La educación ha sido, es y será una prioridad para el desarrollo social y económico de Costa Rica. La educación es un vehículo de movilidad social por excelencia, siendo por mucho tiempo un motivo de orgullo para los costarricenses. Sin embargo, figuras públicas como el exministro Leonardo Garnier, recurren a una narrativa simplista y desinformada para criticar las acciones de la Administración Chaves Robles en materia fiscal y educativa, ignorando los problemas estructurales que han caracterizado al sistema educativo por décadas.
Afirmar que “Chaves y Nogui no quieren financiar la educación” es, además de irresponsable, carente de fundamento. Garnier omite mencionar que la ineficiencia en el gasto educativo ha sido una constante en Costa Rica. El aumento desmedido del presupuesto no ha garantizado ni calidad ni resultados, como lo demuestra la evidencia empírica internacional. Según se desprende del informe “World Class: how to build a 21st-century system” de la Organización Para la Cooperación y Desarrollo Económicos, a partir de cierto umbral, no existe una relación entre el gasto promedio por estudiante y su desempeño académico, donde, curiosamente, Costa Rica está en dicho límite. Así, incrementar el gasto sin resolver los problemas de fondo es, en el mejor de los casos, una pérdida de recursos y, en el peor, un acto de negligencia fiscal.
La meta constitucional de dedicar el equivalente del 8% del PIB a educación, fue impulsada sin prever una fuente de financiamiento sostenible. Esta medida, populista y fiscalmente irresponsable, no consideró que Costa Rica cuenta con una carga tributaria de apenas 14% del PIB. En teoría, más del 50% de la recaudación debería dirigirse a un solo destino, mientras que otros sectores clave como salud, seguridad, vivienda o infraestructura deben repartirse el resto de recursos. Don Leonardo y sus aliados ignoran deliberadamente esta realidad, promoviendo un discurso que romantiza el gasto sin considerar sus implicaciones en la estabilidad fiscal. Del 2006 al 2014, periodo durante el cuál el señor Garnier fue Ministro de Educación Pública, la deuda del Gobierno Central tuvo un incremento anual promedio del 13,4%, lo que derivó en que esta deuda aumentase en 4,5 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 33,0% a 37,6% del PIB. Hoy, esa deuda genera obligaciones financieras que desvían recursos que bien podrían estarse dirigiendo al sector educativo. Hoy se recoge lo que se sembró en las Administraciones Arias Sánchez y Chichilla Miranda.
El Gobierno actual ha tomado decisiones valientes y necesarias para corregir este rumbo. Priorizar la consolidación fiscal no es un capricho; es una obligación para evitar que Costa Rica caiga en un abismo de endeudamiento insostenible. Este enfoque no niega la importancia de la educación, sino que busca garantizar que cada colón invertido tenga un impacto real y medible. El despilfarro de recursos debe terminar, y el énfasis debe estar en eficiencia, transparencia y resultados.
Es hipócrita acusar al Gobierno de “sacrificar la educación” cuando se omite que, durante el periodo de mayor gasto, no se lograron grandes avances en calidad educativa. Es momento de dejar atrás las narrativas polarizantes y enfrentarnos a hechos claros y palpables: la educación costarricense necesita reformas profundas, no un cheque en blanco que perpetúe ineficiencias.
La educación es, sin duda, el motor de la movilidad social y la clave para construir una sociedad más equitativa. Pero esa meta noble no se alcanzará con discursos populistas ni con medidas fiscales irresponsables. Si realmente queremos un sistema educativo de calidad, debemos asumir un compromiso con el manejo eficiente de los recursos públicos y con un financiamiento sostenible que no hipoteque el futuro del país.
La responsabilidad fiscal paga. Las acciones lideradas por el Ministerio de Hacienda han ampliado el espacio fiscal, lo que permitirá aumentar el gasto educativo de forma sostenible, pero sobre todo, de una manera fiscalmente responsable. Con un enfoque eficiente y planificado, se podrán financiar programas educativos que transformen vidas, sin comprometer el futuro económico de nuestro país. El fortalecimiento de la educación es esencial para construir una sociedad más equitativa y competitiva en el siglo XXI. Solo mediante un enfoque responsable y bien gestionado se puede garantizar que este pilar cumpla su promesa de movilidad social y prosperidad compartida para todos los costarricenses.
