Costa Rica ha sido noticia en las últimas semanas alrededor del Mundo, debido a la polarización que enfrenta su sociedad de cara a una segunda ronda electoral; junto a las posturas tan contrarias en donde se defiende y por otro lado se ataca, a cada uno de sus candidatos. Evidenciando que ésta Nación está atravesando una de las mayores crisis político-sociales de su historia, la cual tiene radicalmente dividida a la mayoría de su población.
Enfrentándose a una creciente ola de violencia y odio desatado que afecta a quienes se declaren abiertamente en pro de los Derechos Humanos de todas y todos los costarricenses. Más allá de cualquier fanatismo religioso imperante, que busca sacar provecho de éstas elecciones presidenciales y donde un porcentaje de personas han depositado su fe y esperanza; junto a otras que solo atacan y cuestionan a todo aquel que no siga o valide a un supuesto mesías, aduciendo que tienen el monopolio de hablar con Dios e incluso hasta ser sus intérpretes.
Todo esto a raíz de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la opinión consultiva hecha por el Gobierno de Costa Rica, en cuanto a diversos temas de derechos relacionados con la población LGTBIQ y donde, el sector de la población más progresista apoya su reconocimiento; mientras que el más conservador y ahora además fanático, lo rechaza y descalifica de plano.
La crisis que sufre Costa Rica, se ha agravado debido a que los fondos económicos con que contaba el Estado, han sido mal administrados durante décadas, generando un endeudamiento desmedido, crisis fiscal y concentración de la riqueza, en perjuicio de las poblaciones más vulnerables, junto con la corrupción institucionalizada, el incremento del narcotráfico y crimen organizado, sumado a un sistema de salud completamente colapsado y una infraestructura vial totalmente obsoleta.
Porque éstos son algunos de los puntos relevantes que deberá de asumir como reto, el nuevo cuerpo de gobierno el próximo primero de mayo, además de una Asamblea Legislativa que ha mutado en un sector de fanáticos religiosos y por otra parte, partidos políticos sumamente fraccionados a lo interno y externo, evidenciando la punta del “iceberg” de una crisis democrática que los más conservadores no quieren aceptar y menos divulgar, con la excusa de que generaría más caos social perjudicando al país, frente a la comunidad internacional que a estas alturas, ya ha sacado sus propias conclusiones frente a tal coyuntura, pero desde hace décadas. Porque los fenómenos sociales acontecidos en este país, plagado de doble moral, no son un secreto para nadie y menos para los observadores internacionales, sociólogos y politólogos, además de los extranjeros radicados aquí.
Por otra parte, los más progresistas y con sentido común, no albergan ninguna traba para evidenciar, los volátiles acontecimientos en torno a un problema de distribución de la riqueza, en donde los más desfavorecidos han sido excluidos por décadas; producto de un sector privilegiado de la población con participación política heredada, poder económico y de decisión, además de carente de conciencia social y sumamente conservador, frente a los derechos y deberes más ajenos que propios. Pero defendiendo a ultranza una posición totalmente neoliberal, aunque solo en el aspecto económico.
Donde el Capitalismo Salvaje importado de Norteamérica, se ha camuflado a través del adoctrinamiento religioso, que no tiene nada que ver con las grandes Reformas hechas por Martín Lutero y Calvino en Europa, tergiversando el discurso y su mensaje religioso, en un continuo y espurio manoseo de la fe, frente a aquellos más vulnerables que deben ser visibilizados, como víctimas del populismo religioso, expresado en un clientelismo político de nuevo corte.
Porque la “democracia más estable de América Latina”, para un sector importante de la sociedad, ha sido objeto de un Golpe de Estado, pero a la “Tica.” Lo que significa, a vista y paciencia del Tribunal Supremo de Elecciones, el cual, no se ha pronunciado en relación a, dictaminar si la campaña política del Partido Restauración Nacional fue inconstitucional o no. Ya que expresamente la Constitución Política de Costa Rica dice en su artículo 28 que: “no se podrá […] hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.
Por tanto, el pueblo de ésta Nación se ha volcado a exigir una respuesta pronta y cumplida al Tribunal Supremo de Elecciones, para que resuelva las denuncias que han sido interpuestas en contra del Partido Restauración Nacional, antes del primero de abril del año en curso.
Debido a que esa organización, utilizó la religión como medio para la captación de votos, como lo han atestiguado cientos de denuncias, las cuales no son desconocidas para nadie. Aunque pareciera que sí, para este órgano fiscalizador y orientador de toda contienda electoral, y que ahora más que nunca, debe dejar en claro a todos los costarricenses, cuál es su verdadera función, frente a esta coyuntura que tiene polarizado a un país, que está siendo visto y catalogado, como el más conservador y represor, socialmente hablando.
Porque ésta es la manera tradicional de acuerdo con la idiosincrasia de Costa Rica, de cómo se da un golpe de estado, pero sin detonar ni un solo disparo. Para que tomen nota, todos aquellos que se han encomendado a la tarea de denunciar el populismo ideológico, que ahora tiene una nueva acepción, que en este caso sería el fanatismo religioso de adoctrinamiento y control social, como una nueva expresión de dictadura en América Central…
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