente cuyo único propósito sea revisar periódicamente el desempeño de las instituciones públicas y proponer fusiones o cierres donde sea necesario.
También sería una oportunidad para fortalecer la democracia directa, permitiendo a los ciudadanos participar más activamente en la toma de decisiones mediante referéndums vinculantes. Países como Suiza han demostrado que mecanismos similares no solo fortalecen la gobernabilidad, sino también aumentan la confianza de la población en el sistema político.
Estoy convencido de que debemos empezar esta conversación. Costa Rica necesita una Constitución que no solo sea un reflejo de su historia, sino también una herramienta para construir su futuro. Una Asamblea Constituyente no es una amenaza; es una oportunidad para reinventarnos como nación. No podemos continuar resolviendo problemas del siglo XXI con herramientas del siglo XX.
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El autor es Bachiller en Administración de Empresas, con experiencia liderando proyectos estratégicos enfocados en la eficiencia y optimización en el sector privado. Con un gran interés en el desarrollo del país y una visión de la gestión para afrontar retos complejos.
