Mediante concurso público nº CN-09-2022, la Comisión de nombramientos de puestos de elección de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, tramitan el proceso de selección para nombrar al hombre o mujer que ocupará el puesto vacante de Magistrado titular del Tribunal Supremo de Elecciones. El período para inscribirse se extendió del 3 al 14 de octubre del año en curso. Este puesto fue ocupado por espacio de 22 años por el Licenciado Luis Antonio Sobrado González, quien renunció en el mes de octubre de 2021, en medio de una polémica, tras la inscripción de una cuñada suya como candidata a la vicepresidencia y a una curul legislativa por el partido Costa Rica Justa.
La frase sobre la “inmunización frente a controles interorgánicos usuales” fue utilizada precisamente por el señor Sobrado González en un artículo suyo para la Revista de Derecho Electoral del TSE (“El régimen electoral en la Constitución de 1949”, nº 9, primer semestre de 2010, p. 14). En este expone las potentes competencias de este cuarto Poder de la República que ilustran esa suerte de “inmunización” frente a los controles ordinarios que detentan los otros tres Poderes del Estado sobre la mayoría de entes públicos. Así pues, en relación con el Poder Judicial destaca la imposibilidad de revisión en sede judicial de sus resoluciones en materia electoral dado su carácter inimpugnable. También resalta el conocimiento exclusivo de los ilícitos de parcialidad y participación política, cuyas sentencias gozan de autoridad de cosa juzgada material; competencias que suponen, según expone, una ruptura del principio de universalidad jurisdiccional del Poder Judicial.
En relación con la Asamblea Legislativa, cita las facultades del órgano electoral de interpretar auténticamente la normativa electoral y la obligación del órgano parlamentario de consultar la opinión del organismo electoral durante el trámite de elaboración de las leyes en esta materia. En relación con el Poder Ejecutivo subraya la dependencia del Registro Civil al TSE como medida para garantizar los procesos de cedulación, la fidelidad y transparencia del padrón electoral y la prevención de eventuales fraudes del gobierno de turno respecto de la lista de electores. Asimismo, resalta el mandato compartido excepcional con el Presidente de la República de la fuerza policial en época electoral para asegurar procesos electorales con garantías y libertades irrestrictas. Finalmente menciona la imposibilidad del Ministerio de Hacienda de modificar los “gastos presupuestados por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio”, todo ello a partir de las competencias y atribuciones dispuestas en la Carta Magna.
Efectivamente, el TSE fue dotado de amplias y significativas competencias para cumplir cabalmente su rol de juez o árbitro encargado de la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. Este Pilar de la Democracia, como también se le conoce, está integrado ordinariamente por tres Magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros que durarán 6 años en sus cargos, con posibilidad de reelegirse en forma indefinida. Este blindaje frente a injerencias de control externo supone en sus jerarcas una especial capacidad para implementar y desarrollar “medidas de autocontención” internas para un adecuado manejo de ese enorme poder depositado en sus manos.
La importancia de este nombramiento reside justamente en esa imperiosa necesidad de nombrar a un postulante que venga a aportar equilibrio, mesura, objetividad, imparcialidad, distancia con los grupos de poder político y una enorme dosis de tolerancia y respeto a la crítica y a los procesos de control interno.
Y es que debemos decirlo con total contundencia y seriedad, el Órgano Electoral ciertamente ha sido cuestionado por su alergia al “escrutinio interno”. En nuestra gestión sindical así lo hemos constatado y denunciado en diversas oportunidades. Y es que la debilidad de controles y peor aún, la “inmunización” a estos, puede degenerar en una peligrosa concentración de poder que trae consigo abusos y arbitrariedades. En este sentido, debe advertirse que el TSE fue una de las últimas instituciones del Estado en implementar una Auditoría Interna.
Esta resistencia a la fiscalización quedó plasmada justamente en la gestión de la primera Auditoría Interna que desarrolló funciones en la institución. En informe nº 315-AI-2014, el primer Auditor Interno señaló lo siguiente: “Se ha incubado un ambiente poco propicio para el análisis objetivo de las inconvenientes situaciones que se han originado desde hace varios años, con motivo de la existencia de un grupo de poder, con bajas posibilidades para establecer las condiciones necesarias en que se fundamente un sólido sistema de control interno en la organización Emblema de la Democracia” (25 de noviembre de 2005).
