La imposibilidad de construir infraestructura pública en Costa Rica, pone en evidencia el colapso de la gestión estatal. A veces, dicen, que es por falta de plata, a veces por malos diseños, a veces por lentitud en las expropiaciones, a veces por falta de permisos ambientales, a veces por incumplimiento en los contratos y, a veces, nadie sabe porque. Simplemente las cosas no se hacen o se dura un tiempo faraónico para parir un ratón.
Y, cuando hablamos de infraestructura pública no se trata solo de caminos, carreteras, puertos y aeropuertos, sino también de la red de fibra óptica, los edificios de instituciones públicas, cárceles, hospitales y un amplio elenco de necesidades de obras que urgen, que desde hace años había que hacer y que, desde siempre, no se han podido hacer.
Hay que cortar el nudo gordiano en infraestructura pública y, en lugar de cortar un solo nudo, hay que cortar muchos nudos. Algunos de ellos se cortan, tan solo, con el filazo de un decreto ejecutivo que, como el tema de la corta de árboles a la orillas de carreteras, tiene paralizadas, desde hace años, las obras de ampliación de 27 puentes sin que haya “Alejandro” posible que firme, desde el MINAE el decreto que permita la famosa corta de los árboles que, durante décadas, han impedido la ampliación de esas obras.
En otros casos es simple falta de coordinación interinstitucional y la falta de liderazgo de algunos Presidentes de la República para sentar a sus subalternos en torno a una mesa y sacudirla como debe ser.
En fin, puede haber un mar de justificaciones para que los burócratas no hagan lo que deben y pueden hacer. En lo que no llevan razón quienes tratan de justificar el colapso en infraestructura pública es que no se puede hacer infraestructura porque “no hay plata”, eso es falso, plata sobra, lo que faltan son los mecanismos para que ese dinero pueda ser invertido en obra pública.
Actualmente, el Estado tiene aprobados cientos de millones de dólares en empréstitos ya ratificados por la Asamblea para construir nuevas vías de comunicación o, prácticamente, hacer nuevas obras ya preexistentes. Sin embargo el porcentaje de ejecución de tales recursos –sobre los que cada día se pagan onerosas comisiones e intereses- es bajísimo.
La modorra burocrática y el desmantelamiento del MOPT en favor del CONAVI hacen casi imposible el diseño, la ejecución y la supervisión de las obras. Mientras tanto el tiempo pasa, otras naciones invierten mucho más y mucho mejor que nosotros en infraestructura y nosotros, que estábamos adelante, nos vamos quedando atrás. El modelo de contratación administrativa para obra pública con la burocracia cristalizada del MOPT y CONAVI –para citar solo el caso de las nuevas vías- está agotado.
Sin embargo, hay otros modelos de contratación de obra que perfectamente pueden, con mínimo riesgo para el Estado, resolver el problema de infraestructura en un sentido amplio. Tenemos una buena ley de concesión de obra pública, tanto por iniciativa del Estado, como de iniciativa privada y, sin embargo, la engavetamos.
Algunos contratos mal negociados –en perjuicio del Estado- hicieron que los costarricenses satanizaran un excelente instrumento financiero y técnico para la construcción de infraestructura. Ese instrumento hay que desdemonizarlo y usarlo intensivamente. Con ese instrumento, ya sea por demanda del Estado o por iniciativa privada, la inversión la hace el concesionario y la recuperación se logra mediante el pago del peaje o el arrendamiento por parte de aquellos que, realmente, usan la obra. Lo que agrega un elemento de justicia, que no está presente en el modelo tradicional.
También están las figuras del fideicomiso de obra pública ya vigente y el de Fondos de Desarrollo Inmobiliario –prontos a convertirse en fondos de inversión en obra pública- que, previa demanda del órgano estatal o el ente público interesado, diseña las obras necesarias, capta los recursos del ahorro nacional o internacional, construye la obra y, luego, tiene dos opciones: arrendarla al ente público interesado o, simplemente lo vende al propio interesado o a un fondo de inversión para que lo arriende y obtenga sus rendimientos. En ambos casos, sean fideicomisos o fondos, el Estado no tiene que acudir a endeudamiento previo, ni tiene que seguir el tortuoso camino de la contratación administrativa.
Al respecto, cabe advertir que el uso de las figuras del fideicomiso o de los fondos de inversión en obra pública, para que sea eficiente y pronto, exige la derogatoria de un decreto ejecutivo dictado en la Administración Chinchilla Miranda que convierte todo contrato de arrendamiento de obra pública o de compra futura en endeudamiento público anticipado y, como tal, debe ser sometido a ratificación legislativa. Ese decreto debe ser derogado cuanto antes. Sin embargo, el Presidente Solis, a más de la mitad de su mandato, ha desaprovechado la oportunidad de rescatar estas opciones de desarrollo de obras.
En fin, los nudos gordianos que atan el desarrollo de obra pública deben ser cortados de tajo, lo que no parece haber es un “Alejandro” con la suficiente determinación para hacerlo.