Desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS), en una posición de defensa de los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación ante el debilitamiento sostenido de la inversión social en el país. Esta situación representa una amenaza para la garantía de los derechos fundamentales y agrava desigualdades estructurales que afectan históricamente a amplios sectores de la población.
Resulta especialmente preocupante, que funcionarios gubernamentales declaren avances en reducción de la pobreza y desempleo, invisibilizando a quienes viven en condiciones de precariedad y exclusión. Según la Encuesta Nacional de Hogares (2024), el 18% de los hogares se encuentran en pobreza, y el 4,8% en pobreza extrema.
Estas cifras que, aunque muestran una leve mejoría, se explican principalmente por el aumento del empleo informal y cambios metodológicos en la asignación de la condición de pobreza, y no precisamente por un avance en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
En el contexto latinoamericano actual, marcado por crisis democráticas y políticas de austeridad, es fundamental revisar críticamente los ajustes fiscales que impactan directamente en el bienestar de las personas. Como advierte el Informe Estado de la Nación (2024), la inversión social, educativa y en infraestructura, ha retrocedido, mientras el desempleo abierto solo descendió, en parte, por el aumento de la inactividad laboral.
Además, persisten brechas salariales por sexo, origen y acceso a la educación, según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (2024), lo que evidencia patrones de exclusión que se intensifican cuando el Estado se repliega de su rol garante de derechos.
Por otro lado, la inversión social cayó al 9,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, su nivel más bajo en una década, incumpliendo el mandato constitucional y afectando gravemente sectores clave como la educación, donde el presupuesto se redujo al 4,9% del PIB.
El número de becas para personas menores de edad en situación de pobreza disminuyó drásticamente, al igual que los cupos en la red de cuido, limitando las oportunidades de desarrollo para miles de niñas y niños. Ante esto, resulta contradictorio afirmar que “la justicia social ya se siente en la vida diaria de las familias”, cuando los programas esenciales están siendo desmantelados.
Según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en 2023 se redujo en un 6,53% la inversión social, lo que representó ₡50.271 millones menos en programas sociales. Frente a este escenario, desde el Colegio nuevamente:
- Exigimos revertir los recortes y adoptar políticas centradas en la equidad y dignidad humana.
- Reclamamos respeto por las personas en pobreza, excluidas de lo más básico para una vida digna para ellas y sus familias.
- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento de lo público.
- Llamamos a la ciudadanía y sectores sociales a unirse en la defensa del derecho a una vida digna.
Garantizar derechos no es opcional. La inversión social no es un gasto: es una apuesta por el presente y el futuro del país.