Los beneficios penitenciarios en Costa Rica son mecanismos legales que permiten a las personas privadas de libertad acceder a ciertas ventajas o reducciones en su condena bajo determinadas condiciones. Estos beneficios son otorgados como parte de un sistema que busca la reintegración social del individuo, incentivando el buen comportamiento, la participación en programas de rehabilitación, y el cumplimiento de ciertos requisitos. La concesión de estos beneficios está sujeta a la evaluación de los jueces y del Instituto Nacional de Criminología, quienes analizan el comportamiento y el riesgo de reincidencia del recluso. Estos beneficios son fundamentales en el sistema penitenciario de Costa Rica, ya que promueven la resocialización y la reinserción social.
El Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional de Costa Rica establece varios niveles de atención para organizar y gestionar el sistema penitenciario. Estos niveles de atención están diseñados para clasificar a las personas privadas de libertad según su perfil criminológico para que puedan obtener menos contención física o incluso libertad antes de finalizar sus condenas.
Sin embargo, en el proceso de la selección de otorgar beneficios a privados de libertad, se cometen errores, la concesión de beneficios penitenciarios a personas privadas de libertad que continúan delinquiendo es un problema en Costa Rica, con evaluaciones subjetivas o Inadecuadas, donde los profesionales encargados de realizar las evaluaciones no toman criterios criminológicos o pueden no tener la información completa o las herramientas necesarias para evaluar con precisión el riesgo potencial de reincidencia. Las evaluaciones se basan en criterios insuficientes carentes de la perfilación de un profesional en criminología en los consejos técnicos, pues solo se realizan informes de trabajo social, informes de psicología e informes de orientación, con la carencia del informe criminológico basado en el perfil criminal del privado de libertad son su diagnosis y prognosis criminal. Además, la sobrecarga de casos en el sistema penitenciario y la falta de recursos pueden llevar a evaluaciones apresuradas o superficiales. Esto puede resultar en decisiones incorrectas sobre la concesión de beneficios a los privados de libertad.
Otro problema que afecta la concesión de beneficios penitenciarios es la Información Insuficiente del recluso, es posible que los evaluadores no tengan acceso a toda la información relevante sobre su historial criminal, lo que puede llevar a una subestimación del riesgo de reincidencia. Aunado a lo anterior, si los programas de rehabilitación no están bien diseñados, los reclusos pueden no estar realmente rehabilitándose y esto aumenta las probabilidades de que reincidan. A veces, las evaluaciones se enfocan más en el comportamiento dentro de la prisión (como la participación en actividades y la ausencia de conflictos) que en una evaluación profunda del cambio real en la actitud y el riesgo de reincidencia en un ambiente fuera de prisión.
Para mejorar el otorgamiento de beneficios penitenciarios se recomienda utilizar herramientas y técnicas científicas para evaluar el riesgo de reincidencia de cada recluso, esto incluye el análisis de factores de riesgo, antecedentes delictivos, y comportamientos dentro y fuera de la prisión, programas de rehabilitación personalizados que aborden las necesidades y riesgos específicos de cada individuo, estrategias para la reintegración gradual de los reclusos en la sociedad, asegurando que tengan el apoyo necesario para adaptarse a la vida fuera de la prisión, desarrollar e implementar estrategias para prevenir la violencia dentro de las prisiones, lo que puede incluir programas de reducción de estrés, intervención temprana.
