Da gusto leer las biografías y obras de grandes juristas de antaño costarricenses, de los cuales nos enorgullecemos y hasta colocamos bustos en la entrada de los principales edificios de instituciones públicas, como el Poder Judicial. Y no pretendo exponer en estas líneas un argumento de apelación a la tradición (ad antiquitatem), pero es imposible no cuestionarse los motivos del declive en credibilidad y confianza que enfrenta la profesión de la abogacía desde hace varios años, y por supuesto, en la actualidad.
Si se hubiese consultado hace algunas décadas a un ciudadano o ciudadana común que esperar de una persona letrada en ciencias jurídicas, no hubiese resultado extraño que refiriera calidades como integridad, honradez, rectitud de conciencia. ¿Será que actualmente obtendríamos la misma respuesta? Es muy probable que sea todo lo contrario.
Toda profesión tiene su moral específica, preceptos de la ética general que orientan la conducta del profesional en el ejercicio de sus labores, sin embargo, la profesión del abogado, precisamente por el tipo de labores que supone, sitúa a los profesionales en esta materia en posiciones en las que debe, sobre todo, prevalecer la ética profesional.
Está claro que la formación más importante se recibe en el hogar, sin embargo, es menester que en los centros de estudios universitarios, en las casas de enseñanza del Derecho, se realice un correcto y profundo abordaje en el tema de la ética profesional o deontología, que logre calar en la conciencia de cada estudiante.
Lamentablemente en el sistema educativo costarricense pareciera que la norma consiste en que al final de la carrera se introduce rápidamente un cursillo de ética que se queda en el ámbito de lo teórico y nunca aterriza en lo práctico; mucho menos en el análisis de la realidad nacional. Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica pretende abordar esta problemática a través de un rápido curso que en poco se diferencia de los que imparten las universidades en el último año de la licenciatura.
Para nadie es un secreto que en nuestros días se cuestiona duramente la ética de las personas que desempeñan liberalmente la profesión de abogado y sobre todo, de aquellos profesionales en esta ciencia que la ejercen desde la función pública. Los sonados casos de presunta corrupción que han golpeado duramente la institucionalidad de este país e imagen que tiene la ciudadanía con respecto a varios órganos constitucionales patrios e instituciones públicas, han marcado una etapa histórica en la tradición democrática costarricense.
Si bien a lo largo de la historia patria no han faltado las noticias sobre sonados casos de corrupción, lo que se ha vivenciado a raíz del “cementazo” no tiene comparación alguna. Y es que para la imagen del Poder Judicial ha sido un golpe tras otro, y lo peor de todo, parece una historia de nunca acabar, ya que día a día colman las páginas de los medios de comunicación las desafortunadas noticias sobre cuestionables acciones de servidores y servidoras judiciales o alguna nueva oportuna jubilación.
La ética en el ejercicio de la abogacía reviste una especial importancia. El profesional en derecho es una persona clave en la sociedad, quien debe esforzarse por la búsqueda de la justicia, ser transparente en su labor, debe ser una persona íntegra, de entereza moral y debe ser un verdadero líder, como lo fueron tantos renombrados juristas a quienes les debemos hoy que Costa Rica sea un Estado Democrático y Social de Derecho. Sin embargo, lamentablemente, en la actualidad es fácil encontrar personas que utilizan sus conocimientos jurídicos para entorpecer, ralentizar o manipular procesos judiciales, que aprovechan su formación para quebrantar las disposiciones legales que más bien están llamadas a observar, que únicamente se interesan por aumentar su poder adquisitivo o alcanzar puestos de poder, sin importar las consecuencias que esto traiga para la democracia, para la institucionalidad, o para sus clientes.
En virtud de lo anterior, resulta urgente que se realice un exhaustivo análisis con respecto a las debilidades que presenta el sistema educativo costarricense en cuanto a la enseñanza de la ética y responsabilidad social, que se adopten acciones encaminadas verdaderamente a entender la relevancia de dicha ciencia, a combatir la resistencia que muchos docentes presentan con respecto al tema al considerar que la deontología es una pérdida de tiempo o la desidia de muchos estudiantes y profesionales que consideran que la ética es un simple curso de relleno.
Hoy más que nunca ha quedado en evidencia, tal como lo señaló hace más de cien años nuestro ilustre jurista Alberto Brenes Córdoba, que “sin firmeza de carácter para no transigir con lo malo, sin principios de honradez que arraiguen profundamente en su espíritu, jamás puede el abogado alzarse a mayor altura en la sincera estimación de sus conciudadanos, aunque le adornen, por otra parte, notables dotes de ingenio y saber”.
Pero también es necesario que los y las habitantes de Costa Rica tomemos conciencia de la realidad nacional, desarrollemos un pensamiento crítico con respecto a los acontecimientos que diariamente se anuncian en los distintos medios de comunicación y redes sociales, pero sobre todo, que no nos quedemos en la etapa del desencanto e indignación, sino que comprendamos el gran poder que como ciudadanos tenemos para ejercer control político, para exigir transparencia y probidad en la función pública, para demandar a los abogados y abogadas que ejercen liberalmente la profesión que lo hagan con total apego a la ley y a la ética.
Unidos tenemos una fuerza enorme, pero no sabemos utilizarla o no somos conscientes de ella. Muchas personas se preguntan ¿puedo hacer algo para cambiar la realidad nacional? Otras se plantean: puedo hacer algo, pero ¿de qué servirá? De nuestra Carta Magna se desprende, propiamente del artículo 9, que es nuestro deber como ciudadanos involucrarnos e interesarnos en el ejercicio de las facultades que el sistema democrático nos ha otorgado, mismas que debemos desempeñar con gran responsabilidad. Si decidimos ignorar hechos de corrupción e incorrecciones éticas que observamos casi diariamente, ¿cómo podríamos luego simplemente reclamar por el recrudecimiento de la crisis nacional?
Costarricenses: es hora de despertar de ese letargo y desidia que tristemente nos ha caracterizado y que se ha vuelto parte de la idiosincrasia tica. Este es el momento de actuar.
Abogados y abogadas: desempeñemos nuestra función con estricto apego a las exigencias de la deontología, seamos conscientes de la responsabilidad social de nuestra profesión, aprendamos de los errores y enseñanzas de otros, pero sobre todo, recordemos “ese comportamiento ético, tanto en nuestra vida privada como ciudadanos, pero con un mayor compromiso, en nuestro proceder público como abogados”, deber que curiosamente nos recalca señor Carlos Chinchilla Sandí, Exmagistrado y Expresidente de la Corte Suprema de Justicia en su obra “El Abogado ante la Moral, la Ética y la Deontología Jurídica”. ¡Si, estimada y estimado lector, él es el autor!
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