Una de las características básicas en las estructuras de los países en desarrollo ha sido el contratar masivamente y aumentar sin criterio el gasto público. Lo que supone que Costa Rica como país tiene un número excesivo de funcionarios con respecto a su población con condiciones salariales muy superiores al del sector privado y en algunos casos con salarios superiores en educación a Europa y los Estados Unidos.
El gobierno del presidente Carlos Alvarado le ha tocado tomar decisiones fundamentales para ordenar las finanzas públicas que aún no logra pero en el cuál insisten en impulsar las reformas que corresponden.
También se discute en la Asamblea Legislativa la ley del empleo público que tiene el objetivo de estandarizar puestos y salarios para que la función del gobierno como patrono se refleje en todas las instituciones bajo su responsabilidad y acabar con esas distorsiones que hacen las finanzas públicas insostenibles.
Sin embargo, si se analiza el gasto en nóminas con respecto al gasto público, es decir, con respecto a lo que se recauda en impuestos reales en un año para su posterior gasto público (más las necesidades de financiación vía déficit), Costa Rica ya tiene un gasto superior casi comparable con economías de mayor desarrollo.
Costa Rica debe dar el paso sin temor, aprobando la ley de empleo público. La escala salarial de muchos de sus funcionarios se encuentran por encima del salario del presidente y de ministros. Los salarios de altos jerarcas deberían ser muy similar a sus pares de la empresa privada, haciéndolos evidentemente competitivos en el mercado local.
Otras distorsiones que se deben limpiar del sector público es el derecho implícito que existe actualmente en que los puestos son eternos, esto implica que se pensiona el funcionario y lo reemplaza algún pariente, otra contratiempo es si el colaborador no cumple con el desempeño requerido en el puesto que se pueda rescindir de sus servicios y por último es necesario reducir el aparato estatal que le permita lograr la austeridad el ahorro y la inversión pública.
Para fortalecer el sector estatal es necesario no solo impulsar una ley de empleo público, sino también tener un rol determinante y un sistema desarrollado de protección social, en donde se capacite el capital humano y se incorpore a la mujer en condiciones de igualdad y equidad de género.
Asimismo el estado debe crear un entorno que fomente las condiciones y facilidades para gestionar negocios, con la misión de coadyuvar a la empresa privada a la creación de empleos.
El sindicalismo estatal debe poner su grano de arena aceptando la moderación salarial y analizando la situación económica de las empresas estatales, la relación salarios-productividad, las perspectivas institucionales y el mantenimiento de la competitividad.
Finalmente, el proyecto de empleo público debe sentar las bases del renacer de un sector público eficiente, austero y humano.
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