En agosto de 1942, época en la que aún se enseñaba en las escuelas del mundo entero que el agua era un recurso natural inagotable, la visión de la Administración Calderón Guardia condujo a emitir una Ley de Aguas que, con sus reformas, regula todavía el uso del agua en nuestro país. Han transcurrido casi 74 años desde agosto de 1942, en ese lapso el mundo ha cambiado. Entre los cambios más dramáticos se encuentra, sin duda, la transformación de la conciencia humana sobre la importancia y finitud del agua para uso y consumo humano.
Es tal la presión sobre el recurso hídrico que se habla que las futuras guerras no tendrán como objeto ni el petróleo, la tierra o los mercados; se habla ya de “las guerras del agua” para significar la insuficiente disponibilidad de este recurso y la necesidad de todos de contar con él en cantidades y calidades suficientes para atender las demandas del consumo humano y los requerimientos de las actividades económicas, particularmente la agricultura y la industria.
En ese contexto, bajo el liderazgo de la Alianza Nacional por el Agua, fue presentado un proyecto de ley de iniciativa popular que busca dictar un nuevo marco normativo que venga a sustituir la vetusta Ley de Aguas vigente. Se trata del proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Ese proyecto, con las modificaciones que le fueron introducidas durante el proceso legislativo ya fue dictaminado. Sin embargo, el texto no logró, todavía, generar el consenso necesario para su aprobación.
En razón de lo anterior y por considerar que el nuevo cuerpo normativo sobre la materia debe lograr un cuidadoso equilibrio entre la protección del recurso y su uso suficiente para atender los requerimientos de la población y la economía, desde hace varios meses, los diputados socialcristianos le hicimos ver al Poder Ejecutivo la necesidad de que promoviera un diálogo fecundo a fin de acercar posiciones entre los promotores del texto actual y quienes, como los agricultores, mantienen todavía inquietudes razonables sobre su contenido.
La búsqueda de un acuerdo es, particularmente, necesaria e importante con los agricultores y los industriales, toda vez que el 80% del consumo de agua en Costa Rica está vinculado a estos dos sectores productivos. Es lamentable que el Poder Ejecutivo, aún a estas alturas, no ha ejercido su liderazgo para alcanzar un acuerdo con quienes llevarán sobre los hombros de sus actividades productivas el mayor peso en el cumplimiento de esta ley.
Al respecto, el pasado 19 de julio, la Alianza Nacional Agropecuaria, remitió a la Asamblea Legislativa una propuesta de texto alternativo de la Ley para la gestión integrada del Recurso Hídrico. Al margen de otras cuestiones, son 16 los aspectos del proyecto actual que motivan la inquietud de los agricultores. Vale decir que buena parte de las propuestas del sector son, en mi criterio personal, perfectamente compatibles con el espíritu de la actual propuesta en tanto que otras deberán ser discutidas y negociadas.
En todo caso, me parece que la propuesta de la Alianza Nacional Agropecuaria delimita de manera muy precisa y razonable los temas del diálogo que debe conducir necesariamente el Poder Ejecutivo; al fin y al cabo no deberá ser imposible acercar posiciones entre ambientalistas y productores, conocedores todos de las necesidades que la humanidad tiene del recurso hídrico y de los límites actuales y, con mayor dramatismo, futuros que enfrentará la humanidad.
Si el Poder Ejecutivo, sin haber hecho su tarea entre los diferentes sectores, presiona por la aprobación de un texto que, aunque necesario, aún no logra consensuar con el sector productivo lo único que va a lograr es crear un nuevo frente de tensión social entre los muchos que ya tiene abiertos. Desde esta columna hago una nueva instancia al Ejecutivo para que haga su tarea y más temprano que tarde tengamos una nueva Ley de Recurso Hídrico, quizá el gobierno crea que el tiempo es infinito, pero debería saber que el agua ya no lo es.
