En nuestros doscientos años de vida republicana los costarricenses hemos alcanzado notorios logros en una democracia que está en construcción permanente, que en cualquier momento puede debilitarse incluso desaparecer, lo que supone que la legitimidad de la democracia no se adquiere de una vez y para siempre.
El presidente de la República Rodrigo Chaves desde la campaña política ha hablado de la lucha contra la corrupción. Ahora en el ejercicio del poder su equipo de trabajo impulsa proyectos para el fortalecimiento a la gobernabilidad democrática, transparencia en la función pública, acceso a la información. y, se ha insinuado el desarrollo de normativas que protejan los derechos de los individuos en materia de denuncias anticorrupción.
La democracia implica cambios, por lo tanto es considerada como una forma de gobierno, justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes.
Costa Rica aspira a ser una sociedad más equitativa, más justa y más moderna. Compartimos ese deseo, sabiendo que las soluciones requieren de esfuerzos colectivos, y que hay problemas estructurales que deben ser enfrentados con transparencia, inteligencia y con disposición para llegar a consensos amplios en la sociedad.
La corrupción se origina en la ausencia de mecanismos democráticos generalizados, lo que conduce a un debilitamiento de la idea de nación y de una solidaridad fundada en el bien común, y refleja fallas en delimitar lo público y lo privado, por la existencia de un ordenamiento jurídico e institucional inadecuado a la realidad nacional y/o por la inoperancia práctica de las instituciones públicas.
Es claro que la corrupción no es un problema exclusivo del gobierno y el Estado, es una bomba de tiempo que se incuba en diversos espacios públicos y privados, pero que cobra mayor relevancia social cuando afecta lo público.
Desde un punto de vista económico la corrupción tiene un costo social en la medida en que los funcionarios públicos adopten decisiones guiándose por motivos ajenos al interés público y no tomen en cuenta las posibles consecuencias adversas de esas decisiones para la comunidad.
Finalmente, es hora de que la corrupción sea considerado un problema económico, porque tiene implicaciones significativas sobre el funcionamiento de la economía, entre ellos:
1.Distorsiona el esfuerzo productivo y los objetivos de producción de los productores, los que se orientan a la búsqueda de rentas, el oportunismo y las ganancias excesivas.
2.Desarrollan y perpetúan estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados.
3.Proveen bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos.
4.Reducen los incentivos a la inversión debido a los mayores niveles de riesgo.
5.Desincentiva la entrada de potenciales empresarios a los mercados, en particular los inversionistas extranjeros.
6.Frena la innovación y el desarrollo creativo porque se desprotege la propiedad intelectual.
7.La corrupción representa un robo de recursos públicos cuyo costo social es considerablemente mayor que el beneficio que provee para el funcionario corrupto.
8.Distorsiona la toma de decisiones en el sector público respecto a los servicios e inversiones que debe efectuar el Estado.
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