El pasado 30 de octubre, la diputada Rosalía Brown, del partido Nueva República, expuso en su espacio de control político un problema que refleja los retos estructurales del sistema educativo costarricense. Su Plan Piloto busca brindar a niños y jóvenes de escasos recursos la oportunidad de aprender inglés, una habilidad clave para mejorar sus oportunidades laborales y calidad de vida. Sin embargo, Brown señaló la falta de colaboración de las universidades públicas en su propuesta, pese a los fondos públicos que reciben. Esta situación evidencia la necesidad de replantear cómo se financia la educación en Costa Rica y cómo nuestras instituciones responden a las demandas de la sociedad.
La Universidad de Costa Rica (UCR) respondió indicando que ya ofrece cursos de inglés y programas de extensión, de acuerdo con los objetivos definidos por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que sostiene a las universidades públicas. La falta de apoyo institucional a esta iniciativa refleja un problema más profundo: un modelo de financiamiento educativo que se centra en la oferta, es decir, que destina los fondos directamente a las instituciones, en lugar de beneficiar a los estudiantes de manera directa. Esta estructura, aunque contribuye a la estabilidad de las universidades, a menudo limita el impacto social de la inversión pública.
Los desafíos del sistema educativo en Costa Rica no son únicos. Países que lideran en educación a nivel global, como Finlandia y Singapur, han adoptado enfoques innovadores y centrados en el ciudadano. Estos sistemas no solo cuentan con financiamiento adecuado, sino que también priorizan estructuras que aseguran que los recursos públicos lleguen directamente a los estudiantes y respondan a las necesidades del país.
Por ejemplo, Finlandia y Singapur han diseñado currículos centrados en desarrollar competencias clave y fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. En Finlandia, el enfoque es holístico y flexible, promoviendo un aprendizaje adaptado a las realidades del estudiante. Este modelo, que permite que los jóvenes construyan su propio conocimiento, contrasta con enfoques más tradicionales centrados en la memorización, en los que el contenido educativo no siempre responde a las necesidades del mercado laboral. Un sistema educativo que responda a la demanda ciudadana debe adaptarse constantemente a las necesidades de desarrollo del país, con un currículum práctico y orientado hacia la innovación.
Además, en los sistemas educativos más exitosos del mundo, los docentes son altamente valorados. En países como Finlandia y Singapur, los estándares para la selección y capacitación de maestros son rigurosos. Este nivel de profesionalización otorga a los docentes la autonomía para adaptar sus clases a las necesidades de los estudiantes, promoviendo una educación que responde a los desafíos del contexto. Costa Rica podría beneficiarse de un sistema que valore a sus docentes y les otorgue la flexibilidad necesaria para optimizar el aprendizaje.
Uno de los aspectos más relevantes que Costa Rica debería considerar es el rediseño de su modelo de financiamiento para que los recursos sigan al estudiante y no se destinen únicamente a las instituciones. En países como Finlandia y Japón, el financiamiento estatal se concentra en garantizar educación gratuita y accesible en los niveles básicos, asegurando así una base sólida para todos desde el inicio. Esta inversión en educación primaria y secundaria permite que todos los ciudadanos tengan una oportunidad equitativa de desarrollo, reduciendo la dependencia de una educación superior que muchas veces excluye a las poblaciones más vulnerables.
El sistema educativo costarricense, tal como está diseñado actualmente, limita el acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje y desarrollo. La experiencia de la diputada Brown revela cómo muchos costarricenses, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, carecen de acceso a programas de capacitación tan esenciales como el aprendizaje del inglés. Para que la educación pública cumpla su verdadero propósito de generar libertad y oportunidades, es necesario transformar el sistema hacia un modelo que financie la demanda. Este cambio permitiría la creación de vouchers educativos o becas directas, de modo que los estudiantes puedan elegir la institución o programa que mejor se adapte a sus necesidades, generando así un sistema más competitivo y orientado a resultados.
Esta reestructuración del financiamiento no solo haría que las instituciones compitan por atraer a los estudiantes, sino que también generaría un impacto real en comunidades de bajos recursos, que dependen de la educación pública para mejorar su situación económica y social. Los sistemas educativos más avanzados, como el de Singapur, han demostrado que un modelo centrado en la demanda impulsa tanto la equidad como la eficiencia en la educación pública.
Costa Rica enfrenta el reto de modernizar su sistema educativo para que realmente beneficie a sus ciudadanos. Los países que han alcanzado altos niveles de calidad educativa no solo financian sus sistemas, sino que los adaptan constantemente a las demandas sociales y del mercado laboral. Como hemos visto en Finlandia y Singapur, el financiamiento adecuado, la profesionalización docente y un enfoque en competencias clave pueden transformar un sistema educativo, llevándolo a niveles de calidad y equidad admirables.
Para que Costa Rica avance en esta dirección, es fundamental cuestionar los paradigmas actuales y apostar por un modelo que no solo invierta en la educación pública, sino que también garantice que esta inversión llegue a quienes más la necesitan. La educación debe ser una herramienta de libertad y progreso, no de dependencia y exclusión, y es deber de todos trabajar para que este cambio sea una realidad.
