Hemos sido informados en los medios de comunicación colectiva, no sólo de la inusitada reforma constitucional, que tuvo lugar en los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 15 de setiembre del año 2024 y cuya máxima expresión tuvo lugar el pasado domingo con la celebración de elecciones para el nombramiento de jueces, magistrados y ministros, en un proceso que no sólo es disruptivo al resultar único en su especie en el mundo entero, pero que al mismo tiempo constituye un claro fracaso del modelo que se exige en un Estado democrático de Derecho.
No cabe duda que los autócratas de estos tiempos parecen celebrar esta barbarie que se comete contra el sistema de frenos y contrapesos que con gran acierto propuso – desde la Ilustración – el barón de Montesquieu y que empezó con una gran virulencia verbal contra los jueces y contra todas las entidades llamadas a ejercer el control del poder público. Aunque esa reforma a la Constitución encontró suelo fértil en las tierras de los aztecas, no pocos habitantes de nuestra Latinoamérica sonríen con complicidad a esas suertes electoreras que disfrazan la pérdida de la Independencia del Poder Judicial para someterlo a la implacable rendición que exige el poder político.
Por ello, resuenan con gran vigor las palabras pronunciadas por Dora María Téllez, al recibir su merecido doctorado honoris causa en la Sorbonne Nouvelle, en el sentido de que lo que sucede en su país de origen, Nicaragua, se va repitiendo en otros y que en “En el mundo, líderes autoritarios emergen y se instalan, montado en olas de popularidad cultivadas en redes sociales, con victorias electorales construidas estimulando y alimentando la polarización social, abanderando el odio y la vindicta.”
El Acceso a la Justicia, entendido como una garantía fundamental en cualquier Estado Constitucional de Derecho, tiene un presupuesto indiscutible y un condicionante ineludible: la independencia de las personas juzgadoras. Un Juez sometido al escrutinio de votantes sólo aplasta la idea de su independencia y se convierte en una farsa – como lo ha advertido – una de las voces más autorizadas en temas de justicia y democracia, Roberto Gargarella.
En épocas en que en nuestro medio se ataca de manera permanente y sistemática las actuaciones del Poder Judicial, no precisamente en el afán de mejorar su institucionalidad y fortalecer nuestro sistema republicano, sino quizá con el inconfesado propósito de ejecutar y decidir al mismo tiempo, como ocurre en El Salvador, donde se produce una incuestionable concentración de poder.
Llega el momento no sólo de la reflexión sino de la acción concertada para fortalecer la división del Estado en tres poderes y particularmente del Poder Judicial, tal y como fue concebido desde aquel 25 de enero de 1825, en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, como el único antídoto posible contra el autoritarismo que no sólo se manifiesta hoy en una seguidilla de diatribas semanales, sagazmente fraguado en la búsqueda de una mayoría parlamentaria absoluta que coadyuvaría, como ya ocurrió en México, en el desbaratamiento de nuestro Estado de Derecho y la pérdida de nuestra institucionalidad.
