Guyana / Venezuela: Brasil propone mediación

» Por Nicolas Boeglin - Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 10 de diciembre, se indicó en distintos medios de prensa que Brasil propuso formalmente a Venezuela y a Guyana una mediación, bajo los auspicios de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC): véase nota de prensa de ElPaís (España).

Este anuncio se da unos pocos días después de una declaración conjunta de los 15 Estados pertencientes al CARICOM, en la que se lee (véase texto completo) que:

CARICOM firmly supports Guyana in pursuance of the resolution of its border controversy with Venezuela through the process of the ICJ.

Further, CARICOM urges Venezuela to respect the conservatory measures determined by the ICJ in its recent ruling until a final resolution“.

Una reunión pactada para el 14 de diciembre entre los Jefes de Estado de Venezuela y de Guyana en San Vicente y las Granadinas, Estado que ejerce la Presidencia Pro Tempore de la CELAC, debería de materializarse (véase nota de France24) en aras de crear condiciones propicias para el diálogo entre Guyana y Venezuela.

Es de notar que el Consejo de Seguridad  de Naciones Unidas tuvo una reunión a puertas cerradas, la cual fue solicitada por Guyana, el pasado 8 de diciembre (véase nota de prensa de St. Vincent Times).

Breve puesta en contexto

La tensión ha recrudecido en la frontera en los últimos días, debido a las acciones anunciadas por Venezuela luego de realizarse una consulta pública el pasado 3 de diciembre sobre lo que Venezuela denomina la “Guayana Esequiba“.  A raíz de los anuncios hechos por Venezuela, Estados Unidos y Guyana anunciaron la realización de ejercicios militares conjuntos (véase nota de France24).

Esta consulta pública realizada el pasado 3 de diciembre, en nuestra opinión innecesaria, arrojó resultados previsibles superiores con más de un 95% de respuestas favorables (véase el texto completo del cuestionario compuesto de 5 preguntas). Si bien las autoridades venezolanas celebraron los resultados obtenidos, es muy probable que en La Haya, esta iniciativa haya indispuesto a los 15 jueces que integran el máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas: la pregunta tres en particular, la cual desautoriza decisiones tomadas por la CIJ en el 2020 y 2023 declarándose competente, así como la quinta que pareciera hacer a un lado lo que dictamine la CIJ en el futuro.

Al respecto, Guyana había solicitado desde el 30 de octubre  a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se supendiera esta consulta venezolana: en una ordenanza dada a conocer 1ero de diciembre del 2023, la CIJ ordenó medidas provisionales, sin exigir a Venezuela que suspenda dicha consulta. Al respecto, remitimos nuestros estimables lectores a  nuestra nota titulada “Guyana / Venezuela: a propósito de las medidades provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)“.

A modo de conclusión

Esta próxima reunión al más alto nivel entre Guyana y Venezuela también puede entenderse como una consecuencia indirecta de la última decisión de la CIJ tendiente a “apaciguar” los ánimos entre ambos Estados, a la que nos referimos en la precitada nota nuestra: un momento que hay que saber aprovechar y que Guyana y Venezuela parecieran dispuestas a no desperdiciar.

Una salida política entre dos Estados que litigan ante la CIJ siempre es factible, en la medida en que ninguna regla prohibe a los Estados negociar mientras están enfrentados en una contienda legal ante el juez internacional de La Haya: es así como, en lo que respecta a América Latina, Colombia y Ecuador lograron un acuerdo (véase texto) en el 2013 a cambio del retiro de la demanda por parte de Ecuador contra Colombia interpuesta en marzo del 2008 por fumigaciones químicas colombianas afectando su territorio (véase texto de la demanda ecuatoriana en francés y en inglés). Resulta de interés señalar que al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ, Colombia se comprometió a depositarle a Ecuador la coqueta suma de 15 millones de US$, que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ (véase el punto 9 del precitado  acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013).

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