El debilitamiento y caída de los partidos políticos tradicionales (PLN, PUSC, y el PAC), es atribuible a muchos factores, entre los que se destacan la mala gestión. Sumado a esto, está el clientelismo político, el incumplimiento, la corrupción, la impunidad, y la vinculación de algunos de sus militantes con organizaciones al margen de la ley.
Las crisis de los partidos, han terminado por desgastar el sistema democrático y a sus propios partidos políticos, lo cual además, ha conllevado a que la sociedad, busque alternativas de cambio y renovación, opción que han encontrado en el surgimiento de partidos políticos de garaje.
Ciertamente, la democracia es la piedra angular de la sociedad costarricense y por lo tanto su fortalecimiento y promoción de la buena gobernabilidad es una de sus principales tareas, para garantizar la paz, la seguridad, el desarrollo y la sostenibilidad de la misma.
No obstante, tenemos una democracia agotada, un establishment más preocupado por sus negocios que por el bienestar del país, que intentó apuntalarla sin bases sólidas, en un marco constitucional, indudablemente neoliberal que ha apostado por la desigualdad y la exclusión.
Cada vez es más urgente un proceso participativo que, desde abajo, logre construir nuevas bases de entendimiento, convivencia y solidaridad. Un proceso que se traduzca en una nueva asamblea constituyente que redefina las reglas del juego, que reedite el pacto social y edifique una democracia profunda y de avanzada.
Dado que, el sistema político costarricense está atrofiado y los desafíos que enfrenta el gobierno están plagados de complicaciones cada vez más complejos como lo son; el narcotráfico, el desempleo, el crecimiento de la delincuencia organizada que sin pausa somete a más regiones, la agudización de la pobreza y la desigualdad, el quebranto fiscal y las dificultades de una economía que no despega.
En el ordenamiento jurídico-administrativo costarricense, las municipalidades tienen un papel relevante en la gestión y administración de los intereses y servicios locales. Siendo la estructura política–administrativa más cercana a la ciudadanía, y transformándose en un facilitador del desarrollo local, para generar estrategias que se traduzcan en acciones que beneficien a la comunidad en su conjunto.
Esto supone descentralizar más poder desde el gobierno central hacia las municipalidades, como respuesta a las demandas crecientes de servicios en las provincias. Para esto es importante involucrar al sector privado en la prestación de los servicios municipales y en las inversiones de desarrollo urbano y la creación de puestos de trabajo en sus territorios.
Finalmente, las municipalidades han comenzado a tener mayor importancia política, económica y social. En este sentido, el municipio debe asumir nuevos roles, que le permitan la conducción de nuevos procesos productivos que promuevan el crecimiento económico.
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