En el debate público costarricense se ha consolidado una práctica cada vez más evidente: el uso recurrente de “expertos” por parte de algunos medios de comunicación para afianzar sesgos y líneas editoriales previamente definidas. No se trata de consultar especialistas —eso es sano y necesario—, sino de seleccionar voces que confirmen una narrativa y presentarlas como autoridad técnica incuestionable.
En disciplinas como la gerencia de proyectos, existe una diferencia sustantiva entre analizar un problema y tener que resolverlo en condiciones reales. No es lo mismo modelar escenarios en un escritorio que tomar decisiones con presupuestos limitados, marcos legales rígidos, contratos en ejecución y consecuencias administrativas, sociales, políticas y jurídicas inmediatas. La academia cumple un rol esencial en la generación de conocimiento, pero la ejecución introduce variables que rara vez caben completas en un libro de texto.
Resulta impropio equiparar, sin más, a quien ha dedicado su carrera a estudiar un fenómeno con quien ha debido decidir bajo incertidumbre real, firmar actos administrativos y responder por resultados. Es difícil sostener que alguien sea experto si nunca ha tenido que ejecutar ni asumir la responsabilidad de las decisiones gerenciales que cualquier proyecto conlleva. Eso no invalida su aporte académico, pero sí delimita con claridad el tipo de experticia que posee.
Llamar “experto” a quien solo conoce la realidad desde los libros es tan problemático como llamar cirujano a quien nunca ha entrado a un quirófano.
La diferencia no es menor. Quien toma decisiones en la gestión pública vive bajo una permanente “espada de Damocles”: si no actúa, se le acusa de inacción; si actúa, se le cuestiona con el beneficio de la retrospectiva y, muchas veces, sin conocer el contexto operativo, presupuestario y contractual en que esa decisión fue tomada. El académico, en cambio, puede opinar sin cargar con la responsabilidad directa de lo que finalmente ocurra en un proyecto.
El problema se agrava cuando algunos sectores de la academia adoptan una posición casi oracular, como si hablaran desde un Olimpo técnico donde sus criterios no admiten réplica ni contraste con la realidad. Esa actitud no solo empobrece el debate, sino que además resulta funcional a quienes buscan convertir la opinión “experta” en un instrumento para legitimar posiciones editoriales, más que para mejorar las decisiones públicas.
En este contexto, también es legítimo —y necesario— que Costa Rica ponga en perspectiva los recursos públicos que destina a la academia y el retorno que el país obtiene de esa inversión. ¿Queremos pagar para que se nos repita, año tras año, que todo está mal? ¿O queremos que la academia participe activamente, desde etapas tempranas, para elevar la calidad de las obras, mejorar la toma de decisiones y asegurar mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos? Esa es una discusión madura que el país debe darse.
Esto no es una descalificación de la academia. Es una exigencia de rigor. La teoría y la práctica no son enemigas: son complementarias. Pero no son intercambiables. Un país serio necesita ambas, y necesita distinguir con honestidad quién aporta marcos conceptuales y quién asume la responsabilidad de convertirlos en resultados concretos.
Costa Rica no puede seguir confundiendo comodidad intelectual con autoridad técnica. El desarrollo no se construye a punta de dictámenes retrospectivos ni de experticias sin campo. Se construye con decisiones imperfectas, bajo restricciones reales, con responsabilidad firmada y consecuencias asumidas. A algunos les vendría bien releer a Voltaire y recordar que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Pero, sobre todo, al país le urge menos expertos de papel y más soluciones de acero. Menos cátedra para la tribuna y más trabajo en la obra. Menos oráculos del Olimpo y más gente dispuesta a arremangarse. Porque esa es la diferencia entre comentar el país con superioridad moral y hacerse cargo de él con responsabilidad total.