Los Estudios Sociales nuevamente están en la palestra del día, cuando el miércoles 20 de febrero el Ministerio de Educación Pública (MEP) hizo el comunicado de la eliminación de las pruebas de bachillerato, las cuales serán sustituidas por las “FARO” (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades), en la cuál los Estudios Sociales, tanto de primaria como de secundaria no serán parte durante el 2019 y 2020, mientras se adecúan sus respectivos programas a los criterios requeridos. ¿El problema es el programa de estudio?
Nuevamente, pareciera que prevalece ante todo el oportunismo y ocurrencia de las autoridades educativas en querer hacer de los Estudios Sociales una asignatura “light”, con la excusa que los programas están adoctrinando a los estudiantes, y que se deben buscar la adquisición de habilidades, ¿pero será esto cierto?
Una breve contextualización
Los programas de Estudios Sociales y Educación Cívica de primaria fueron aprobados durante la gestión del Dr. Leonardo Garnier Rímolo, bajo el enfoque de ética estética y ciudadanía (cuya ética fue cuestionada por la consultoría realizada por PROCESOS), una receta “milagrosa” que había sido aplicada a otras asignaturas como Educación Cívica, Música, Educación Física, Artes Plásticas, Español, y la lista continúa con otras materias del currículo educativo.
Dicho programa carecía de grandes sesgos de contenidos, mediación y hasta de evaluación, pero aún así fueron aprobados por el Consejo Superior de Educación (CSE), y de esa manera llevados a la práctica, donde no hubo consenso ni participación de profesionales expertos en la temática, sino que fue realizado por un grupo reducido allegado al exministro, capaces de hacer lo que les pidiesen, no lo que la educación de Costa Rica necesitaba.
Prácticamente ese mismo grupo estuvo a cargo de la elaboración de los programas de Estudios Sociales de secundaria en el 2014, los cuáles fueron rotundamente rechazados por los sindicatos (Ande y Apse), universidades públicas (UCR, UNA, UNED) y el Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro), aduciendo problemas de fondo, sesgos de contenidos históricos, geográficos y de mediación pedagógica, pero irónicamente a pesar que, habían sido expertos quienes estaban rechazando la propuesta de los nuevos programas en Estudios Sociales, el ex ministro Garnier los terminaría aprobando, prácticamente en el epílogo de su mandato (abril del 2014), omitiendo sendos pronunciamientos negativos, que poco le importó.
Posteriormente, la ex ministra Sonia Marta Mora Escalante los derogaría y solicitaría realizar una comisión mixta, con la participación de sindicatos, representantes de las universidades, Colypro y docentes, con la intención de elaborar una nueva propuesta, una más consensuada, transparente y profesional. Lamentablemente, casi en la etapa final dicha comisión fue derogada por la exviceministra académica Alicia Vargas Porras, y se terminó aprobando una propuesta de programa de la que se sabe muy poco de sus autores intelectuales, dejando por fuera a los Asesores Nacionales de Estudios Sociales, y que entró en vigencia en el 2016. Eso sí, es importante reconocer que es mucho más elaborada, que la que había planteado en su momento el señor Leonardo Garnier y su equipo de constructores.
Ahora bien, sobre el llamado “adoctrinamiento ideológico” en Estudios Sociales, es importante aclarar varias cosas. Cuando salió en prensa en julio del 2018 que algunas preguntas de las pruebas de Bachillerato podían estar adoctrinando a los estudiantes, es importante comprender la dinámica de la elaboración de los ítems de la prueba, que no necesariamente tiene que ver con la culpabilidad del programa de estudio, como erróneamente lo señaló en su momento el ex ministro Garnier al periódico la Nación, ya que esas preguntas que estaban supuestamente “adoctrinando” correspondían a exámenes elaborados durante su periodo de gestión (2006-2014), porque se relacionaba a una práctica publicada en el 2013 en el sitio Web de Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) con base al programa del 2005, y no tenían nada que ver con el programa aprobado por la exministra Sonia Marta Mora en el 2016, pues sería hasta noviembre del 2018 que los estudiantes realizarían la prueba de bachillerato basada en el nuevo programa de estudio.
Pero ¿existe ese adoctrinamiento en los programas de estudio vigentes? Es importante señalar que el programa no induce a como debe preguntarse, ni tampoco desarrollar temáticas de manera parcializada, sino que trata de desarrollar los tópicos integralmente, viendo lo positivo y negativo, y qué a partir de ahí, sea el estudiante quién tome su postura.
