Los costarricenses, estamos agotados de la grave crisis sanitaria y económica derivados del COVID-19. El pueblo ha sido golpeado por las medidas adoptadas para combatirla y por las consecuencias posteriores como cierres de microempresas, pymes, pérdida de puestos de trabajo, endeudamiento personal y estatal etc.
La aparente parálisis gubernamental ha sido agravada por los manifestaciones pacifistas de grupos organizados que desean que los máximos poderes: Ejecutivo y Legislativo se comprometan a recuperar al país y coadyuven a calentar los motores económicos y de cohesión social, para mejorar la calidad de vida, competitividad y proyección internacional de Costa Rica.
Es claro que cuando los países y las ciudades progresan social y cívicamente, fortalecen su economía, dando la señal de que se camina en la misma dirección como garantía de progreso y bienestar social.
Entonces el gobierno, sin dilaciones debe impulsar la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia, pese a que la crisis económica a la cual nos enfrentamos es de una magnitud enorme y no tiene precedentes en nuestra historia reciente.
Los ciudadanos, los trabajadores y los empresarios no entienden que la recuperación no está en el centro de toda acción de gobierno, porque persisten las disputas políticas y mientras no seamos solidarios, responsables y respetuosos, no se podrá construir.
El pueblo reclama un gobierno que defienda la economía productiva, el empleo y un Estado más humano; que sitúe la recuperación económica y la cohesión social como su objetivo principal; que mantenga el orden, es decir, que garantice el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo, y el normal funcionamiento de las instituciones; y que dé seguridad jurídica.
Requerimos al Gobierno de Costa Rica que, instrumente y conceda, de forma inmediata, ayudas directas a las empresas, autónomos y sectores más afectados por la pandemia para salvaguardar la actividad económica, los puestos de trabajo y la cohesión social.
Desde ahora debe proponerse la inmediata negociación y suscripción de un pacto de país para la recuperación económica, sanitaria y social entre fuerzas políticas, administraciones públicas y entidades de la sociedad civil, para recuperar la normalidad y para alcanzar los objetivos, para que el país despegue de nuevo, creando fuentes de trabajo y llevando bienestar.
Finalmente, las principales limitaciones que enfrenta la participación ciudadana en los ámbitos decisorios, siguen estando centradas en la poca apertura y flexibilidad de la institucionalidad pública para asumir esta participación y su injerencia, y en hechos y condiciones que muestran la dificultad de incluir y asumir la voz de los grupos desaventajados, quienes por su condición de exclusión, por su precario acceso a los servicios y su poca inserción, siguen estando al margen de la acción y la decisión política.
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