El sufragio otorga representación parlamentaria, no un cheque en blanco
Las diputaciones se postulan y eligen a nivel provincial; sin embargo, constitucionalmente representan a toda la Nación. Por ello, su desempeño debe medirse según el mayor bienestar que, individual o colegiadamente, procuren a las personas y al Estado, tanto en su labor legislativa como a través de un control sano y proporcionado.
Los derechos de los legisladores no son ilimitados ni superiores a sus deberes. La representación no es una patente de corso ni un manto de prebendas; al contrario, por la naturaleza de su cargo, toda diputación adquiere el compromiso técnico y ético de someterse al bloque de legalidad con mayor rigurosidad que el resto de los ciudadanos.
La función parlamentaria no es un blindaje místico: es una potestad delegada por el soberano mediante el sufragio y se ejerce en un espacio público sometido a la Ley. El recinto legislativo no es un coliseo verbal donde el insulto, el daño al honor o las actuaciones irregulares se perdonen de antemano bajo el ropaje de la opinión, el juicio, o el control político como derecho fundamental.
La Sala Cuarta, en múltiples sentencias como los históricos votos 3550-92 y 3173-93, ha sido categórica: los derechos fundamentales no son absolutos. El tribunal determinó que estas libertades nacen con restricciones intrínsecas: se subordinan al interés general, coexisten con el derecho de los demás y su frontera es la moral y el orden público. Por mandato constitucional, estos límites solo puede regularlos la ley y deben aplicarse bajo criterios de proporcionalidad e idoneidad.
La garantía constitucional de las diputaciones de emitir opiniones y votar según su juicio sin incurrir en responsabilidad, diseñada para protegerlas de presiones indebidas, encuentra su barrera infranqueable en el respeto a la dignidad humana, la verdad y el honor. Esta prerrogativa se desnaturaliza cuando la curul se usa como trinchera para destruir reputaciones; el legítimo ejercicio de un derecho parlamentario nunca puede ser, a la vez, un delito.
Según la jurisprudencia de dicha Sala, por ejemplo, el voto No. 07242-04, esta “irresponsabilidad” solo cubre las opiniones, discursos, informes y votos emitidos en el ejercicio directo de las funciones parlamentarias y dentro del recinto legislativo. Así, las manifestaciones potencialmente injuriosas o difamatorias vertidas en la esfera privada, fuera del plenario o de las comisiones e incluso en sus propias redes sociales, pierden toda tutela jurídica.
El fuero de irresponsabilidad es una garantía institucional y no un privilegio personal; de ahí que la Presidencia del Congreso esté facultada para llamar al orden a cualquier legislador ante conductas irregulares o excesos que rompan con las reglas del debate, e incluso suspenderle inmediatamente el uso de la palabra bajo ciertas circunstancias.
La deliberación, la denuncia y la crítica existen para resguardar un debate vigoroso e independiente que enriquezca la democracia. Ahora bien, el sufragio que otorga la investidura legitima para legislar y fiscalizar, pero jamás es una licencia inagotable de caprichos o insultos, ni una dispensa para triturar los derechos de los demás, máxime si se atenta contra los de otras autoridades públicas.
El país reclama diputaciones comprometidas con una agenda sustantiva y que ejerzan un control político maduro, constructivo y patriótico; merece representantes que dejen de ahogar los proyectos de alto impacto en un mar de mociones dilatorias, bajo la mezquina premisa de que, si al gobierno le va mal, sus opositores ganarán más. Lo cierto es que si el país sigue estancado todos perdemos.
Los viejos partidos y sectores tradicionales que se resisten a aceptar la nueva realidad política; prefieren ver al país detenido antes que avanzar en la solución de sus problemas más cruciales. Lo que parece mover los hilos del bloqueo legislativo no es el bienestar de los costarricenses, sino el frío y calculado interés en los comicios del 2028 y 2030.
La ciudadanía no eligió diputaciones para jugar al obstruccionismo, sino para proponer y construir un mejor país, liberándolo del secuestro de las ambiciones personales y partidistas. Aquellos electoreros que hoy apuestan al fracaso de un gobierno no deben extrañarse mañana, cuando el pueblo les cobre brutalmente la factura en las urnas.
La democracia no se agota en las elecciones: vive y se valida en el correcto ejercicio del poder, sujeto al imperio de la Constitución y la ley. El soberano realiza un encargo de altísima responsabilidad, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, entrega un cheque en blanco. En una república digna de ese nombre no tienen lugar las curules con corona.