Algunos años atrás, la empresa EUROPA MANAGEMENT CONSULTING, contratada para la elaboración del Plan Estratégico Institucional en el TSE, había señalado, entre otros puntos de interés: “(…) Hay que hacer notar que algunos sectores de la institución tienen percepción de que ha habido abuso o mal uso de la autoridad en la generación de beneficios propios o de algunos grupos” (ps. 95-96). Si bien es cierto este informe fue puesto en conocimiento de los jerarcas desde el año 2001, las condiciones ahí señaladas aún persisten en algunas dependencias y muestra de ello son las sendas denuncias penales que nuestro sindicato ha presentado –en solitario ̶ ante la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción por nombramientos irregulares que denotan la comisión de eventuales delitos como el tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica, entre otros ilícitos, originadas por la existencia de estos grupos de poder.
Incluso la Contraloría General de la República ha realizado importantes señalamientos al TSE respecto a esta resistencia al control interno. Sobre este particular, ha indicado lo siguiente: “(…) De esta forma, está fuera de lugar interpretar que las decisiones de la Administración, en todos sus niveles –el jerarca incluido, están exentas del escrutinio de la fiscalización sea esta proveniente de la Auditoria Interna o, caso indiscutible de la Contraloría General de la República …” (Informe DI-CR-482 de 14 de setiembre de 2004). (Subrayado no es del original)
Las represalias por cuestionar las decisiones del máximo Órgano Electoral han sido rigurosas y desafortunadas. Así tenemos que el primer Auditor Interno del TSE fue despedido sin responsabilidad patronal luego de una tensa y conflictiva relación con la Administración Activa (resolución nº 1946-P-2008 de las 11:00 horas del 23 de mayo de 2008). Igual suerte corrió la exmagistrada Olga Nidia Fallas Madrigal quien apoyó la labor de denuncia desarrollada por el citado Auditor Interno. Contrario a lo que es casi una tradición de la Corte (reelegir en su cargo a los distintos magistrados), a la exmagistrada Fallas Madrigal la Corte Plena le negó esa posibilidad en una votación en la que nueve la apoyaron, once votaron en su contra y dos se abstuvieron.
La última muestra de la referida “alergia” a la crítica o escrutinio interno fue el despido sin responsabilidad laboral que sufrí en diciembre de 2021 por declaraciones que expuse en medios de comunicación donde realicé un reproche fundamentado sobre una decisión jurisdiccional tomada por el TSE en materia de financiamiento partidario. Esta arbitraria e injusta decisión se ventila actualmente en estrados judiciales. Vemos pues, un claro patrón de intolerancia a la fiscalización interna, una suerte de arrogancia acuerpada en una falsa creencia estructurada a partir de una estrategia de comunicación que promueve la falsa idea de hacer creer que “cuestionar al TSE” es sinónimo de un “ataque a la democracia costarricense”. No señores, el TSE, al igual que la Corte Suprema de Justicia y cualquier institución del Estado está compuesta por hombres y mujeres, con falencias y virtudes que pueden y deben soportar con objetividad las sanas críticas que reciban de su gestión pública.
Ciertamente, la nueva Administración Electoral ha dado señales muy positivas de cambio. Se han tomado importantes decisiones en altos puestos claves que en nuestro criterio eran fundamentales para mejorar el entorno laboral y atacar la concentración de poder, sin embargo, falta mucho trabajo por hacer en este ámbito laboral. Por estas razones, la asociación de empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE) tiene la esperanza de una elección que se decante por una profesional “inmune”, no al control interno o a la fiscalización de sus actuaciones, sino a las nefastas prácticas administrativas que hemos expuesto. El Tribunal Supremo de Elecciones y Costa Rica necesitan jerarcas que comprendan que un líder no lidera para mandar, sino para servir, que no busca brillar, sino iluminar el camino a los demás.
En tiempos de crisis política y sobre todo moral como el que atravesamos, con una cúpula de la Corte Suprema de Justicia fragmentada, con un profundo desgaste de liderazgos y legitimación de poder ante el pueblo costarricense, la ciudanía debe volcar su mirada, con especial interés, en los candidatos inscritos y el proceso de selección que se avecina. Debemos promover liderazgos frescos y renovados, que puedan ser electos mediante una votación pública que prohíje la transparencia como componente sustancial de nuestro Estado de derecho, sin dejar de lado la insoslayable necesidad de impulsar reformas constitucionales que permitan eliminar el carácter casi vitalicio de estos importantes cargos públicos.
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