El problema de Costa Rica no es únicamente político o económico. Es, ante todo, moral. Durante décadas, el modelo de desarrollo instaurado por el Partido Liberación Nacional (PLN) se ha sostenido sobre una premisa equivocada: que el colectivo es superior al individuo. De esa idea nació el concepto del llamado Estado solidario, que, lejos de fortalecer la libertad, ha terminado debilitando la responsabilidad personal y la dignidad humana.
El liberalismo clásico nos enseña que la dignidad humana se basa en la primacía del individuo como sujeto de derechos. Es el individuo —y no el colectivo— quien posee vida, libertad y propiedad. Solo él puede actuar, crear, amar, producir y ser responsable de sus decisiones.
El colectivo, en cambio, no es una persona; no tiene voluntad ni conciencia. No existe como un “ser”, sino como una abstracción útil para describir la suma de individuos libres que cooperan entre sí. Por eso, hablar de los “derechos del colectivo” carece de sentido moral: solo los individuos tienen derechos.
Este principio nos conduce a una distinción fundamental: Los seres humanos somos iguales ante la ley, no mediante la ley.
Cuando el Estado pretende imponer igualdad “mediante” la ley —es decir, forzando resultados o repartos— destruye la igualdad auténtica y crea privilegios. La ley deja de ser regla común y se convierte en instrumento de poder para unos sobre otros. Así, el intento de imponer solidaridad por decreto termina en injusticia y resentimiento.
Como advertía Friedrich Hayek, “una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad no conseguirá ninguna de las dos”. Y ese es precisamente el drama costarricense: el Estado ha querido ser el sustituto moral de la persona.
Pero el ser humano no necesita que el Estado le enseñe a ser solidario. La solidaridad es natural al individuo libre, nace del corazón, no del mandato. El Estado no puede amar ni compadecerse; solo puede administrar y coercionar. La solidaridad auténtica —la que edifica comunidades virtuosas— surge del acto voluntario, del trabajo, del mérito, del compromiso con el prójimo.
Por eso, el reto de nuestra generación es restablecer el orden moral que el estatismo ha distorsionado. No se trata de negar el bien común, sino de comprender que el bien común solo puede existir si primero se respeta el bien individual. La Tercera República que anhelamos no será una república de burócratas ni de privilegios, sino una comunidad de personas libres que, desde su dignidad, cooperan por elección y no por imposición.
Solo entonces podremos decir que Costa Rica ha recuperado su sentido moral: cuando entendamos que la libertad es la forma más elevada de la solidaridad, y que la dignidad humana no necesita tutela estatal, sino respeto.
