Una queja generalizada y justificada de los costarricenses es la cantidad del gasto público. Sin embargo, pocas veces hablamos de la calidad del gasto: no solo cuánto se gasta, sino en qué se gasta, qué calidad tienen los bienes y servicios adquiridos y cuál es la solidez de los oferentes en el sector público. Precisamente, para responder a esas inquietudes, recién fue aprobada en la Comisión Plena Segunda de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que establece la obligación, para todas las instituciones del sector público, de colocar en línea toda actividad concerniente a sus actividades de compra o venta de bienes y servicios; igual deberá proceder cuando se trata de concursos para vender bienes públicos.
Para empezar, la ley establece la obligación de todos los entes y órganos del sector público –gobiernos locales incluidos- de convocar todos sus concursos para la adquisición de bienes y servicios sobre una misma plataforma –en la actualidad hay varias plataformas para el mismo fin-. A partir de la convocatoria, cada órgano o ente público debe incorporar en línea todas las incidencias de cada concurso. De esta forma, cualquier ciudadano podrá conocer directamente qué se va a adquirir, con cuáles especificaciones, con qué costo estimado, qué oferentes se presentan, cuáles son las valoraciones que se hagan y, finalmente, a qué oferente se le adjudica la compra y porqué razones.
De esta forma, además de transparencia en los procesos licitatorios, el libre acceso de los administrados a conocer la información de las adquisiciones de la administración presionará para mejorar la calidad del gasto y el sentido de uso de los recursos públicos.
Esta iniciativa, presentada por el diputado Ottón Solís, una vez convertida en ley de la República, constituye una poderosa herramienta en manos de los ciudadanos para vigilar el uso de los recursos públicos y advertir, con fundamento en el conocimiento de esa información, sobre el gasto innecesario o excesivo que no pocas veces afectan las relaciones comerciales del sector público. Es un paso adelante en la obligación de rendir cuentas que tenemos todos los que ocupamos puestos públicos. Un gran paso en el sentido correcto.
