Este lunes será un día histórico para nuestro país.
La Sala Cuarta resolverá, por fin, la gestión ciudadana de convocar a un referéndum sobre la «Ley Jaguar» para impulsar el desarrollo de Costa Rica.
Soy escéptico y presiento una nueva estocada, la peor en años, contra nuestra ya maltrecha democracia.
El terreno político está sutilmente abonado para que la resolución de los magistrados sea adversa a los intereses nacionales.
Más allá de sus fintas y regates jurídicos para justificar el «no», lo que ellos estarían haciendo sería reafirmar el absolutismo de su aristocracia institucional.
El «no» sería un triunfo de champán y caviar para la poderosa oligarquía cuya mayor inversión ha sido siempre socavar y, de serle posible, destruir la democracia.
Y, con esta, todo signo de igualdad, redistribución de la riqueza, justicia y bienestar social.
Como a la oligarquía le salió mal el abracadabra para imponer otra vez de presidente, en 2022, a uno de los suyos, ahora descarga toda su ira bíblica contra el ciudadano que apostó por el cambio.
Nada nuevo, en realidad, bajo el cielo de esta patria labriega.
Durante la colonia, nos mangonearon las familias hidalgas; tras la independencia, las familias cafetaleras, y de 1948 acá, el Estado Malhechor.
Un Estado que no es otra cosa que el original Estado Benefactor, pero hipertrofiado y convertido en Leviatán burocrático al mando ya no de una, sino de cuatro familias.
¡Y qué familias!
La política, la empresarial, la mediática y la narcotraficante.
Lo que yo llamo el Crimen Político Organizado: cuatro familias en una misma, con actividades entrelazadas y mancomunadas para hacer cada vez más poderosa su riqueza e influencia política.
Una fusión de terror porque une a la oligarquía, o sea, a los multimillonarios, con la élite, no necesariamente tan rica, pero con mucha influencia, como diputados, magistrados, jueces, políticos, académicos y mandos medios.
Que desde luego también chupan de ese boyante mercado popular, o colmena pública, como si fueran ciudadanos con corona.
Lo que me hace recordar a una diputada actual de oposición quien, sin el menor empacho, se declaró «sagrada».
De esta manera, la función prístina del Crimen Político Organizado no es otra que mantener y superar siempre su estatus, influencia, poder y fortuna.
Hasta mayo de 2022, la vida para los oligarcas fue tan sabrosa como jacarandosa porque nada ni nadie perturbó nunca sus arcas estatales ni su industria de clavos de oro.
Construidos ambos sobre la divina gracia de controlar, dominar y explotar la materia prima pública.
La estrategia de los oligarcas es, en primera instancia, sobornar a todas las fichas o piezas políticas que puedan serles útiles a su insaciable codicia, ambición y desenfreno.
Ya financiándoles espléndidamente las campañas electorales, ya ofreciéndoles faraónicos lujos una vez montados en el patín.
Tanto así que se podrían contar en millones de dólares las ofertas que el candidato de un partido tradicional recibe cada cuatro años de esos sectores económicos todopoderosos, narcotráfico en primera fila.
Qué han hecho unos y qué han hecho otros ante semejante señuelo, solo su conciencia lo sabrá, pero a juzgar por los números en rojo del país, el banquete debe haber estado bomba y de rechupete para ellos.
Toda una relojería macabra contra el ciudadano porque una vez que la oligarquía monta y organiza el entramado de jerarcas a sus pies, el paso siguiente es hacer que estos, desde sus cargos de privilegio, afinen la constitución, los códigos, las leyes y las «interpretaciones» al son del fandango que aquella les pida.
Como ocurrió, por ejemplo, con la exoneración que los actuales diputados de oposición aprobaron a las rentas extraterritoriales de empresas y corporaciones con muchísimo poder económico.
En detrimento, por supuesto, de nuestros sectores sociales más oprimidos y ávidos de socorro.
De modo que para nada es descabellado pensar que el «no» de los magistrados al referéndum traiga ya de nacimiento ese inefable gen del «pacto de los dioses» entre las cuatro familias para joder al ciudadano.
Familias que se resisten a que haya democracia, o a que, si la hay, que sea y funcione a su modo haciendo aún más extrema la desigualdad e incendiaria la paciencia ciudadana.
Lo peor de toda esa aristocracia institucional bipartidista es que, al ser víctima del síndrome de pertenencia a la oligarquía que la secuestra, se blinda contra el buen juicio, el llamado de la patria y las alternativas de cambio.
Por eso, la única forma de desmantelar ese «corpus corruptus» es que, en 2026, el elector le dé el apoyo presidencial y legislativo a la opción política que mejor se identifique con el cambio que necesita la Costa Rica de a pie.
Solo a los oligarcas, como poder político de la riqueza, nunca les convendrá que la democracia se supere y fortalezca en tanto pone en peligro su cuerno de la abundancia.
De modo que sobre estas premisas descansa mi pronóstico de que la Sala Cuarta está predestinada, o más bien condenada, a rechazar de facto el referéndum.
Sabe que es más fácil driblar y aguantar el chaparrón de la masa ciudadana, que rapidito se olvida de todo y agacha de nuevo, que indisponer a su Diosa Fortuna.
Ahora bien. ¿Y si los magistrados aprobaran el referéndum?
Tendría que ser por uno de estos tres motivos:
- Que, tras leer esta columna, ellos quieran dejarme horrible como clarividente.
- Que San Judas Tadeo, patrono de los imposibles, me haya escuchado.
- Que, a la hora de la votación, a los magistrados los trabe la avispa de la razón.
¡Se vale alucinar!
