En momentos en que el debate público suele centrarse en confrontaciones políticas o coyunturas electorales, resulta fundamental reconocer el papel de los medios de comunicación que abren espacios para discutir temas de derechos humanos y participación ciudadana.
Por ello, deseo expresar un sincero agradecimiento al periódico digital El Mundo CR por las publicaciones que han permitido visibilizar nuestra lucha para que exista accesibilidad comunicacional mediante intérpretes de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) en la Municipalidad de San Ramón.
Los artículos de opinión de este medio suelen partir de un análisis contextual del país y plantean reflexiones orientadas a fortalecer la democracia y el debate público.
En ese espíritu, consideramos importante explicar por qué se presentó recientemente una acción de inconstitucionalidad relacionada con la falta de accesibilidad en las sesiones del Concejo Municipal de San Ramón.
¿Qué ocurrió?
El 17 de diciembre de 2025, durante una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de San Ramón, se adoptó el Acuerdo N.º 4 mediante el cual se dispuso la separación temporal del presidente del Concejo.
En esa sesión no se contó con intérprete de LESCO ni con ajustes razonables de accesibilidad comunicacional.
Esta omisión tuvo consecuencias directas: una ciudadana , persona sorda, no pudo comprender ni seguir lo que estaba ocurriendo durante la sesión.
En términos prácticos, esto significó una exclusión del debate público y de la información sobre decisiones que afectan la vida política del cantón.
¿Quién presentó la acción?
Ante esta situación, el 24 de febrero de 2026 presenté una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional en mi condición de presidente de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras (ADASFRO).
La acción se sustenta en la obligación del Estado y de las instituciones públicas de garantizar accesibilidad y participación efectiva de las personas con discapacidad, conforme a la Constitución Política, la Ley 7600, la Ley 9822 que reconoce la Lengua de Señas Costarricense y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Cuándo y dónde ocurre el problema?
El caso se origina en el ámbito municipal, específicamente en el Concejo Municipal de San Ramón, donde las sesiones públicas constituyen espacios de deliberación política y de participación ciudadana.
Al no existir intérpretes de LESCO ni protocolos de accesibilidad comunicacional, las personas sordas quedan excluidas de estos procesos.
¿Por qué se presentó la acción?
La razón principal es sencilla pero profunda: sin accesibilidad no hay participación, y sin participación no hay democracia plena.
Cuando las instituciones públicas no garantizan mecanismos de accesibilidad comunicacional, se genera una barrera estructural que limita el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación política y la igualdad ante la ley.
La acción presentada busca no solo revisar la legalidad del acuerdo municipal, sino también impulsar medidas estructurales que permitan prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.
¿Cómo se pretende resolver?
Entre las medidas solicitadas se encuentran la provisión permanente de intérpretes LESCO en las sesiones del Concejo Municipal, la transmisión accesible de las sesiones y la creación de protocolos de atención inclusivos. Asimismo, se plantea la necesidad de fortalecer la consulta formal a las organizaciones de personas con discapacidad en los procesos de planificación municipal.
Este esfuerzo no es individual.
La acción cuenta con la coadyuvancia y respaldo de diversas organizaciones sociales comprometidas con la defensa de los derechos humanos, entre ellas la Asociación Pro Defensa de los Derechos de las Personas Sordas de Costa Rica, la Confederación Unitaria de Trabajadores, el Sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud y Afines, la Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez, la Asociación Homeless Heredia, Futerapia y la Fundación Madre Tierra Verde, entre otras.
Una reflexión final
La accesibilidad no es un favor ni una concesión.
Es un derecho reconocido por la legislación nacional y por los tratados internacionales suscritos por Costa Rica.
Garantizar intérpretes de LESCO en espacios públicos de deliberación no es únicamente una medida técnica: es una expresión concreta del principio democrático de igualdad.
Por eso resulta valioso que medios de comunicación como El Mundo CR abran espacios para debatir estos temas y permitan que la sociedad costarricense reflexione sobre la importancia de construir instituciones más inclusivas.
En última instancia, el desafío que enfrentamos no es solo jurídico o administrativo.
Es también cultural y democrático: comprender que una democracia verdaderamente madura se mide por su capacidad de incluir a todas las personas en la conversación pública.