Priscilla Sánchez Rodríguez *
La Constitución Política materializa la ideología de un Estado, rige su ordenamiento jurídico y constituye en esencia la función y la organización de toda la Administración Pública.
Si el Estado costarricense se identifica como un Estado Social- democrático, es necesario preguntarnos cuál es el papel de la Constitución en nuestra realidad social? Qué hace el Estado para garantizar, defender y preservar los derechos fundamentales?, Qué sucede con los grupos minoritarios, que sufren los estancamientos ideológicos, políticos y jurídicos de una sociedad sosegada en dogmas y en dobles morales?.
Costa Rica se ha convertido en una Nación donde todos los problemas se cobijan bajo el velo de “no se habla de dicho tema, porque no existe dicho problema”, “en Costa Rica no pasa nada grave”, “somos un país de paz”, hay derechos fundamentales como el de no discriminación que se han convertido en tabú, porque es prohibido conversar de ellos cuando los involucrados son personas con discapacidad.
Hemos creado el lema de “cada quien agarra para su saco”, “no importa, porque no me afecta”, lo que debemos reflexionar es que más allá de lo que cada uno piense como ciudadano, lo cierto del caso es que sí somos parte de una Nación, sí nos afecta todo lo que nuestro gobierno decida y que sí somos los dueños de nuestro destino como país.
Para eso el Poder Constituyente nos otorgó el poder absoluto de gobernar democráticamente, no somos un objeto inerte insertado en un país, lo que decidimos y hacemos sí nos afecta y afecta al resto de la nación. Como bien lo dijo el maestro Abraham Lincoln La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo.
Es necesario revisar nuestra Constitución y reflexionar sobre varias reformas en sus normas, para ajustarlas a una realidad de hoy, a la realidad humana, contemporánea y global que estamos viviendo actualmente y de esa manera lograr rescatar los valores cívicos, preservar derechos fundamentales y protegerlos de manera valiente.
Un ejemplo del efecto del tabú de los derechos fundamentales es el tema de la discriminación social y laboral que enfrentan todos los días la población de personas con discapacidad mental, específicamente los diagnosticados con enfermedades como la esquizofrenia.
Estas personas que además de tratar su enfermedad, cargan con el estigma social y laboral de ser mal calificados como “no aptos” para cualquier actividad, que falacia más grande! Lo interesante es que en Costa Rica desde tiempos muy remotos, se les ha aislado cuando de sus derechos fundamentales se trata, porque tanto particulares como el mismo Estado lo toman como tabú y prefieren ni referirse a ellos, existe una total indiferencia a lo que nos preguntamos qué hace el Estado para defender los derechos de dicho grupo? Bueno se han dado esfuerzos por parte del Poder Legislativo, al aprobarse varias normativas significativas, como lo son la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Ley Nº7600 y la suscripción de la “Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, aprobada por la Asamblea Legislativa por medio de la Ley Nº7948, del 22 de noviembre de 1999.
Dichas normas plasmaron y permitieron incorporar en nuestro Estado de Derecho, el reconocimiento de que las personas con discapacidad, cuentan con todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución Política y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Uno de los principales objetivos es lograr la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad, a través de la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación y que los Estados se comprometan a adoptar medidas de tipo legislativo, social, educativo, laboral o de otra índole, que sean necesarias para eliminar la discriminación contra dicho grupo de personas y así dar un desarrollo progresivo social a través de la colaboración gubernamental entre los ciudadanos y sus familias.
El Poder Judicial, por medio de la Sala Constitucional, ha interpretado que el derecho a una vida digna (artículo 50) y a la protección especial de la persona con discapacidad (artículos 51,53 y 55) deben ser derechos fundamentales aplicados en vida de las personas con discapacidad.
Ahora bien, el problema no radica en las normas escritas (pues ya existen), el meollo radica en la acción o inacción del Estado como protector y promotor de estos derechos fundamentales, y de mantener los controles necesarios para un adecuado ejercicio del poder.
No es correcto y nunca lo fue, tratar como tabú a los derechos fundamentales, porque esta actitud ha generado un grave daño en la vida de las personas y sus familias, ha desmejorado la calidad de vida de dicho grupo vulnerable y ha propiciado un retroceso social en nuestro país al no formar conciencia al respecto.
El Estado costarricense debe generar medias protectoras que permitan a dicha población incorporarse al sector social y laboral, debe ir más allá de simplemente medicarlos, hay que implementar políticas públicas económicas, educativas y sociales que permitan crear una vida digna, independiente y equilibrada para las personas con discapacidad mental.
Como solución es posible incorporar varios proyectos nacionales de reincorporación social- laboral, como lo serían: que el Ministerio de Hacienda exonere a organizaciones gubernamentales y empresas privadas del cobro de ciertos impuestos, por incorporar en su planilla a personas con discapacidad mental, también se podría crear un plan educativo por medio del Ministerio de Educación Pública, para enseñar a los estudiantes el manejo del estrés, el concepto de inteligencia emocional y enseñar sobre el tipo de enfermedades mentales existentes, así como brindar apoyo a los miembros de las familias involucradas, de igual manera se podría incorporar por medio del Ministerio de Salud Pública y la C.C.S.S, programas de rehabilitación con animales (por ejemplo con perros entrenados) para proporcionar terapia integral a los internados en los hospitales psiquiátricos y a sus familias, con el fin de apoyar una efectiva reincorporación social y laboral a largo plazo.
Hay muchas maneras de ir eliminando el tabú de los derechos fundamentales, que más allá de dar pie a un desarrollo social, estanca a nuestro país y perjudica gravemente a todas los ciudadanos costarricenses, porque al final todos somos uno, somos nuestro resultado y una Nación que no respete al ser humano y su dignidad, no es una verdadera Democracia.
*Abogado litigante y estudiante de Maestría Justicia Constitucional de la UCR
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