Lo que un día fue ya no es
En alguna de las clasificaciones históricas se consideró a los partidos como instituciones legítimas basadas en un ideario que sustentaba planes coherentes de acción política, y que por su vocación de poder, aspiraban a reclutar y colocar candidaturas idóneas en puestos de elección popular, para que en el eventual ejercicio del Gobierno -y según la previa oferta electoral- canalizaran las apremiantes demandas ciudadanas hacia el Estado para satisfacerlas de la mejor manera posible, a través de políticas públicas como respuestas institucionales.
A esas agrupaciones constitucionalmente se les reconoce pluralistas y democráticas, indispensables para la participación política y la formación de la voluntad popular, y legalmente se les define como asociaciones ciudadanas voluntarias y de derecho público, nacidas para intervenir electoralmente. No obstante, abundantes estudios politológicos coinciden en que los partidos políticos abandonaron este rol de agregación y tutela de intereses populares, para convertirse en grupos de afiliados que se organizan solo para competir en elecciones, postulando candidaturas salidas de cuestionables asambleas.
El asunto se agrava cuando en campaña tales aspirantes son promovidos por técnicas de mercadeo ayunas de propuestas serias y completas de solución a los problemas nacionales, porque interesa exaltar el supuesto carisma de los reciclados e improvisados liderazgos consumibles en el mercado electoral; bono extra si además vienen con la desigual doble postulación.
Más partidos y menos representación de calidad
Estas afinadas máquinas partidarias continúan al alza en cada proceso electoral, acompañadas del también aumentado abstencionismo, y en el nivel legislativo originan un multipartidismo fragmentado y con mayorías inestables, que nubla la visión de país y dificulta la construcción de agendas robustas que procuren el mayor bienestar de la gente, por preferirse el abrazo a inconfesables intereses ajenos al servicio público.
A la relativa baja productividad de leyes sustantivas, se suman interminables, costosos y estériles debates entre visibles oposiciones resentidas, cuyo control político se enarbola como manifestación del “check and balance”, cuando en realidad se ejerce mezquinamente para generar inciertos réditos electorales, aunque se sacrifiquen o posterguen las políticas públicas requeridas. En nuestro país, circunstancias como esas parece que no han pasado desapercibidas para la cada vez más consciente ciudadanía.
En la encuesta de opinión abril-mayo de este año, el CIEP de la UCR reportó que el 84% de las personas consultadas no tiene simpatía partidaria, y sobre la evaluación institucional, reveló que en la escala del 1 al 10 los partidos ocupan el último lugar con una calificación de 3.9, seguidos por la Asamblea Legislativa con apenas el 5.1. Ah, pero constitucional y legalmente solo son posibles las candidaturas a través de esas colapsadas asociaciones, y para el caso de las elecciones diputadiles ni siquiera se vota por personas, sino por listas previamente cerradas.
Afiliación y militancia para “candidatearse”
En ese monopolio partidista regularmente tienen derecho de integrar estructuras y ser candidatas a puestos de elección popular las personas que se afilian, lo que en principio no está mal si se considera que mediante ese acto se declara la voluntad de respetar el orden jurídico, y sujetarse a los principios doctrinarios y programáticos como señal de militancia.
Así, una persona “asociada” comparte la ideología partidaria, oferta electoral y un programa de gobierno que coinciden con su cosmovisión, originando un vínculo (militancia) que es reflejo de tal congruencia. Por el contrario, la desafiliación supondría una ruptura de ese lazo que atenúa la representación partidaria del militante, o lo limita a sentirse representado por el partido.
La ecuación política descrita está incompleta si no se le suma el sufragio universal, libre y secreto, indispensable para el acceso democrático al poder y su legítimo ejercicio. En palabras de nuestra Constitución, es un derecho/deber político: una función cívica primordial y obligatoria ante las juntas receptoras de votos, para escoger en elecciones competidas y libres las candidaturas postuladas por los partidos.
Por ejemplo, para la elección legislativa las candidaturas son por provincia y se designan según la mayor población en ellas, y los cargos inicialmente se “ganan” al dividir los votos válidos recibidos entre la cantidad de escaños que corresponda a cada provincia, operación que causa una cifra cociente que de no alcanzarla todos los partidos, las curules continuarán asignándose a los que recibieron votos por la mitad del cociente (subcociente).
¿Línea de partido asfixiante? Tránsfugas a la vista
Lo expuesto resultaba necesario para contextualizar la posible disfuncionalidad sistémica que ocasionan las llamadas diputaciones independientes (transfuguismo político), que consiste en la decisión que toman las personas titulares de esos cargos para separarse de la fracción legislativa que representa al partido –y su línea- por medio del cual obtuvieron el escaño gracias al voto popular.
Es decir, tales diputaciones se habían adscrito antes a las agrupaciones partidarias, en las que fueron escogidas como candidaturas que participaron en una campaña, recibieron recursos públicos y/o privados, conquistaron la buena fe del pueblo elector que aceptó sus ofertas plasmándola como sufragio a su favor, pero acaban alejándose de aquellas.
Salvo que haya sido el partido el que se apartó de sus principios, cambió drásticamente de rumbo y agenda, o entró en un ilegítimo conflicto con la fracción legislativa o una diputación en particular, la que se declare independiente (tránsfuga), y así lo comunique a la presidencia legislativa, podría estar rompiendo el lazo o afiliación que le unía con los principios y planes de gobierno que anteriormente declaró compartir y cumplir, y que ofreció al electorado como incentivo para su aceptación y voto, sin el cual no hubiera resultado electa.
En Costa Rica pese a la erosión de los partidos y su paradójica proliferación, no existe regulación mínima sobre el transfuguismo político, por lo que tampoco sucede gran cosa cuando las diputaciones se declaran independientes, tornando a sus agrupaciones en plataformas para su carrera política, porque desde luego conservan sus puestos, funciones, derechos legislativos y parlamentarios, excepto los propios de las bancadas.
Podría venirle bien al sistema de partidos, que la comisión especial de reformas políticas y electorales valore debatir el fenómeno para precisarlo normativamente, y sobre todo que las personas electoras, militantes o no, lo recuerden cuando deban escoger internamente candidaturas a diputaciones, y externamente seleccionar un partido y votar por sus bloqueadas nóminas en las elecciones nacionales; el desempeño legislativo real también será otro parámetro a considerar antes de votar.
