Hola para los que me leen y me critican, lo siento, pero no puedo callar en uno de los momentos más importantes de nuestro país, a días de las elecciones de 2026, la dinámica política del país se ha tensado de forma visible. En medio de este ambiente, el Gobierno de Rodrigo Chaves anunció un aumento salarial para los empleados del sector público con salario compuesto, sustentado en una reserva presupuestaria superior a los ₡32.700 millones. El Ejecutivo asegura que se trata de una medida responsable, equitativa y largamente esperada, especialmente para quienes no han recibido ningún ajuste desde 2019. Sin embargo, en el contexto actual, el anuncio no puede interpretarse únicamente como una decisión técnica: su impacto político es innegable.
El momento en que se comunica este aumento es clave. Podía haberse hecho meses atrás o haberse pospuesto algunos días para evitar cuestionamientos. Pero se anuncia justo ahora, en la recta final de una campaña presidencial donde la figura respaldada por el presidente —Laura Fernández— intenta consolidar un proyecto de continuidad. El mensaje del Gobierno apunta a un electorado al que busca reafirmarle que la administración ha recuperado la disciplina fiscal sin abandonar la sensibilidad social. Pero la oportunidad temporal despierta interpretaciones inevitables: se trata de una maniobra que pretende fortalecer políticamente al oficialismo en un momento decisivo.
La beligerancia política que caracteriza al presidente Chaves se ha intensificado en las últimas semanas. Su discurso es cada vez más confrontativo, más urgente y más obsesionado con definir el terreno narrativo diario. Paradójicamente, esta actitud contrasta con la insistencia del oficialismo en que ganarán en primera ronda. Un gobierno realmente seguro de su ventaja suele adoptar un estilo más sobrio, más institucional y menos reactivo. Cuando la confrontación se eleva y las decisiones estratégicas se aceleran, es porque hay inquietud bajo la superficie.
La candidatura de Laura Fernández, avalada y promovida públicamente por el presidente, vive también dentro de esta dinámica. Aunque la narrativa oficial la presenta como la opción para dar continuidad a una “transformación” iniciada en 2022, la forma en que el Gobierno se involucra en la campaña refleja una ansiedad evidente. El empuje permanente desde Casa Presidencial, la centralidad de la figura de Chaves en la comunicación diaria y el uso de logros de gestión como material político implícito muestran un oficialismo que no se siente tan holgado como declara estar. El aumento salarial, en este sentido, se convierte en un mensaje directo a sectores clave cuya percepción puede pesar electoralmente.
Muchos ciudadanos que se habían tomado “vacaciones políticas”, cansados del ruido constante, han vuelto a observar lo que ocurre. La intensidad del discurso gubernamental, las decisiones de alto impacto anunciadas en el filo de la campaña y la clara intención de influir en el clima electoral despiertan preocupación incluso entre quienes preferían mantenerse al margen. La pregunta que emerge es simple: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para asegurar la continuidad de su proyecto político?
El país enfrenta, más que una elección de nombres, una elección de estilos. La administración Chaves ha gobernado bajo una lógica de confrontación, velocidad y presión constante. Ahora, en campaña, ese estilo se amplifica. La ciudadanía deberá decidir si desea prolongar ese modelo mediante la candidatura de Fernández o si considera necesario un cambio de método y de tono. La beligerancia presidencial, que en un inicio fue leída como un intento de romper inercias, hoy despierta dudas sobre su sostenibilidad y sobre su impacto en la estabilidad institucional.
En el cierre de esta campaña, lo que resulta más evidente es que el oficialismo actúa con la urgencia de quien entiende que aún debe convencer. El discurso triunfalista no logra ocultar una estrategia que se siente apurada, sensible a cada movimiento de la opinión pública y decidida a capitalizar cualquier oportunidad, incluso a riesgo de interpretaciones políticas incómodas. El aumento salarial puede ser justo y técnicamente defendible, pero su anuncio en este momento responde a una lectura electoral clara. Y en política, los tiempos revelan intenciones más que los discursos.
El electorado deberá decidir si esta combinación de beligerancia, urgencia y cálculo es una muestra de determinación o una señal de preocupación. En cualquiera de los casos, lo que está en juego no es solo quién gobernará, sino cómo se gobernará.