Sobre lo que publica las editoriales en sus libros de texto, no es culpa del programa de estudio, porque el MEP permitió que éstas editoriales privadas pudiesen desarrollar los libros de textos y venderlos en los centros educativos, pero no es capaz de vigilar lo que publican, y al final prevalece la objetividad, subjetividad o posicionamiento de los autores sobre una temática al tomar como referencia el programa, es decir, este documento les da una base de aquellos temas que deben desarrollarse, pero no indica en ningún momento la manera subjetiva o adoctrinante en que debe abordarse, de ahí posiblemente el resultado.
La prueba de bachillerato
En la elaboración de la prueba de bachillerato la DGEC contrata a un grupo de personas afines a la temática, para que formulen preguntas, y de esa manera conformar un banco de ítems. Estos ítems son revisados, por un grupo de especialistas en Estudios Sociales, seleccionados por la DGEC, quienes dan sus observaciones y determinan si el ítem debe ser aceptado, modificado o eliminado, de acuerdo con una tabla que un asesor de macroevaluación de Estudios Sociales de esta dependencia elabora en función del programa de estudio. Luego este asesor cruza la información y finalmente ensambla la prueba.
Ahora bien, es muy difícil desprenderse de una posición en un determinado tema, y de manera implícita muchas veces se termina imponiendo la subjetividad, pero para eso existen los diversos mecanismos en el MEP, que permitan detectar ese tipo de anomalías, al menos en teoría.
Así, la conformación de los ítems de bachillerato corresponde al planteamiento que hace un grupo de “especialistas” contratados para elaborar preguntas, y que éstas puedan eventualmente formar parte de la prueba. Entonces, ese llamado “adoctrinamiento ideológico” no es culpa del programa de estudio, sino que forma parte de la subjetividad o posición de la persona contratada, y que la plasma directa o indirectamente en una pregunta.
Por consiguiente, la DGEC es quién ha fallado desde sus distintos filtros por no haber identificado a tiempo esas particularidades e irregularidades que terminaron siendo aplicadas en una prueba nacional, pero que irónicamente la culpabilidad la tiene un programa.
Entonces, ¿qué pasó si la DGEC es la encargada de elaborar una prueba, y no fueron capaces de identificar, reconocer, analizar, y validar ítems que de alguna manera tenían en sí mismo una visión parcializada o errónea de personas que ellos mismos contrataron? ¿cómo lo hicieron que al parecer burlaron los filtros y se publicó este tipo de pregunta en una práctica para bachillerato? Pareciera que las autoridades del MEP les interesa más desprestigiar una materia que, en realidad hacer su trabajo, y se justifican en este tipo de accionar, del cuál son los únicos responsables.
Fue hasta noviembre del 2018 que se realizaron las pruebas de bachillerato basadas en el nuevo programa de estudio, por lo que carece de sentido seguir relacionando ese “adoctrinamiento ideológico” con los actuales programas, porque eso no sucedió en noviembre del 2018, por lo que asombra la posición del actual Ministro de Educación Edgar Mora Altamirano cuando la periodista Daniela Cerdas del periódico la Nación le consultó si ¿influyó la ideologización en no aplicar la prueba de Estudios Sociales (para las pruebas FARO) en el 2019 hasta que se revise el programa? Siendo un contundente sí del Ministro Mora, y en días posteriores un contundente sí del señor Pablo Mena Castillo, Director de la DGEC, quien presentó a la prensa los cambios aprobados por el CSE en relación de pruebas de bachillerato, ahora denominadas Pruebas FARO, haciendo énfasis en la asignatura de Estudios Sociales. Me pregunto si habrá revisado el señor ministro el actual programa de estudio, para imaginarse eso y, además, sabrá que no es el programa el que busca ese adoctrinamiento, sino que forma parte de esa subjetividad en alguna temática de la persona que elabora el ítem, y que lo que ha fracasado es el mismo del MEP en no identificar y corregir este tipo de accionar, que suele ser básicamente “normal”, pero inadmisible que haya burlado los filtros.
El programa de Estudios Sociales no puede prestarse para que el gobierno trate de abordar aquellas temáticas vistas desde sus propios intereses, sino que debe ser una disciplina crítica y objetiva, que busque analizar la realidad nacional e internacional, apartada de aquellos intereses políticos que buscan minimizar ciertos temas, o en su defecto potenciar otros a su conveniencia. Tampoco permitir que sean entes internacionales quiénes dicten las pautas a seguir en materia educativa, porque ante todo el programa de estudio debe ser contextualizado y responder ante la necesidad de nuestro país.
Por eso, el problema no es el actual programa, por lo que deberíamos preguntarle a la DGEC que fue lo que pasó, ya que ellos son los únicos responsables de la elaboración de los ítems para las pruebas de bachillerato, y que ahora nos “sorprenden” con una nueva ocurrencia con las pruebas FARO, las cuáles nos dejan un panorama nada alentador para nuestro de por sí deteriorado sistema educativo.
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