Desde mi realidad de ciudadana y legisladora deseo compartir unas reflexiones a partir de la discusión de las tasas de usura que se plantea dentro y fuera de la Asamblea Legislativa.
El sentido común tocas las puertas de los hogares. Esa debe ser la base que rige la fijación de una tasa de interés. Quiero explicar: ¿Cómo comprendo el uso del sentido común para fijar las tasas de interés?
Cada fin de semana acudimos a la Feria del Agricultor a comprar las verduras y las frutas. Deseamos apoyar al productor directo de esas mercancías y nos ahorramos un porcentaje en el precio de la oferta. También nos beneficiamos porque no pagamos costos de intermediación, sino que compramos directo.
Cuando el agricultor nos ofrece un producto con un precio fuera de “la realidad”, le manifiesto que está muy caro, este oferente mantiene o modifica el precio. En esta puja, ambos ganamos. La persona vende y yo, compro. El precio se ubicó en “el sentido común” del mercado.
En ese mismo ejercicio, sabemos que existe escasez de un producto que vamos a necesitar entonces vamos preparados para que el precio sea más alto. Resulta que el precio mayor obedece a que el clima no ha permitido la buena cosecha y la disminución de la oferta, normalmente puede subir el precio. Ese costo que se paga lo ubicamos en una situación que llamo “el sentido común” de la realidad.
Cuando acudimos a los supermercados podemos observar que existe diferencia de precios en los productos entre una cadena y otra. Tenemos la oportunidad de elegir en cuál de las cadenas compramos. Sabemos que pagamos menos si nosotros llevamos las bolsas para cargar los productos o bien, pagamos menos y compramos al por mayor. También, conocemos que pagamos un precio mayor o menor por el nombre del supermercado que elegimos. Ahí operan dos situaciones, el usuario tiene la información para elegir su conveniencia sea por gusto o por capacidad económica. Opera “el sentido común” del comprador.
Los domingos tenemos oportunidad de disfrutar con nuestras familias y salimos a compartir un desayuno, un almuerzo o un café. Cada grupo familiar tiene sus costumbres y disfruta según su tradición. Cuando llegamos al lugar de destino, observamos el menú y los precios hablan por sí solos. Desde que llegamos sabemos si el lugar es caro o está acorde con la realidad del país o de la familia. Nuestra razón para juzgar si es adecuado el precio o si es inadecuado se origina en la aplicación del “sentido común”. Sabemos si el precio de un gallo pinto y huevos con café en cualquier es adecuado o no; sabemos si el costo de un platillo de corte de carne importada es reflejo de la realidad o no. Aceptar o rechazar el precio se origina en nuestro “sentido común”.
Ahora, vamos a los almacenes de muebles y línea blanca. Ingresamos porque deseamos adquirir un bien. Las ofertas de crédito se ofrecen antes que el producto. Así que, ya sabemos que nos podemos llevar cualquier cosa que la cuota del crédito está dentro de nuestras posibilidades o se adquiere mediante la capacidad de pago del grupo familiar. Fácilmente, determinamos que podemos atender el pago semanal, quincenal o mensual. Se acepta un precio mayor al valor de contado porque se está recibiendo un crédito. Se informa en letra pequeña la tasa de interés, el plazo de amortización, las penalizaciones por atraso en el pago, la renuncia a procesos judiciales para que recojan los bienes, etc. etc.
Acá no hay sentido común. Es la manipulación por necesidad y se exceden las ventajas del vendedor sobre el comprador. La tasa de interés no permite que el comprador pueda bajar el principal de la deuda hasta después de haber cancelado la mitad del crédito. Para ese momento el precio del bien ha sido cancelado hasta dos veces su valor de contado. Aquí encontramos una operación fuera del “sentido común”. Ahí existe un exceso que llamamos “usura”.
Pensar que los almacenes están innovando un producto. Estos comercios están financiando los alimentos básicos a los ciudadanos y el cobro de la tasa de interés hace que los costarricenses paguen varias veces el valor de los alimentos.
El filósofo griego Aristóteles, escribiría en su libro “La política”: “La más aborrecida de todas las formas de obtener dinero y con justa razón, es la usura, porque en ella, la ganancia procede del dinero mismo y no de los objetos naturales.
Si aplicamos las reglas del sentido común a las tarjetas de crédito es la misma historia. Estas deben guardar el parámetro del sentido común. Los emisores de tarjetas, normalmente bancos, pero no exclusivamente, ofrecen plásticos con puntos que “regresan” su dinero; puntos para adquirir boletos aéreos con “su dinero”; uso de instalaciones aeroportuarias que pagan con su dinero; descuentos en comercios que paga con su dinero y la disminución de utilidades de los negocios de la oferta, pero nunca disminuye la utilidad del emisor del plástico.
La tasa de los intereses no se menciona en la oferta de la tarjeta de crédito, sino que se aprueba marginalmente en letra pequeña cuando se firma el contrato de tarjetahabiente. Aquí no existe el “sentido común”. Es venta de la necesidad de encajar en las necesidades de la clase media.
Esta última afirmación es clara. Ni los ricos necesitan crédito ni los pobres tienen la posibilidad de obtener tarjeta de crédito. Entonces, nos ubicamos en las personas de clase media baja, media media y media alta. Esto no es sentido común, es capa más extendida de la sociedad y el punto focal de las tarjetas de crédito que está claramente determinado.
En defensa del uso de tarjeta de crédito se dice que el usuario que paga la tarjeta mes a mes no paga intereses, pero eso no es tarjeta de crédito. Eso es, uso de dinero plástico que acarrea otras ventajas para los emisores. Ahí se encuentra la utilidad que generan los datafonos. Estos aparatos cobran una comisión al negocio por el uso del sistema de aprobación del crédito de se habilita por medio de la tarjeta de crédito o la deducción de la tarjeta de débito. Ese negocio está en manos de pocas empresas cuyos intereses tampoco están regulados. Aquí no existe sentido común sino ventajas sin límite.
Lamentablemente en Costa Rica, en nuestro Derecho Penal, la usura no tiene consecuencias. El ponérselas, es el centro del debate de hoy.
Como legisladora debo atender el proyecto que se encuentra en discusión. He decido dar opinión porque afecta a la gran mayoría de los costarricenses. Entre éstos a las maestras y maestros; las familias; pequeños y medianos empresarios; emprendedores; estudiantes y profesionales que merecen la protección de la legislación.
El sentido común es el que debe legislar para fijar un límite a las tasas de interés. Ahí los expertos pueden darnos ideas de cómo mantener el sano equilibrio, pero el sentido común para fijar las tasas de interés es una decisión política.
Como diputada anuncio mi voto favorable al proyecto que guarde ese sentido común. Refuto los argumentos de quienes adversan la regulación de las tasas de interés.
La Costa Rica que no tiene voz, habla a través de nosotras las diputadas y diputados. Desde nuestra obligación de regirnos por el principio jurídico de “actuar en la función pública con el cuido de un buen padre de familia”.
Del buen juicio de los sabios y del sentido común de nosotras y nosotros, no permitamos que las personas caigan en situaciones y condiciones de humillación. Definir la política que determina que es “usura” corresponde a las legisladoras y los legisladores.
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