En relación al tema del Estado laico, conviene conocer dos conceptos que dominan la discusión, para intentar comprenderlo mejor en su definición, posibilidades y alcances.
El primero corresponde a la ideología propiamente laicista, la cual se caracteriza por el concepto de separación entre Iglesia y Estado, y que desemboca en discriminación y exclusión hacia las religiones e iglesias, relegándolas al ámbito íntimo, privado e individual; las cuales estarían bajo restricciones y vigilancia por parte del Estado, en un clima de mera tolerancia y reducidas a simples instrumentos al servicio del control social y el orden público.
Desde esta perspectiva, también se propone una independencia del Estado en relación con la moral y las ideologías. De este modo estaríamos frente a un Estado laico puro. Como podemos notar, este concepto es tan idealista que resulta imposible su realización en la práctica, y más bien deja en evidencia la gran falacia del significado del Estado laico. Esto en primer lugar, porque el Estado es ante todo una institución política, es decir, una creación humana y administrada por humanos, y por lo tanto, concebir el Estado y su administración libre de ideologías, cosmovisiones o intereses, resulta extremadamente iluso y hasta antidemocrático.
Frente a este concepto de Estado, podemos preguntarnos ¿Dónde se podrían hallar políticos despojados de convicciones o influencias ideológicas, religiosas, morales o de intereses, para que administren el Estado? Me parece que en ningún lugar del mundo lograríamos un gobierno con estas características.
La otra manera de entender el Estado laico es desde la perspectiva de la Iglesia Católica, que lo concibe desde un concepto de “sana laicidad”, el cual reconoce y acepta la separación entre la Iglesia y el Estado, pero protegiendo jurídicamente la libertad religiosa y de conciencia, así como la mutua colaboración en el orden social y político orientado al bien común.
De este modo, el Estado no interfiere contra los principios y convicciones de las personas creyentes ni contra la acción de las iglesias o religiones; en particular de la Iglesia Católica, la cual no estaría impedida de desarrollar su acción pastoral ni se vería limitada en el anuncio de sus enseñanzas referidas a lo privado o público.
En este orden de ideas, tanto el Estado como la Iglesia, actuarían como instituciones al servicio del ser humano y del bien común, en una relación de mutuo respeto y colaboración, guardando y respetando cada una su propia naturaleza e independencia. Este concepto es más inclusivo y democrático, pero es antagónico con los principios y dogmas propiamente laicistas, lo que hace que su realización resulte compleja, conflictiva y hasta imposible.
Entonces podemos preguntarnos ¿Existe una forma de concebir y realizar el Estado laico de modo que respete realmente las creencias y prácticas religiosas de las personas creyentes, y que no represente límites y amenazas a la acción libre de las iglesias? ¿Es posible con una ley de libertad religiosa garantizar de modo suficiente frente al Estado, el respeto a la libertad de conciencia de las personas creyentes, y lograr una separación y colaboración sana y armoniosa entre lo político y lo religioso en el orden social?
En este escenario podemos contemplar las siguientes posibilidades: primero que el Estado laico absorba lo religioso y lo haga su servidor, de este modo ya no actuaría con verdadera autonomía frente al poder; segundo que lo religioso transforme la cultura laica y cambie la condición del Estado, suavizando sus posiciones, y llevándolo hacia un Estado no laico; tercero que ambos coincidan en un sano acuerdo de mutuo respeto y colaboración hacia el bien común – esto parece poco viable-; y finalmente, la cuarta opción sería que ambas entidades convivan en mutuas tensiones y en un clima de intolerancia laicista desembocando en la discriminación y violencia política contra las religiones.
Entre los aspectos a considerar, están que la intervención de lo religioso en lo público contradice lo propiamente laico, además de que en algunos asuntos importantes – y probablemente no pocos -, no habría coincidencias en lo que cada parte comprenda como “bien común”. También resulta difícil conciliar lo laico con lo religioso, por tener ambas realidades concepciones e intereses distintos y muchas veces contradictorios.
Lo cierto en todo esto, es que el Estado laico no acepta compartir el poder, ni reconoce a las religiones como aliadas en una relación de mutua colaboración al servicio del ser humano y orientada hacia el bien común; sólo le interesa la sumisión de todo y todos al poder del Estado. Es decir, busca sustituir la voluntad de Dios, la conciencia moral y finalmente la voluntad del pueblo, por la voluntad del Estado, expresada por medio de una institucionalidad, legislación y acciones, que no representan otra cosa más que la voluntad y los intereses de quienes gobiernan el Estado como si fueran sus verdaderos y únicos dueños.
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