Costa Rica va rumbo a las elecciones de 2026 y la papeleta presidencial es una vergüenza: veinte partidos políticos. Decenas de personas creyendo que pueden ser presidentes de la República. Montones de proyectos personales disfrazados de movimientos ciudadanos. Y un buen número de plataformas que no representan ideas, sino una epidemia de egos hambrientos de poder.
Un país de cinco millones de habitantes no puede sostener veinte proyectos de nación, porque no existen veinte visiones del país. Lo que hay son repetidas versiones del mismo estatismo decadente: muchísimos discursos pidiendo más impuestos, más Estado, más subsidios, más “solidaridad” financiada con el bolsillo ajeno. El problema no es la existencia de los partidos. El problema es que los requisitos para fundar uno son tan absurdamente bajos que la política se volvió una broma institucional.
Para inscribir un partido político nacional, el Código Electoral exige sólo tres mil firmas. Tres mil adhesiones que equivalen al 0,08% del padrón electoral. Para ponerlos en perspectiva, en Portugal se requieren 7500 firmas, Dinamarca 20 mil, y México exige 256 mil. Y Panamá, un país en dimensiones y población similares a nuestro país, exige 39 mil por inscripción de cada partido político.
El resultado de esa permisividad es una tragedia institucional: tenemos más de 1.200 aspirantes a diputados, la mayoría sin trayectoria, sin formación técnica, sin experiencia suficiente. En Costa Rica, una de cada 3.150 personas será candidata a la Asamblea Legislativa. Es ridículo. No porque el pueblo no tenga talento, sino porque la inmensa mayoría de esas candidaturas no representan vocación, sino oportunismo. En lugar de ser un espacio de servicio público, la política se ha vuelto una pasarela de nombres que buscan poder, exposición o inmunidad.
Desde la economía política, el fenómeno es clarísimo: cuando el costo de entrar al sistema es cercano a cero, y las recompensas (visibilidad, deuda política, poder de negociación) son altas, la consecuencia inevitable es la proliferación de proyectos oportunistas. Es el equivalente político a la inflación monetaria: cuando se emite dinero sin respaldo, la moneda pierde valor; cuando se crean partidos sin respaldo ciudadano, la democracia pierde sentido. En Costa Rica, tenemos inflación partidaria: demasiadas siglas persiguiendo pocos votos, y un electorado cada vez más confundido frente al espectáculo.
Y lo peor no son los partidos, sino los candidatos. Gente que nunca ha manejado una empresa, que no ha administrado ni un presupuesto familiar, creyendo que puede dirigir un Estado con un gasto público de ₡12,4 billones y una deuda del 57% del PIB. Gente que no sabe cómo funciona la CCSS, el Banco Central o el déficit fiscal. Candidatos que jamás han leído la Constitución, pero ya diseñan reformas. Candidatos que no saben de economía, pero repiten “más impuestos para los ricos” sin saber que eso solo nos empobrece a todos.
La política costarricense está tomada por gente que confunde liderazgo con exposición. Que cree que tener un perfil viral en TikTok equivale a tener una visión de país. El votante, por su parte, se volvió cómplice. Ya no vota por principios, vota por simpatía. Elige por quién le cae bien, no por quién sabe gobernar. El voto dejó de ser un acto de razón y se volvió un acto de fe. Así es como un país termina eligiendo gobiernos débiles, congresos fraccionados y líderes que no lideran nada.
El costo económico de este circo político es insultante. Cada elección nacional supera los ₡80.000 millones entre logística, impresión de papeletas, publicidad obligatoria y supervisión de financiamiento. Y buena parte de esos recursos se desperdicia en partidos que no alcanzan ni el 1% de los votos válidos. Es dinero público tirado a la basura para darle un escenario a partidos sin representación y sin propósito. Ninguna empresa, ningún hogar, ningún país racional financiaría un sistema donde el 76% de los competidores fracasan sistemáticamente y aun así se les permite seguir jugando. Pero eso hace Costa Rica cada cuatro años.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Elecciones actúa como si nada pasara, orgulloso de administrar una democracia cara e inflada, amparado en una interpretación mediocre de la pluralidad, se niega a reconocer que el libertinaje electoral destruye el sistema desde adentro. Si el TSE tuviera dignidad institucional, habría propuesto hace años una reforma para elevar los requisitos de inscripción y eliminar los partidos que no alcancen el respaldo mínimo. Pero no lo hace. Porque aquí la mediocridad se institucionalizó.
Pero como no se les ha ocurrido pensarlo, les doy la idea yo: para inscribir un partido nacional se deben exigir al menos 50.000 firmas reales, distribuidas proporcionalmente en todas las provincias del país. No 3.000, mínimo 50 mil. Y todo partido que no obtenga al menos el 2% de los votos válidos debe ser automáticamente desinscrito. Sin excusas, sin sentimentalismos, sin “pero estamos empezando”. Si no representás a nadie, no sos un partido político: sos una sigla vacía, un gasto innecesario y un obstáculo para la democracia.
Porque si un país valora igual una firma que una idea, acabará siendo gobernado por quienes no tienen ni ideas ni principios. Y ese es exactamente el camino que Costa Rica está recorriendo. Por eso, debemos de ponerle fin al circo electoral, de cerrar la puerta al oportunismo y de restaurar la dignidad de la República. Porque un sistema que no se depura, se pudre. Y si seguimos permitiendo que cualquier mediocre funde su partido, muy pronto no quedará país que gobernar.
No se trata de tener veinte opciones, sino de tener opciones que valgan la pena: serias, responsables y capaces. Pero el TSE, con su inacción, ha permitido que la política se llene de proyectos vacíos y oportunistas, negándose a imponer reglas mínimas que ordenen el sistema. Si un partido no logra convencer al 2% del electorado, que desaparezca. Punto.