Desde el inicio de la campaña de Israel contra Hamás tras la masacre del 7 de octubre, la acusación de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza se ha basado en una premisa central: que las FDI atacaron deliberadamente a civiles palestinos en Gaza como parte de un plan intencionado para destruir al pueblo palestino por el hecho de ser palestino.
Los principales informes sobre genocidio siguen un patrón similar. Las escuelas se presentan como refugios para civiles; los hospitales, como instalaciones exclusivamente médicas; los periodistas, como informadores independientes; quienes buscan ayuda, como civiles hambrientos; los médicos y enfermeros, como personal sanitario neutral; y los familiares fallecidos en sus hogares y tiendas de campaña, como civiles corrientes.
Ataque tras ataque —reportados sistemáticamente por fuentes locales como acciones que solo causan víctimas civiles— se catalogan como pruebas de que Israel atacó deliberadamente a personas protegidas en Gaza. Estos incidentes se integran posteriormente en la tesis más amplia de que la única explicación razonable es la existencia de un plan nacional para destruir al pueblo palestino como tal.
Ese argumento siempre ha adolecido de debilidades jurídicas y fácticas insalvables, en particular la falta de pruebas del dolus specialis, la intención específica requerida para el genocidio. Las declaraciones de los líderes israelíes fueron sistemáticamente despojadas de su contexto, reinterpretadas de manera especulativa y, a menudo, inventadas. La acusación ignoró deliberadamente los objetivos declarados de Israel —destruir a Hamás y recuperar a los rehenes—, así como la realidad de la guerra urbana, la estrategia de Hamás de utilizar escudos humanos de forma generalizada, su vasta red de túneles, los amplios esfuerzos de Israel para evacuar a la población y mitigar los daños a los civiles, y la facilitación de más de dos millones de toneladas de ayuda humanitaria y alimentos.
Tampoco se tuvieron debidamente en cuenta acciones fundamentalmente incompatibles con la intención de destruir al pueblo palestino, como la cooperación de Israel con la Organización Mundial de la Salud para vacunar contra la poliomielitis a unos 603.000 niños de Gaza menores de diez años. No se ha ofrecido ninguna explicación convincente de por qué un Estado supuestamente decidido a destruir a un pueblo ayudaría simultáneamente a inmunizar a su sector más joven.
Además, la acusación nunca ha cumplido el criterio de la Corte Internacional de Justicia según el cual, cuando la intención genocida se infiere de un patrón de conducta, esta debe ser la única conclusión razonable que se desprenda de las pruebas. Los objetivos militares declarados por Israel y su aceptación del plan de paz de 20 puntos aportan pruebas claras de que sus acciones estaban dirigidas a destruir a Hamás y recuperar a los rehenes, y no a destruir al pueblo palestino como tal. En conjunto, estos argumentos respaldan una conclusión clara: Israel no cometió genocidio en Gaza según la definición e interpretación establecidas por el derecho internacional. Sin embargo, los acontecimientos recientes han superado cualquier debate restante.
En los últimos ocho meses, Hamás, la Yihad Islámica Palestina (YIP) y otras organizaciones armadas han publicado aproximadamente 2.500 anuncios de martirio, obituarios militares y vídeos conmemorativos en los que identifican a sus propios miembros fallecidos durante la guerra. Estos comunicados suelen incluir nombres, rangos militares y otros detalles que confirman su condición de combatientes. Al contrastar esta información con noticias, mensajes de condolencia de familiares en redes sociales y sitios web que documentan las víctimas mortales en Gaza, se revela que numerosos individuos, presentados anteriormente únicamente como civiles, eran en realidad combatientes de Hamás, la YIP y otros grupos de Gaza.
Una y otra vez, ataques descritos por autoridades locales, medios internacionales, ONG y organismos de la ONU como agresiones contra civiles o zonas civiles resultan haber acabado con la vida de operativos de Hamás o de la YIP. Ya no se trata de hallazgos aislados, sino de cientos de casos documentados que modifican sustancialmente el panorama probatorio de la guerra en Gaza. Este patrón se observa en prácticamente todas las categorías utilizadas para sustentar las acusaciones de genocidio.
La narrativa periodística ofrece uno de los ejemplos más claros de esta inversión de los hechos. Una de las acusaciones más sensacionalistas contra Israel sostenía que este atacaba deliberadamente a periodistas inocentes y ordenaba a sus fuerzas militares matar reporteros de forma masiva. Durante gran parte de la guerra, las afirmaciones israelíes de que combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina (YIP) operaban bajo la apariencia de periodistas fueron desestimadas por falta de pruebas. Hoy, esa narrativa ha dado un giro de 180 grados. Los propios grupos Hamás y YIP han reconocido que decenas de personas registradas como periodistas eran, en realidad, miembros de sus organizaciones militares. Otras pruebas sitúan esta cifra por encima del centenar, y el número sigue aumentando cada semana. Ante este creciente volumen de pruebas no israelíes, el Comité para la Protección de los Periodistas ha emprendido una revisión de su base de datos de periodistas en Gaza; se trata de un cambio notable tras haber publicado más de cien artículos criticando a Israel mientras ignoraba la práctica delictiva de Hamás de hacerse pasar por periodistas.
El mismo patrón se observa en otros ámbitos. Los ataques aéreos y las incursiones en hospitales de Gaza se presentaron como agresiones contra instalaciones exclusivamente médicas, a pesar de las numerosas pruebas de que Hamás las había militarizado. Ahora, los anuncios de «mártires» publicados por Hamás y la YIP confirman que decenas de sus combatientes operaban desde estas ubicaciones (véase aquí, aquí y aquí). Lo que resulta aún más llamativo es que más de 100 médicos, enfermeros y otros miembros del personal sanitario —presentados inicialmente como trabajadores de la salud inocentes atacados por Israel— han sido identificados en publicaciones de Hamás y la YIP como combatientes, en su mayoría con rango de mando. Estas admisiones aportan nuevas pruebas del uso militar de hospitales por parte de Hamás y corroboran decenas de declaraciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que afirmaban que sus operaciones tenían como objetivo a combatientes, y no a trabajadores sanitarios ni a instalaciones médicas como tales.
