En una nota anterior vimos los factores que provocan este problema. En esta nota veremos que han hecho los gobiernos bien o mal. La respuesta estatal e institucional a la población en situación de calle en Costa Rica, aunque ha evolucionado (existe una Política Nacional de Atención Integral 2016-2026), presenta fallas estructurales y operativas que impiden una solución integral y sostenible. FALLAS EN LA POLÍTICA PÚBLICA Y ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE Alarmantemente, en la administración actual, la situación parece haber retrocedido. Se señala que el gobierno de Rodrigo Chaves ha disminuido los recursos destinados a la seguridad social y, por ende, a los programas que impactan directamente o indirectamente a esta población vulnerable. Esta reducción presupuestaria contradice la necesidad urgente de fortalecer y especializar la red de atención, comprometiendo aún más la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta digna y efectiva. 1. AUSENCIA DE UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y DESARTICULACIÓN Focalización Limitada: El modelo de atención se ha centrado históricamente en el combate a la pobreza (programas de transferencia como el IMAS), pero falla en abordar la multicausalidad de la situación de calle (drogas, salud mental, abandono). Insuficiente Coordinación Interinstitucional: A pesar de la existencia de una política, hay una falta de articulación efectiva entre las instituciones clave (IAFA, CCSS, IMAS, Municipalidades, Vivienda). Esto se traduce en duplicación de esfuerzos en algunos puntos y, más a menudo, en vacíos en la atención. Respuestas Meramente Paliativas: Gran parte de la ayuda se limita a la provisión de comida y albergue (Centros Dormitorios) sin un proceso de reinserción social y productiva claro y de largo plazo para la mayoría de las personas. 2. DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A LA ADICCIÓN (DROGAS) Bajo Umbral y Reducción de Daños Incipientes: Si bien existen iniciativas de reducción de daños (como la coordinación del IAFA con algunas municipalidades), la oferta de dispositivos de bajo umbral (espacios seguros donde se permite el consumo y se ofrece asistencia médica) es insuficiente. Barreras para la Rehabilitación: La persona en situación de calle, especialmente si tiene un consumo activo, enfrenta grandes barreras para acceder a centros de rehabilitación o servicios de salud mental, ya que muchos programas requieren un alto grado de abstinencia o estabilidad que la calle imposibilita. 3. FALLAS EN LA PERSPECTIVA DE DERECHOS Y EXCLUSIÓN Estigmatización en la Atención: Persisten enfoques que criminalizan o patologizan la situación de calle, en lugar de tratarla como una violación de derechos humanos y un problema social complejo. La movilización policial sin alternativas de destino es un ejemplo, pues solo desplaza el problema. Falta de Perspectiva de Género: Las respuestas tienden a ser diseñadas sin considerar los factores de riesgo y las necesidades específicas de las mujeres en situación de calle, quienes enfrentan mayor violencia y estigmatización (especialmente si son madres) que los hombres. Vulnerabilidad de Poblaciones Específicas: La respuesta es particularmente incipiente y con deuda pendiente hacia dos grupos: A- Personas Adultas Mayores: No existe una política robusta y permanente, solo paliativa, para atender el abandono y despojo familiar que lleva a la calle a cientos de adultos mayores. B- Población Migrante: Al no ser beneficiarios de programas como los del IMAS, son a menudo excluidos del registro y de la ayuda social, incrementando su vulnerabilidad. 4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE RECURSOS Ausencia de Evaluación de Impacto: La Defensoría de los Habitantes ha señalado la falta de indicadores de resultado o impacto en los programas sociales, lo que dificulta saber si realmente están generando cambios positivos o si el dinero público se está invirtiendo eficientemente. Inconsistencia Presupuestaria: Algunos programas han sufrido reducciones presupuestarias significativas, afectando la continuidad y la calidad de los servicios ofrecidos. Inconsistencias en la Información: La gestión de datos es a menudo deficiente (uso de hojas de cálculo en lugar de sistemas complejos), lo que impide tener un diagnóstico preciso de la población y sus necesidades regionales.
En resumen, la falla principal radica en que el Estado aún no ha logrado pasar de una atención basada en la caridad y el asistencialismo puntual a un Sistema Nacional de Protección Social robusto, articulado y con enfoque de derechos humanos, capaz de abordar la salud mental, el consumo y la reinserción social de manera integral. Para dentro de 15 años si no se hace algo el gobierno de Costa Rica y algunos de América Latina tendrán un problema muy grande.
