El concepto de seguridad ciudadana como tutela de derechos fundamentales, se ha convertido en una de las tantas preocupaciones mayores de la ciudadanía en los últimos años, pues su deterioro limita las opciones de vida y de organización social, y además atenta contra lo personal, lo patrimonial y contra los bienes públicos.
El país experimenta tendencias a incrementos en la criminalidad, los robos, infracciones a la Ley de Psicotrópicos, los secuestros extorsivos, trasiego de inmigrantes ilegales, robo y tacha de vehículos, contrabando de mercancías, entre otros.
La limitada capacidad del sector gobierno para contrarrestar este tipo de conductas aumenta la percepción de la inseguridad que sufrimos.
No existe una verdadera política, entendida ésta como el conjunto de acciones y medidas, penales o no, represivas o preventivas, por medio de las cuales se articula una respuesta para evitar la comisión de un delito o reducir su posible materialización.
Lo anterior no es fácil. Si a ello se asocian situaciones como las que se viven en estos días, donde protestas tal vez justas o bien intencionadas, son aprovechadas o potenciadas por el vandalismo oportunista de la delincuencia callejera. El resultado final es un desborde ciudadano que se sale de control para el estado y para sus administrados.
Creo que el gobierno del presidente Alvarado, por prudencia y conveniencia nacional, debe frenar ya el movimiento huelguístico que cumple una semana. Hay que sentarse a conversar, en huelga o no, pero sin bloqueos al libre tránsito, es lo menos que pueden pautar las partes. Los acuerdos vienen después cuando los espíritus se sosiegan, el orgullo se margina y el ánimo guerrerista se reduce. Es evidente que el Plan Fiscal tiene gravámenes regresivos e injustos, y así debe entenderlo el Poder Ejecutivo para poder aplacar la violencia asociada a estos movimientos, que han encontrado el caldo de cultivo idóneo para la desestabilización social.
El Gobierno tiene la palabra.
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