Ante la publicación Al Colper le urge un rescate publicada el pasado lunes 2 de setiembre y firmada por Gustavo Delgado Ramírez y Rocío Álvarez Olaso, exfiscales del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, la Junta Directiva de esta organización aclara cinco temas.
Primero, es totalmente falso que el Colegio ha mostrado “incapacidad de lograr generar ingresos de otra forma que no sea a través de un cuestionado timbre”, ya que, por primera vez, en los cincuenta años de historia de esta institución, a julio de 2019,los ingresos provenientes de la colegiación, alquileres y otros representan un 54,95% en contraposición con los derivados del timbre que son el 45,05% del total, situación que nunca lograron las juntas directivas anteriores en donde los exfiscales fueron miembros. Estos números no son fortuitos, sino fruto de una gestión administrativa financiera responsable e innovadora, que cuentan con el respaldo de una auditoría externa para dar certeza a las cifras que comunicamos.
Segundo, sería importante que los colegas informen en qué medio, canal, lugar o espacio algún miembro de esta Junta Directiva ha dicho que “solo los periodistas pueden “salvarnos” de las Fake News”. No poder demostrarlo más allá de un “error” es un falso testimonio, calumnia, mentira, invento…
Tercero, dicen estos dos comunicadores que “gran parte de los miembros del Colper son profesionales que ejercen en el sector público”. Ciertamente sí hay muchos colegiados del sector público, pero también hay un grupo considerable del sector privado. Ejemplo de ello es que, de los siete miembros de Junta Directiva, solo uno trabaja en el sector público, los demás en lo privado o propio.
Cuarto, ellos aseguran que el Colper “hoy violenta su propio Código de Ética que en su artículo 21 reza: Defender la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información como derechos universales”, al no permitir el ingreso de un periódico regional a las instalaciones de la organización. El dúo olvidó que uno de los principales mandatos de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica es “Defender los intereses de sus agremiados, individual y colectivamente”. Ninguno de los empleados del medio de comunicación en referencia es colegiado; su directora llanamente dijo que “la colegiatura en el Colper no es una prioridad”. Es falso que se le impidió dejar ejemplares de los periódicos porque “su directora no estaba al día con los pagos de su colegiatura”.
Respetamos su decisión de no ser miembro de nuestra organización, y esperamos que respeten uno de los beneficios que solo pueden disfrutar nuestros agremiados, que es distribuir sus publicaciones en el edificio del colegio, que construyó y mantienen sus colegiados. Esto no tiene que ver con libertad de prensa o expresión, sino con respeto a los derechos de los que forman parte de un cuerpo colegiado y a la propiedad privada, también tutelada en nuestra Constitución Política.
Quinto, afirman los exfiscales que tiene razón la colega del medio regional (que no pudo dejar los periódicos en nuestras instalaciones, porque su directora no está incorporada a nuestro gremio) que no encuentra ningún valor en estar colegiada. Respetamos su opinión y lamentamos que no valore que, por ocho mil colones mensuales (si fuera colegiada), podría disfrutar libre de costo adicional de capacitaciones de actualización profesional, actividades culturales, servicio médico, orientación legal, oficentro, estudio de grabación, Fondo de Mutualidad, becas para estudios, representación y defensa de los intereses profesionales en diferentes foros y por supuesto, dejar ejemplares del medio para el cual trabaja sin ningún tipo de restricción.
Como dijo Saramago “Nadie está obligado a amar a nadie, todos estamos obligados a respetarnos”. Mientras tanto, la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación seguirá alzando la voz, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, cuando se atropella la libertad de expresión y la libertad de prensa y será combativa en la defensa de los derechos y beneficios de sus agremiados, aunque el dúo de exfiscales critiquen sin fundamento.
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