En una carta hecha pública por el personal de la oficina local del PANI de Alajuela, con fecha de 16 de mayo de 2019, denuncian las carencias, el acoso, el maltrato, el estrés y el malestar que están viviendo, luego del terrible caso del niño asesinado. Al respecto, me permito externar algunos criterios.
Lo que estos empleados denuncian es grave, pues informan que la necesaria ampliación de oficinas, de recursos y de personal que les urge y había sido planificada desde la administración anterior, ha sido paralizada en la actual administración, sin que medie explicación alguna para ellos. Además, indican que les están pidiendo que atiendan con mayor celeridad las denuncias prioridad uno de 2018, sin que se les indique qué hacer con las de este año, a pesar de que para 2019 ya llevan más de 1000 casos ingresados en esta oficina.
En mi opinión, una jefatura solo puede pedir resultados a sus subalternos si les ha provisto de todos los recursos necesarios para hacer su trabajo. Estos empleados denuncian no dar abasto con las denuncias, no contar con suficientes recursos materiales básicos (vehículos, equipo de oficina, telefonía) y que no se les ha dotado del personal profesional suficiente para atenderlas (trabajadores sociales, psicólogos, abogados).
La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema muy complejo, pues está influido por diversos factores, donde nadie cuenta con alguna especie de “esfera de cristal” para predecir con exactitud lo que puede pasar en cada caso. Sin embargo, la investigación científica muestra que sí hay programas que contribuyen a reducirla, como por ejemplo los programas de educación a la familia en crianza positiva, la terapia familiar sistémica o la terapia cognitiva-conductual, acompañados de la disminución de factores de riesgo contextuales disparadores de la violencia, tales como la pobreza, el hacinamiento, la desigualdad, la carencia de espacios de recreación saludable, o la cultura de aceptación y promoción de la violencia.
Esto quiere decir que la reducción de la violencia contra niños pasa por diversas dimensiones que son imposibles de resolver solamente por el PANI y que requiere, necesariamente, de las diversas instituciones del Estado, así como de la colaboración de la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, las organizaciones religiosas y el sector privado.
Para que esto cooperación ocurra de manera orquestada es necesario contar con un Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI) de niños, niñas y adolescentes, el cual existe jurídicamente en el capítulo IV del Código de Niñez y Adolescencia desde 1998, pero que muestra diversos problemas para operar como tal, los cuales fueron identificados en el 2015 por una investigación hecha por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la UNA.
Entre los principales hallazgos de esta investigación, se encontró que el SNPI: 1) está desarticulado entre sus niveles local, regional y nacional, 2) vio a su secretaría técnica ser desmantelada y reducida a la mínima expresión (dos personas, pero el estudio estima que requiere 22 para hacer lo que debería en todo el país), 3) no cuenta con un verdadero centro de procesamiento y análisis de información estratégica, 4) no promueve adecuadamente la participación local, y 5) no realiza una verdadera coordinación interinstitucional.
Este estudio fue presentado a los diputados de la comisión de niñez y adolescencia de la Asamblea Legislativa en la pasada administración (2014-2018), conteniendo una detallada propuesta de las reformas legales necesarias para echarlo a andar al SNPI, pero estos políticos no hicieron nada al respecto. Peor aún, esta Asamblea Legislativa tomó la decisión de quitar al PANI una fuente de financiamiento muy importante: eliminó de su ley orgánica la normativa que establecía que esta institución debe recibir obligatoriamente el 7% de lo recolectado por el impuesto sobre la renta (artículo 34, inciso a).
A lo anterior, se suma que la presidencia ejecutiva actual se enfoca solamente en “atender incendios” (casos de violencia), como ella misma lo ha dicho, pero sin una estrategia integral, robusta y basada en evidencia para evitar que estos ocurran y reducir su incidencia, muy a pesar de que hoy contamos con investigación que comprueba la eficacia de varios programas preventivos, educativos, terapéuticos, asistenciales y contextuales, mientras que muestra el daño que producen las acciones tradicionales, tales como institucionalizar niños en albergues. Así las cosas, es urgente invertir los recursos públicos con base en evidencia científica y conocimiento especializado allí donde demuestran mejores resultados, buscando atender las causas de los problemas y los factores más críticos que median en ellos, y no quedarse solamente en “apagar incendios”, ignorando la evidencia científica que ilumina rutas de acción más estratégicas, más inteligentes y, lo más importante: ¡que sí funcionan!
__________________________________________
Anexo: texto original de la citada carta:
De: Oficina Local de Alajuela
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2019 10:21
Para: Lista de Funcionarios Pani
Asunto: Pronunciamiento de la Oficina Local de Alajuela
Alajuela 16/05/19
A toda la comunidad institucional:
Por este medio, el equipo de la Oficina Local de Alajuela, hace de conocimiento público que este día estaremos con la Oficina cerrada a la atención al público y estaremos reunidos trabajando y analizando en profundidad diversos problemas que nos aquejan.
A raíz de la reciente muerte del niño en Sabanilla de Alajuela y ya desde mucho tiempo atrás, se están presentando en nuestra oficina serios problemas de índole laboral que afecta al colectivo de trabajadores.
