Acabamos de conocer una nueva versión del informe presidencial, algo así como una tarde de videos en la Asamblea Legislativa. La verdad es que los informes de labores presidenciales son una antigüedad, son una reliquia histórica. Desde hace ya muchos años existe en nuestro país el informe periódico del Estado de la Nación así como muchos otros informes nacionales al respecto como de universidades e institutos de investigación, además de una gran cantidad de informes y análisis internacionales como la OCDE, la CEPAL y el BID entre otras. Dado que el TSE pide como requisito a todos los partidos políticos para participar en las elecciones nacionales, aportar programas de gobierno. Deberíamos darles seguimiento a esos programas, inclusive estos programas de gobierno deberían ser actualizados año a año para evaluarlos el año siguiente. Con lo cual, en vez del informe subjetivo actual de “logros” presidenciales tendríamos un informe comparativo de avance con relación al programa de gobierno previsto y conocido previamente por todos los costarricenses.
¿Y el informe de logros y avances del Poder Judicial? A diario nos informan de nuevos casos de investigación, excelente. Pero necesitamos resultados e informes de resultados y de seguimiento de todos los casos judiciales, pero que las investigaciones no tarden años y años y que incluso muchos casos llegan hasta a prescribir. Qué maravilla la internet y todas las redes sociales actuales para enterarnos de inmediato de todo lo que hacen y no hacen los gobiernos de turno. Antes había que depender de periódicos y noticieros apenas para medio enterarse, semanas, meses y años después, de lo que ya se había hecho y que de por sí, ya nada podíamos hacer. También es muy importante la participación cada vez, de más y más costarricenses por medio de todas las redes sociales, ahora que están de moda, para ayudar finalmente a conseguir por fin, una Costa Rica bien administrada o bien gobernada. Usando el término que sea.
Con eficiencia y buenos controles en todas las instituciones públicas y en los 3 Poderes de la República, nos beneficiamos todos los costarricenses. Sin eficiencia y sin buenos controles, se benefician unos pocos en detrimento de la gran mayoría de costarricenses. Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora en este gobierno el caso barrenador y otros casos, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.
Desde la antigüedad siempre se nos ha insistido con el cuento de que la justicia es ciega. La verdad es que en la actualidad y con tantos avances en todos los campos de las ciencias y las tecnologías, ya no se justifica que la justicia siga siendo ciega y, menos en un pequeñísimo país como Costa Rica, de escasísimos recursos económicos. No puede ser que Costa Rica ocupe el último lugar de la OCDE en desarrollo digital del sector público. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas si el TSE por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todos lo relativo a nuestros procesos electorales: no más reelección de diputados ni de ningún funcionario público, no más candidatos con doble postulación para presidente y para diputado, disminuir la cantidad de diputados, establecer y exigir más y mejores requisitos a los candidatos, a los partidos, en fin., etc, etc, etc.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc.