El resultado electoral de Brasil deja una reflexión que trasciende la disputa entre izquierda y derecha. Más allá de quién gobierne, conviene preguntarnos qué estamos construyendo cuando organizamos movimientos políticos alrededor del rechazo a un adversario, en lugar de hacerlo sobre principios y compromisos claramente definidos.
La confrontación de ideas es legítima y necesaria en una sociedad libre. No todos tenemos que pensar igual ni compartir una misma visión política. El problema surge cuando la oposición a un adversario se convierte en el principal elemento de unión y termina justificando actuaciones que contradicen los principios que decimos defender.
¿Queremos construir alternativas sustentadas en principios o simplemente reunir personas que tienen adversarios en común?
Cuando una organización se define principalmente por aquello que rechaza, corre el riesgo de depender de su adversario para construir su propia identidad. Así, puede terminar tolerando privilegios, arbitrariedades o concentraciones de poder que cuestionaría si provinieran de otro sector político.
Defender el mercado no convierte automáticamente a un movimiento en liberal. Tampoco promover determinados servicios públicos convierte necesariamente a una organización en socialista. Las etiquetas agrupan posiciones diversas, pero no sustituyen el análisis de los principios ni de las decisiones concretas.
El liberalismo clásico no se define por estar a la derecha de la izquierda, sino por reconocer al individuo como titular de derechos que el poder político debe respetar. La libertad individual, la propiedad privada, la igualdad ante la ley y los límites al poder constituyen principios que no deberían depender de quién gobierne.
Por eso, el liberalismo no necesita que pierda la izquierda para demostrar su valor. Necesita demostrar que sus principios contribuyen a construir una sociedad más libre, próspera y responsable.
Pero esa demostración exige coherencia entre lo que se defiende y lo que se hace.
La libertad económica requiere reglas claras, protección de la propiedad, competencia y ausencia de privilegios injustificados. La responsabilidad fiscal exige reconocer que los recursos públicos provienen de los ciudadanos y que su utilización debe responder a funciones legítimas, con límites y mecanismos de rendición de cuentas.
De igual manera, el funcionamiento de las instituciones no puede evaluarse únicamente por su eficiencia administrativa. Una institución puede cumplir sus metas y ejecutar sus recursos sin que ello justifique las competencias que ejerce o las cargas que impone.
Antes de preguntarnos qué tan eficiente es el Estado, debemos preguntarnos qué le corresponde hacer, cuáles son los límites de su actuación y cómo protegemos al ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder.
Un Estado limitado no es simplemente un Estado más pequeño. Es uno cuyas competencias están claramente definidas, sometido al Estado de derecho y obligado a respetar los derechos individuales. Su legitimidad no proviene de cuánto interviene ni de cuántos recursos administra, sino del fundamento jurídico de sus actuaciones y del respeto a los límites que las condicionan.
Desde esta perspectiva, Costa Rica necesita algo más que nuevas coaliciones electorales.
Las alianzas políticas son legítimas y pueden ser necesarias en una democracia pluralista. No requieren uniformidad de pensamiento, pero sí claridad sobre los principios compartidos, los compromisos asumidos y los límites que sus integrantes están dispuestos a respetar.
Una coalición puede construirse para ganar una elección; un proyecto político debe ser capaz de explicar para qué quiere gobernar, qué límites impondrá a su propio poder y cómo responderá ante los ciudadanos.
Esta diferencia también obliga a examinar los incentivos de quienes promueven la unidad. ¿Buscamos establecer acuerdos para proteger las libertades y enfrentar los problemas públicos o simplemente construir plataformas que faciliten el acceso de determinadas personas al poder?
No se trata de presumir malas intenciones. Los intereses particulares existen en toda organización y su existencia no es, por sí misma, ilegítima. Precisamente por eso, los acuerdos políticos necesitan reglas transparentes, responsabilidades definidas y mecanismos que permitan exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La unidad política no debería convertirse en un fin en sí mismo. Reunir personas bajo una misma bandera puede facilitar una candidatura, pero no necesariamente constituye un proyecto político coherente.
Antes de preguntarnos cómo unir a determinados sectores, deberíamos preguntarnos qué principios estamos dispuestos a defender juntos, incluso cuando hacerlo implique renunciar a una ventaja electoral o cuestionar a nuestros propios aliados.
Porque la verdadera coherencia no se demuestra cuando defender un principio resulta conveniente, sino cuando estamos dispuestos a sostenerlo a pesar de sus costos políticos.
La lección que Costa Rica puede extraer de estas disputas electorales no consiste en la necesidad de derrotar a una determinada corriente ideológica, sino en reconocer que una alternativa política debe evaluarse por los principios que defiende, los límites que acepta y la responsabilidad con que ejerce las funciones que legítimamente le corresponden.
El objetivo no debería ser que gobiernen quienes se identifican como liberales, sino que Costa Rica sea cada vez más libre, independientemente de quién gobierne.
Y eso nos deja una pregunta que debería orientar cualquier esfuerzo por construir una alternativa política:
¿Estamos construyendo organizaciones para proteger la libertad de las personas y limitar el poder, o utilizando esas aspiraciones como justificación para alcanzar el poder?