Las pruebas van más allá de los hospitales. Escuelas descritas reiteradamente como refugios para civiles aparecen cada vez más como lugares donde murieron comandantes de Hamás (véase aquí, aquí, aquí y aquí). En el caso de las viviendas particulares se observa un patrón aún más amplio. A lo largo de la guerra, los ataques contra hogares familiares se reportaban sistemáticamente como acciones que causaban la muerte únicamente de civiles. Dichos informes eran difundidos por periodistas locales, amplificados por los medios internacionales, incorporados a los informes de las ONG y, finalmente, citados en análisis jurídicos que acusaban a Israel de genocidio. Sin embargo, al menos 150 ataques aéreos contra viviendas en Gaza se han vinculado ahora con combatientes con rango de mando, lo que contradice la imagen de estos incidentes como ataques a hogares sin objetivos militares.
Han surgido pruebas similares respecto a ataques contra tiendas de campaña en zonas humanitarias, donde se ha confirmado que más de 80 de estas acciones tenían como objetivo a comandantes combatientes, y no a los civiles que se reportaron inicialmente. Lo mismo ocurre con decenas de ataques contra vehículos «civiles», puntos de distribución de ayuda, personas que acudían a recibir asistencia, mezquitas, personal de ONG, equipos de primera respuesta, personal de defensa civil y empleados de la UNRWA. En numerosos casos, personas presentadas inicialmente solo como civiles aparecen posteriormente en publicaciones de Hamás o de la Yihad Islámica Palestina (PIJ) como miembros de sus organizaciones militares.
Nada de esto demuestra que todos los ataques israelíes cumplieran con el derecho de los conflictos armados. Los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad militar y precauciones factibles deben evaluarse caso por caso. Sin embargo, la presencia de combatientes altera fundamentalmente el panorama probatorio. Un ataque que mata a un comandante de Hamás dentro de una vivienda es categóricamente distinto de un ataque contra un hogar sin objetivo militar. Un ataque a un hospital que acaba con la vida de varios comandantes y de una enfermera —conmemorada posteriormente como jefa de escuadrón de Hamás— debe valorarse teniendo en cuenta dicha presencia militar. Un ataque a una escuela que elimina a varios combatientes no puede considerarse simplemente como prueba de una política destinada a destruir a los palestinos como tales.
Esta distinción es crucial. Las muertes de civiles por sí solas no constituyen genocidio, delito que requiere una intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido en cuanto tal. Cuando se demuestra que ataques presentados como prueba de una intención deliberada de atacar a civiles causaron en realidad la muerte de combatientes identificados, la inferencia de una intención genocida queda directamente desacreditada. A medida que se acumulan las pruebas, resulta insostenible afirmar que estos ataques demuestran una política sistemática dirigida contra los palestinos por el mero hecho de serlo.
Quizás la implicación más importante sea de índole metodológica. Muchos investigadores llegaron a conclusiones sin saber quiénes habían muerto realmente. Calificaron ciertos ataques como crímenes de guerra, o incluso como pruebas de genocidio, sin saber que en ellos había comandantes de Hamás. Esa información faltante es crucial para determinar si las FDI tenían como objetivo a civiles o a objetivos militares legítimos, y si los ataques cumplían con las leyes de la guerra.
El ejemplo más evidente es el «informe sobre el genocidio» de Amnistía Internacional, que señalaba 15 ataques aéreos como prueba de que Israel atacaba deliberadamente a civiles. Amnistía afirmó no haber hallado objetivos militares e identificó a todas las víctimas como civiles. Sin embargo, publicaciones posteriores de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina (PIJ) han revelado la muerte de combatientes —en su mayoría de rango de mando— en cinco de esos ataques (hasta la fecha). Estos hallazgos invalidan el análisis de Amnistía sobre dichos incidentes: su premisa fáctica central, según la cual no había objetivos militares presentes, resultó ser falsa. Asimismo, ponen de manifiesto un defecto fundamental en la metodología general del informe, que interpretaba la ausencia de combatientes identificados públicamente como prueba de que no existían tales combatientes. Cuando se desmorona la base fáctica de una investigación, sus conclusiones no pueden mantenerse en pie. El análisis de Amnistía sobre el genocidio debe retirarse a la luz de las pruebas que la organización no logró descubrir.
Resulta irónico que las mismas organizaciones que pasaron casi dos años desestimando las afirmaciones de Israel se vean ahora contradichas por el propio Hamás. Las pruebas que están reconfigurando el registro histórico ya no provienen principalmente de Israel, sino de las organizaciones militares de Gaza que libraron la guerra y que ahora conmemoran y elogian públicamente a sus propios caídos.
La acusación de genocidio siempre ha dependido en gran medida de la afirmación de que Israel atacó sistemáticamente a civiles palestinos en Gaza por el hecho de ser palestinos. Dado que unos 2.500 operativos identificados de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina (YIP) vinculan ahora más de 600 incidentes —supuestamente protagonizados únicamente por civiles— con personal militar reconocido, la base fáctica de dicha narrativa ha quedado fundamentalmente socavada. Ya no es sostenible afirmar que estos incidentes demuestran una política sistemática de exterminio de los palestinos como colectivo.
En última instancia, puede que los testigos más decisivos contra la acusación de genocidio no sean Israel ni sus defensores, sino los propios Hamás y la Yihad Islámica Palestina.