Como es ampliamente conocido en la Administración anterior se había planeado la apertura de oficinas, con el aval de Mideplan y la oficina de planificación, sin embargo, dicho proceso se abortó, sin que para los trabajadores se nos diera a conocer los detalles de dicho retroceso.
En la Oficina de Alajuela a la fecha ya llegamos en esta semana a las 1000 denuncias del 2019, y para atender las mismas no contamos con el personal necesario. Según datos de planificación esta es la oficina de mayor demanda, pero aun así no cuenta con el personal adecuado para atender lo que implica la atención de una denuncia (visitas comunales, entrevistas, seguimiento, inclusión en sistema).
Esto sin mencionar las limitaciones de recursos, en esta Oficina el teléfono tiene más de dos semanas de no funcionar, el fax sólo recibe documentos, no se puede trasmitir, desde hace más de dos meses. Una impresora multifuncional tardó más de 4 meses sin una reposición oportuna. Y no hay dinero en caja chica suficiente.
Tenemos varias semanas de haber iniciado un proceso bajo la supervisión de la Gerencia, donde se nos pidió dar prioridad de atención a las denuncias prioridad 1 del 2018 que estaban atrasadas, esto como una forma de “reparar” la incapacidad de atender las demandas. Frente a esta “estrategia” no se dio instrucciones de parte de las autoridades de qué hacer con todos los pendientes de 2019, fueran prioridad 1, 2 o 3, procesos especiales de protección, judiciales y otros que se iban acumulado.
Con el lamentable fallecimiento del niño en Sabanilla hemos tenido que enfrentar situaciones de alta carga emocional, como es el acoso de la prensa, de otras instituciones y el peor acoso “el de nuestra propia institución”, que está evidentemente lejos de brindarnos ningún apoyo.
Nuestra política de prensa sale siempre a hablar a la opinión pública indicando o sugiriendo que el problema es del personal, de la Oficina y peor aún de “un funcionario que no actuó”. Queremos que la política en manejo de prensa sea para defender a la institución, posicionarla como lo que es, una institución con una labor muy importante y con funcionarios que dan un trabajo de calidad en la medida de sus capacidades.
Como miembros de este equipo de trabajo todos asumimos las honras fúnebres del niño, sintiéndonos en lo más profundo conmovidas, se hizo una misa y un entierro a aquel pequeño que estaba sin ningún familiar cercano que le recordara. Una muerte que la sociedad y la misma Presidencia nos achaca a los funcionarios de esta oficina.
Estamos aún a la espera de que nos brinden de parte de recursos humanos contención emocional o primeros auxilios psicológicos, pues nuestro grupo está afectado emocionalmente en lo más profundo por la sensibilidad que nos caracteriza ante la violencia contra un niño.
Al contrario, la Gerencia Técnica y Presidencia piden informes que indican su deseo de buscar a quién se responsabiliza o bien a quien se despide. El estado de tensión afecta nuestras relaciones laborales e interpersonales, que ya casi no queramos hablar entre nosotras o incluso que nos respondamos de formas quizá no muy asertivas.
Además, somos nosotras las que al desplazarnos a las comunidades escuchamos improperios de vecinos que dicen “ahí van viejas vagas… ahora sí trabajan”.
Queremos mencionar que, para agravar nuestro estado emocional, ayer nos comunican que todo el personal tenemos que cumplir con la “atención” de 310 denuncias prioridad 1 de 2019, en un plazo de 10 días hábiles.
Igualmente, sin que se nos indique quién continuará las responsabilidades de los otros procesos que se llevan y se deben “dejar de atender” (las medidas que se venzan, los seguimientos, los plazos judiciales que exigen los juzgados, denuncias nuevas), para cumplir dicha exigencia.
Consideramos lo anterior un trabajo carente de ética profesional donde solo se podría ofrecer un servicio mediocre a nuestros usuarios incumpliendo obviamente con lo dispuesto en los protocolos institucionales. En este proceso de “emergencia” para cumplir con lo atrasado se está en riesgo de incurrir en fallas y errores.
Aunado a lo anterior hoy se inicia un proceso de digitalización de documentos en toda la oficina que nos dejará sin los expedientes físicos en nuestros escritorios.
Por lo anterior, preliminarmente pedimos que:
Se apersone en esta oficina la Gerente Técnica, la Gerente de Administración, Planificación, personeros de distintos grupos gremiales o sindicales a los que pertenecemos.
Que se declare a esta oficina en estado de emergencia y de excepción.
Que se eximan para esta oficina los plazos del dichoso modelo de atención y protocolos, los cuales en todo momento se ha sabido que son imposibles de cumplir y que la misma Gerencia Técnica lo sabe.
Que se solucione de inmediato el problema del teléfono y del fax. Que el DAI vea las atenciones inmediatas de Alajuela, ya que somos parte del Gran Área Metropolitana y se valore este estado de emergencia y se nos ofrezca el personal necesario para atender las emergencias, que este colectivo laboral se declara insuficiente para su atención.
Que se retome la apertura de la Oficina de San Rafael de Alajuela para este mismo año. Que se nos nombre un equipo interdisciplinario, Abogado, Trabajador Social y Psicólogo para esta oficina, y otro operador de equipo móvil.
Solicitamos a todo el personal de Patronato Nacional de la Infancia que se pronuncien formalmente haciendo ver las problemáticas que nos aquejan y siempre callamos.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.
