Restringir al ciudadano honesto no ha resuelto la violencia. Durante la última discusión de la reforma a la ley de armas en Costa Rica, políticos como el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, y el mismo Ministro de Seguridad, Michael Soto, quienes encabezaron y orquestaron este proceso argumentaron hasta el cansancio que el problema de la violencia en Costa Rica era responsabilidad del ciudadano honesto que compraba armas legales para su propia defensa y seguridad. En su argumento afirmaban erróneamente que la cantidad de delitos relacionados a armas de fuego eran responsabilidad de la cantidad de armas legales disponible en el mercado.
Qué equivocados estaban. Desde la Asociación Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana, en reiteradas ocasiones les manifestamos que se estaba haciendo un análisis equivocado de la situación y que la violencia armada en Costa Rica tiene relación directa con el narcotráfico y las armas que ilegalmente ingresan al país, no las que compran ciudadanos honestos cumpliendo todos los requisitos de ley para su defensa personal, de sus familias y de su patrimonio. Diputados como Zoila Rosa Volio y Jorge Fonseca, Pedro Muñoz y María Inés Solís, entre otros, sí entendieron a tiempo esta tesis.
Hoy las estadísticas nos dan la razón. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace un grave llamado, alertando de un incremento en la cantidad de homicidios en comparación con el 2019, de enero a mayo del presente año. Del total de homicidios hasta la fecha, 99 tienen relación con ajustes de cuentas por crimen organizado o narcotráfico, 32 tienen que ver con riñas o discusiones y el restante está vinculado con otro tipo de delitos, o categorías de violencia, según el OIJ.
El OIJ segura, además, que la tasa de homicidios se mantendría para este año en 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, nivel de pandemia tipificado por la Organización Mundial de la Salud. Lo interesante y revelador de esto, es que el incremento se da mientras la población honesta enfrenta medidas de restricción sanitaria que le impiden circular libremente; una ley de armas con las reformas citadas, las cuales se suponía que resolverían el problema; una mayor presencia policial en las calles; una veda administrativa en los trámites de inscripción y portación de armas legales durante 3 meses, sin justificación alguna; confinamiento obligatorio en todo el país; distanciamiento social y prohibición para circular por la noche. Todas estas son medidas que solo restringen y que son cumplidas por quienes respetan la ley.
El mismo director del OIJ, Walter Espinoza, afirmó a los medios de comunicación: “nos llama la atención que hay más presencia policial, menos actividades de diversión, menos contacto, más control policial y mucha presencia de fuerzas policiales en distintas zonas del país, el que haya ocurrido este aumento”. A ProDefensa eso no nos sorprende, pues siempre hemos sabido y defendido que “el frío no está en las cobijas”; es decir, las acciones ideológicas y políticas que restringen la legítima defensa y el acceso a las armas legales por parte de la población son completamente inútiles para frenar la violencia delincuencial porque no guardan relación alguna entre sí.
¿Qué falló? ¿Por qué incrementaron los asesinatos en Costa Rica? Siempre lo dijimos, pero nunca escucharon. El problema radica en el narcotráfico, en el ingreso de armas ilegales, en los antisociales que no respetan ni les importan cambios a la ley, porque actúan al margen de esta y siempre acudirán al mercado ilegal para adquirir un arma y cometer delitos.
Lo más grave ahora es que los ciudadanos honestos quedamos a merced del hampa, limitados a cuatro paredes en nuestros hogares y sin capacidad para ejercer una defensa razonable y oportuna, por las decisiones de políticos que, segados por sus ideologías y hoplofobias, limitaron la tenencia de herramientas para la defensa personal.
¿Qué excusa van a dar ahora? El Gobierno ha fallado en su misión de proteger a los ciudadanos costarricenses y, peor aún, ha coartado el derecho a la defensa personal al limitar la capacidad y disponibilidad de servicios institucionales que permitirían la tramitología y legalidad requerida para quienes consideran velar por su propia defensa, ante el fallo estatal y el aumento del hampa y su nivel de violencia.¿Será que ahora que los mismos diputados están siendo víctimas de asaltos a mano armada reconsideran su postura respecto del derecho a la legítima defensa en el país?
Señores jerarcas del Poder Ejecutivo y miembros del primer poder de la República, por una obstinación cegada para limitar al ciudadano honesto, nos dejaron expuestos ante el hampa, ustedes no escucharon en su momento, por lo que tal y como lo advertimos meses atrás, hoy en sus conciencias queda el peso de 191 muertes y de todas las que están por venir.
Sí a la vida, Sí a la Familia, Sí a la Defensa.
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