El 19 de octubre la comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa que preside el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, aprobó por unanimidad el proyecto de ley 22.607 denominado: LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL PARA PROMOVER LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES FUERA DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM).
Se trata de una iniciativa que se presentó a la corriente legislativa con la firma de 17 diputados de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Restauración Nacional y la Unidad Social Cristiana. Y que conto el apoyo técnico de la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones, CINDE. Así como con el respaldo de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local y los varios Gobiernos Locales fuera de la Gran Área Metropolitana GAM, entre otra gran cantidad de organizaciones.
La iniciativa tiene como su propósito principal, generar condiciones favorables para aumentar la afluencia de inversiones con impacto directo en la competitividad territorial, el crecimiento económico y la generación de empleos facilitando el establecimiento de empresas en el régimen de Zonas Francas fuera de la GAM, a través de reformas y adiciones puntuales a determinadas leyes, adaptadas a la realidad de estas zonas del país. Este conjunto de reformas y adiciones podrán incidir directamente en la toma de decisión de las empresas nacionales como extranjeras que, cumpliendo ciertas condiciones ya prestablecidas bajo el régimen de zona franca, inviertan en los territorios ubicados fuera del GAM.
Lamentablemente, el gobierno, en la figura de su ministro de Hacienda Elián Villegas, acudió a la asamblea legislativa y a los medios para rechazar este proyecto de ley, aludiendo “posibles” riesgo de evasión y elusión. Así como advirtiendo sobre una, según él ministro, “competencia desleal” y otros riesgos de inconstitucionalidad.
Dice Hacienda además que, “esto contradice los principios constitucionales de igualdad, equidad, razonabilidad y proporcionalidad”. Aseveraciones que, a juicio de nuestra cámara resultan hasta irónica, más aún al revisar la historia de las regiones periféricas del país y la génesis de lo que fue la intención del legislador al crear el régimen de zonas francas en el país, orientados justamente a propiciar la competitividad de estos territorios, mediante la aplicación de los mismos principios constitucionales de igualdad, equidad, razonabilidad y proporcionalidad al que se refiere el señor ministro.
La lógica de las grandes ciudades desarrolladas costeras con puerto, el mundo, no pueden estar equivocadas. Por ejemplo, las empresas bajo este régimen, dedicadas a importar sus materias primas por nuestros puertos y fronteras, para darle un valor agregado y luego, ser reexportadas por esos mismos puertos y fronteras, no tienen sentido de estar ubicadas en casi un 90%, a cientos de kilómetros de esos lugares. Esta iniciativa es un paso en la dirección correcta, para que mas actividades productivas de las áreas fabriles, comerciales, logísticas y de servicios nazcan y se desarrollen en estas zonas del país.
No es posible que para el 2020, el 90% de los recursos logrados por CINDE se quedaran en la GAM que representa tan solo el 4% del territorio nacional; Y que, para mismo periodo, de los 81 proyectos nuevos de Inversión Extranjera Directa, tan sólo 8 fueron a dar a “periferia”.
Finalmente, la AMENAZA de la llamada “crisis de los contendores”, que ha disparado los costos del trasporte marítimo mundial, y ha puesto en riesgo la cadena de suministros desde Oriente y Europa. Presenta una OPORTUNIDAD inmejorable para que, producto del “nearshoring”, empresas radicadas en esos lugares, transfieran sus procesos (tangibles o intangibles) a estas partes del continente, especialmente con el propósito de reducir costos y riesgos para llevar sus cargas hasta los países contratantes. En este punto, iniciativas como la planteada en el proyecto 22.607, viene a lograr que ciudades costeras y fronterizas de Costa Rica, se pongan a valer con la creación de grandes Hub, como ocurre en tantas urbes desarrolladas.
La inseguridad, la falta de acceso a las oportunidades, a la salud, a la educación se combate con el trabajo y la producción. No con la defensa a ultranza de los impuestos y la recaudación.
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