Costa Rica vive un momento histórico. Por primera vez desde la fundación de la Segunda República, se pretende levantar la inmunidad a un presidente en funciones para que enfrente un proceso penal. La Corte Plena, integrada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya votó a favor de la solicitud presentada por la Fiscalía General. La acusación principal es por el delito de concusión, sustentada en el testimonio de un empresario que afirma haber entregado $32.000 a un exasesor de imagen del presidente como parte de un acuerdo informal vinculado a un contrato con fondos del BCIE.
Según la Fiscalía, ese pago habría ocurrido bajo presión. Lo cierto es que, hasta ahora, lo que hay en el expediente son declaraciones, audios entre terceros y una interpretación del Ministerio Público. No existe ninguna prueba directa que vincule personalmente al presidente con la gestión de esos fondos. No hay documento, grabación ni transferencia bancaria que lo implique. Esa falta de evidencia también se reflejó en la Corte: la votación ni siquiera fue unánime, siete magistrados votaron en contra de solicitar el levantamiento de la inmunidad y al menos ocho presentaron solicitudes de inhibición para apartarse del caso.
A eso se suma otra causa por presunto financiamiento irregular de campaña, igualmente sin condena ni sentencia firme, pero que ha servido para reforzar la narrativa mediática. Por lo que, el expediente completo ya fue trasladado a la Asamblea Legislativa, que es la única institución con poder constitucional para retirar el fuero a un miembro de los Supremos Poderes.
El proceso es el siguiente: primero, el Plenario debe crear una comisión especial de tres diputados que estudie el caso y rinda un informe. Esa comisión ya fue conformada y está integrada por Andrea Álvarez del PLN, Rocío Alfaro del Frente Amplio y Daniel Vargas del oficialismo. Una combinación que habla por sí sola: dos diputadas de oposición frontal y una figura oficialista sin trayectoria combativa. Difícil imaginar imparcialidad cuando la balanza está inclinada desde el inicio.
Luego, ese informe se somete a votación en el Plenario completo. Para levantar la inmunidad se requieren 38 votos (una mayoría calificada). Si eso se aprueba, el presidente queda habilitado para ser juzgado penalmente por la Sala Tercera de la Corte, es decir, por los mismos magistrados que ya votaron a favor de abrir la causa. ¿Dónde queda la “objetividad” si todo el proceso (desde la comisión hasta los jueces) parece armado para condenar antes de juzgar?
La hipocresía es ESCANDALOSA. Mientras acusan a Chaves por un contrato de $32.000, callan frente a años de saqueos institucionalizados protagonizados por expresidentes y figuras políticas que el Poder Judicial trató con guantes de seda.
Para muestra, basta recordar el caso de Óscar Arias, quien firmó un decreto ilegal para regalarle un proyecto minero a Infinito Gold, violando la normativa ambiental y forzando el Estado de Derecho en favor de una transnacional. ¿Fue procesado? Sí… pero apenas se le acusó, el Poder Judicial lo absolvió con una palmadita en la espalda: “falta de dolo”, dijeron, y luego cerraron el caso por prescripción sin ni siquiera llegar a juicio. Impunidad de lujo para el Nobel de la trampa.
Luego está Laura Chinchilla, comandante en jefe de la Trocha de la Vergüenza: una carretera improvisada que terminó convertida en un lodazal de corrupción, con facturas falsas, maquinaria fantasma y tramos inexistentes. El costo: más de ₡25.000 millones.
¿Hubo castigo? Solo para unos cuantos mandos medios. A ella y a sus jerarcas se les abrió un expediente, pero años después el Ministerio Público pidió cerrarlo… por “falta de pruebas”.
Tampoco podemos olvidar a Luis Guillermo Solís, quien dejó el hueco fiscal más grande en la historia reciente del país: casi ₡900.000 millones sin presupuestar. Un desastre financiero absoluto. ¿Consecuencias? Ninguna. La Fiscalía lo imputó por incumplimiento de deberes y malversación, pero el caso lleva años vegetando en los pasillos del Ministerio Público. La Contraloría, mientras tanto, se lavó las manos.
Y como si fuera poco, está José María Figueres, quien huyó a Suiza como si fuera turista con visa diplomática, tras el escándalo Alcatel. Cobró casi $900.000 por supuestas “asesorías” que nadie pidió, nadie supervisó y nadie investigó seriamente. Nunca regresó a rendir cuentas mientras la Fiscalía abría el caso, y cuando finalmente volvió, ya estaba todo resuelto: archivado, olvidado, borrado del radar judicial como si nada hubiese pasado. Sin juicio. Sin sanción. Sin vergüenza.
¿Y el Poder Judicial? Silencio, como si la memoria colectiva no existiera. Callan porque no les conviene hablar. Callan porque ahí están sus socios, sus amigos, sus financistas.
Esto no es un juicio contra el crimen. Es una cacería de brujas, orquestada desde las alturas del sistema para mandar un mensaje claro: al que se atreva a incomodar al régimen, se le destruye. No se le debate, no se le vence en las urnas… se le aniquila judicialmente. Y que nadie se engañe: esto no es exclusivo de Costa Rica. Es parte de una estrategia global. Cuando no pueden ganar elecciones, activan jueces, fiscales y cortes para hacer lo que no logran con votos.
¿Y después qué? Hoy es Chaves. Mañana será un diputado que no se alinee. Luego, un periodista que investigue demasiado. Después, cualquiera que no comulgue con la narrativa. Porque cuando se le da permiso al Estado para aplastar al adversario con pretextos legales, la democracia deja de existir. Lo que queda es una dictadura de saco y corbata, donde perseguir a un presidente es solo el comienzo.
Esto no significa que este gobierno esté libre de errores o de cuestionamientos. Nadie está por encima del escrutinio. Pero tampoco podemos permitir que el aparato judicial se utilice como arma política selectiva para castigar únicamente a quienes incomodan al sistema.
No se trata de proteger a Rodrigo Chaves como persona, sino de resguardar la investidura del presidente de la República. Porque si hoy celebramos que un presidente pueda ser juzgado sin garantías mínimas, mañana estaremos lamentando que cualquier ciudadano pueda ser silenciado por pensar diferente.
No nos confundamos: esto no se trata de justicia, se trata de poder. Y en este país, el poder nunca es inocente.
